Actas Asamblea Nacional Constituyente

ACTA No. 37

Nº 37.- Trigésima séptima Acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las quince horas y media del día dieciséis de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del Doctor Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios; González Flores, González Luján, González Herrán, Sotela, Dobles Segreda, Leiva, Madrigal, Fournier, Solórzano, Valverde, Monge Álvarez, Esquivel, Gamboa, Gómez, Guzmán, Herrero, Arias, Volio Jiménez, Volio Sancho, Oreamuno, Brenes Mata, Montealegre, Trejos, Jiménez Núñez, Baudrit González, Baudrit Solera, Monge Ramírez, Acosta Piepper, Guido, Zeledón, Pinto, Bonilla, Acosta Jiménez Montiel, Arroyo, Desanti, Ruiz, Vargas Vargas, y los Suplentes Castaing, Lobo, Jiménez Quesada y Morúa.

Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Artículo 2º.- Se acordó que durante los días de fiesta no haya sesiones.

Artículo 3º.- Se continuó en la discusión del dictamen sobre la prórroga del período de Gobierno de la Junta. El Representante VOLIO SANCHO defendió el dictamen propuesto en una larga exposición, diciendo que después del triunfo de la revolución, el país se encontraba en una de las situaciones más difíciles, empobrecido, sangrante, agotado por una guerra civil. La corrupción más absoluta reinaba en la administración.

Se hacia necesaria una transformación completa, organizar el país sobre nuevas bases, castigar a todos aquellos que habían cometido crímenes o robado los dineros del pueblo. Se requería una decisión férrea para acabar con todo aquello que estaba trastornando al país y nada más natural que esa tarea se cumpliera.

Los únicos que podían emprender esa labor eran Figueres y sus compañeros de lucha, que no estaban reatados a normas legales de ninguna clase. Es cierto que al señor Ulate no le habría faltado entereza y decisión para llevar a cabo esa magna tarea, pero habría tropezado con una serie de obstáculos legales. No habría podido crear, por ejemplo. Tribunales Especiales para castigar pronto a los malhechores que saquearon la hacienda pública. Era necesario establecer un régimen dictatorial-no una tiranía-, es decir, un gobierno que dispusiera de las más amplias facultades para llevar a cabo sus propósitos de bien nacional.

Eso es, precisamente, lo que ha venido haciendo don José Figueres, en asocio de sus compañeros de la Junta. Agregó que en su opinión, la Junta ha hecho buen uso de sus facultades irrestrictas, pues se han respetado los derechos humanos, castigado a los culpables y absuelto a los inocentes. Todos los hombres honrados han disfrutado de amplias garantías para dedicarse a su trabajo. La acción de la Junta ha sido en extremo benévola. A todos los acusados se les ha dado oportunidad para que se defiendan. Luego se refirió a la obra administrativa de la Junta, la que, si no ha sido perfecta, ha llenado las aspiraciones del momento, sentando las nuevas bases para la estructuración política, social y económica del país. Es cierto que se ha criticado por parte de varios señores Diputados actuaciones de la Junta, pero los cargos no han sido fundamentales. Se han reducido a pequeñeces y a hechos de carácter personal. Refutó la afirmación sustentada por el Diputado Acosta Jiménez, de que quienes estaban con la prórroga faltaban a un principio moral. Si así fuera, también se podría decir que el señor Ulate está faltando a un principio moral, ya que él ha recomendado expresamente a la Asamblea el otorgamiento de la prórroga, para consolidar el movimiento revolucionario. De haber mediado la más pequeña coacción en su ánimo, don Otilio Ulate nunca habría firmado el Pacto y mucho menos habría venido a la Asamblea a pronunciarse por la prórroga. Luego dijo que todos los que habían criticado a la Junta, reconocían, sin embargo, en ésta, lealtad y patriotismo. Gracias al heroísmo de don José Figueres y sus compañeros de lucha, se está disfrutando de los beneficios de la libertad. Por otra parte, el país se está encaminando rápidamente hacia la constitucionalidad, al aprobarse el régimen de consulta con la Asamblea de los asuntos de importancia. Sin embargo, a pesar de todo esto se dice que la Junta no merece continuar en el poder después del ocho de noviembre. Posiblemente si la prórroga no pasara, don José Figueres no lo consideraría una ingratitud de parte de la Asamblea. El señor Figueres no es un ambicioso del poder. Cree que está haciendo bien al país. Labora con patriotismo y desinterés por el bien nacional. Por eso juzgo un deber -terminó diciendo el señor Volio Sancho-, para el hombre que lo dió todo por la libertad de su patria, confirmarle la confianza que se le otorgó cuando se lanzó a aquella aventura suicida, que en un principio pareció destinada al fracaso.

El Representante PINTO ECHEVERRIA razonó su voto negativo al dictamen en discusión en vista de que su moción de orden presentada a la Asamblea, para que ésta conociera de la solicitud de la prórroga al término del período de 18 meses de la Junta, tal y como lo estipula el Pacto Ulate-Figueres, fue desechada. De haber pasado esa moción -dijo-, yo le habría dado mi voto favorable a la prórroga, es decir, para que la Junta continuara gobernando con Constitución y con Congreso, una vez promulgada la Carta Magna y convocado al país a elecciones de Asamblea Legislativa. La versión del discurso del señor Pinto se publica al pie del acta. Los señores SECRETARIOS introducen al Salón de Sesiones al Ministro de Gobernación, don Fernando Valverde Vega.

El señor Valverde Vega usó de la palabra para referirse a varias afirmaciones dichas en la Asamblea, por parte de algunos Diputados, que consideró lesivas para el buen nombre suyo y el de don José Figueres. Dijo que la Junta expresamente se había mantenido alejada del debate sobre la prórroga, ya que este problema, de acuerdo con el Pacto Ulate-Figueres, no le concierne más que a la Asamblea Nacional Constituyente. El Pacto fue firmado por las dos partes, agregando que garantizaba por su honor que la parte, que le corresponde a la Junta cumplir, lo hará al pie de la letra. Pero que no puede dejar pasar por alto varios cargos mentirosos que se han lanzado contra él y contra la Junta.

Vengo a decir categóricamente -expresó-, que aquí se ha mentido en repetidas ocasiones. Vengo a la Asamblea, no a defender un Pacto, sino por los fueros de mi honor. Se ha dicho veladamente que yo manifesté en Cartago, después de la toma de esta ciudad por las fuerzas revolucionarias, “que don Otilio Ulate era papel quemado en la política nacional”. Eso es falso, absolutamente falso. Ni don José Figueres ni yo jamás pensamos eliminar al señor Ulate. En varias ocasiones manifesté que no permitiría nada lesivo que fuera contra la posición política del señor Ulate. Es más aún, en una de las conversaciones previas a la integración del gabinete, tuve un incidente con uno de mis compañeros, porque yo defendía la tesis de don Otilio Ulate. Luego manifestó que mucho alarde de moralidad se había estado haciendo por parte de algunos representantes, la moralidad no se proclama solamente, hay que ponerla en práctica. No es moral ampararse a la credencial de Diputado para lanzar cargos infundados.

Es necesario que se diga que quien tuvo el valor de exponer su vida y su hacienda en los campos de batalla, luchando por la liberación de su patria, no puede ser un cualquiera a quien se trate y maltrate a cada momento. Terminó diciendo que no negaba que muchos de los señores Diputados estaban autorizados para hacer críticas a la Junta de Gobierno, pero que esto no los facultaba para dudar del honor de sus integrantes, ni lanzar afirmaciones carentes de verdad.

El Diputado ACOSTA JIMENEZ (*) se refirió a varios de los conceptos del discurso del señor Ministro de Gobernación. Dijo que para quienes se habían mantenido leales al señor Ulate les empezó a lastimar en la conciencia la actitud de los nuevos triunfadores, quienes al llegar no más a la ciudad de Cartago, embriagados de gloria, trataron de hacer a un lado a don Otilio, negándole su limpia credencial ganada en las elecciones de febrero. Agregó que don Fernando Valverde lo había atacado en su discurso, pues en una ocasión le había criticado declaraciones suyas dadas a la Prensa, en las que decía que el pueblo, en las elecciones de Asamblea Constituyente debía escoger entre don Otilio y la Junta.

Agregó que desde el año 1947 había ido a los campos a pregonar que se estaba luchando por crear una nueva patria moral, sin mistificaciones de ningún género, sin figurones, para que en Costa Rica no volviera a enturbiarse la fuente limpia del sufragio, que don Otilio Ulate sería Presidente de Costa Rica el 8 de febrero, porque representaba los anhelos populares. La elección legítima del señor Ulate fue desconocida por el Congreso del 1º de marzo, surgiendo, entonces, la revolución para atajar esa infamia. Pero, una vez triunfante la revolución se instauró un gobierno de facto, que iba contra las aspiraciones del pueblo que deseaba ver a don Otilio como Presidente de la República. Por este motivo, se enfrentó a la Junta desde el principio y se mantuvo alejado de la misma pese a los repetidos ofrecimientos que se le hicieron para ocupar puesto en la administración pública. Explicó las razones humanas que lo imposibilitaron para ir hasta el frente de batalla, ya que no podía dejar en desamparo a sus seres más queridos, privados de la presencia de la criatura más entrañablemente querida, a quien debía todo lo que era. Luego manifestó que si el señor Ministro de Gobernación no había negado nunca las credenciales legítimas de don Otilio Ulate, ¿por qué, entonces, había aceptado formar parte de la Junta cuando varios ex-combatientes al enterarse que don Otilio Ulate no sería Presidente se alejaron decepcionados para sus casas?. Se refirió a varias actuaciones de los revolucionarios después de alcanzar la victoria, que demuestra palpablemente que tuvieron la intención de ignorar el nombre del señor Ulate, haciéndose del poder, para terminar diciendo que todo lo que había afirmado sobre este asunto ahora y en otras ocasiones lo tenía por verdad, y que si le demostraba que estaba equivocado, reconocería su error.

El Diputado MONTEALEGRE brevemente usó de la palabra para confirmar su afirmación de que don José Figueres siempre había mantenido el criterio de ser Presidente y gobernar sin Congreso, razón por la cual se había alejado para siempre de la Junta.

El señor Ministro de Gobernación expresó que su actitud al venir a la Asamblea había sido para defenderse de varios cargos velados que se le habían lanzado por parte de varios señores Diputados. Vine a sabiendas de lo que venía a hacer, y para no perjudicar a la Junta con mi conducta, de aquí me retiro a presentar mi renuncia de la misma. He venido por los fueros de mi honor y estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mi conducta.

A continuación, con la cortesía de estilo, el señor Ministro abandonó el recinto acompañado de los Secretarios.

Los Representantes MONGE RAMIREZ y ARROYO también se refirieron a conceptos del discurso del señor Valverde Vega, entablándose entre ellos una discusión acalorada con respecto al momento de retirarse de Cartago como manifestación de protesta, por haber asumido el poder la Junta, y no don Otilio Ulate.

El Representante VARGAS FERNANDEZ justificó su voto negativo al dictamen en discusión en los siguientes términos:

Señores Diputados: No obstante lo avanzado de la hora, entro a analizar el asunto que está en debate: el dictamen relacionado con la petición de prórroga del régimen actual por seis meses a partir del 8 de noviembre próximo. Pido excusas a los señores Diputados pero explico, que he hecho a la Presidencia la sugestión de dejar mi exposición para la próxima sesión, sin resultado alguno.

Pasado el incidente que acaba de ocurrir, entro a comentar el punto en debate. En todos los asuntos que aquí se han discutido, siempre he exteriorizado mi pensamiento; no quiero ahora permanecer en silencio, en cuestión de tanta importancia. Adelanto que mi voto será negativo al dictamen y también cuando venga la votación definitiva. Puntualizo los motivos que tengo. Previamente, deseo manifestar mi profunda molestia, si así cabe llamarla, por la actitud, que la Junta de Gobierno ha asumido frente a este alto cuerpo representativo de la voluntad popular. He notado que ha existido el empeño, cuando menos la inquietud, de estrechar, de restar facultades o atribuciones a la representación del pueblo costarricense.

Muchas son las observaciones que puedo aportar al respecto. La sesión inaugural de esta Asamblea se efectuó el 15 de enero, dentro de la mayor simpleza, dentro de una escasa significación. Pareciera que había el propósito de que acontecimiento de tal envergadura pasara inadvertidamente. Fue a iniciativa del Partido Unión Nacional, que se efectuó la solemne sesión del 16. No era para complacer inoportunas vanidades personales nuestras. Había interés, y era muy prudente, que en este recinto hiciera acto de presencia el Cuerpo Diplomático: la Corte Suprema de Justicia; el Tribunal Nacional Electoral; el Alto Clero y que el país entero sintiera que su máxima y única representación habíase iniciado. Podría calificarse lo expuesto como un detalle, como algo de poca cuantía, de ahí que pase a ofrecer otros aspectos, en corroboración de mi anterior aseveración.

El decreto de convocatoria a esta Asamblea lo tengo como francamente lesivo a la majestad suya, casi en una orden que prematuramente le dicta la Junta de Gobierno. Con carácter exclusivo se le apunta lo que debe tratar y para rematar, se le anuncia, que también de aquellos asuntos que la Junta quiera, que conozca.

Apartando el espíritu que animó a ese decreto de convocatoria, hay que considerarlo como ridículo. Es absurdo que un gobierno transitorio cuya única razón de existir es un hecho de armas, pretenda limitar las amplísimas atribuciones de un pueblo en ejercicio de la soberanía. Se solicita a la Asamblea Nacional la prórroga dentro de un laconismo irritante; en escasas cuatro líneas. No hay razones. No hay rendición de cuentas de la gestión administrativa. Esto así es inadmisible. Juzgo que es esencial y oportuno que la olímpica Junta de Gobierno se disponga a ofrecer a la legítima representación del pueblo costarricense, una memoria de lo actuado.

He aquí otra manifestación de irrespeto hacia este alto cuerpo. Comento luego el rimbombante sistema de consulta, que en anterior ocasión probé que bien puede ser origen de futuras desavenencias entre la Junta y la Asamblea y que a la vez puede resultar perfectamente inoperante. Muchos señores representantes lo han defendido ardorosamente y otros se han llenado de ilusiones. ¿Cuáles serán los asuntos que, bajo ese régimen de consulta, llegarán a esta Cámara? Los que la Junta de Gobierno, quiera que vengan. No se quiso que la Asamblea compartiera con la Junta el derecho de señalarlos. Tengo entendido que se alegó que significaría una manifestación de desconfianza hacia el buen criterio, honradez y sentido de responsabilidad de los integrantes de la Junta de Gobierno. Si eso se alegaba en la Casa Presidencial, es de pensar que ahí no se tenía confianza en cambio en el buen criterio, ni en la honradez, ni en la responsabilidad de los miembros de esta Asamblea y de ahí que hubiera el empeño de que fuera la Junta de Gobierno la única con capacidad para señalar los asuntos de índole legislativa de que debía conocer esta representación.

¿Y qué dice, en su segunda parte, esa declaración que buena parte se redactó en la Casa Presidencial y que se emitió como de esta Asamblea? Ya lo comenté en otra oportunidad y lo califiqué como afrentosa para la representación de un pueblo: “que la Junta de Gobierno le reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente el derecho a intervenir en la legislación de gran importancia. Etc”. Es decir, que si va la Asamblea a participar en la labor de legislación, limitada a los asuntos que la Junta escoja, lo será, no en virtud de un derecho inmanente, sino por una graciosa dádiva de la Junta. Es otra prueba más del menosprecio hacia este Alto Cuerpo popular.

Cuando se presentó la moción Desanti, que pese a las numerosas transformaciones lleva su nombre, moción que originalmente tenía un sentido muy diferente al que después se le imprimió, surgió otra para que la Asamblea suspendiera el debate y consultara con el señor Figueres si la dicha moción consideraba él que está en pugna con el pacto Ulate-Figueres. De esto objeto principalmente que, siendo dos las partes signatarias del compromiso, se pospusiera el debate y se consultara únicamente al señor Figueres. ¿Sería acaso en virtud de que uno de los citados caballeros ejerce el Poder y el otro no? No cabrá la excusa de que el señor Ulate, está fuera del país, porque hay numerosos medios para rápidamente haberle hecho la consulta, y si hubiera sido imposible, su partido tiene el elemento directivo y don Otilio tiene también sus representantes personales. De lo último no culpo a la Junta y en consecuencia no lo señalo como una manifestación en detrimento de la majestad de esta Asamblea; lo hago para que se medite y se vea cual es el camino que estamos transitando...

Y me concreto ahora al tema en discusión. Dije que la Junta está obligada a dar las razones por las que pide la prórroga. No las ha dado. Nadie tampoco las ha expuesto aquí. Un señor Diputado las anunció pero considerando innecesario brindarlas, manifestó que se las dejaba en el bolsillo. Creo, señores Diputados, imposible un pronunciamiento favorable sin que se cubra de previo condición tan importante; requisito básico.

Los defensores de la tesis prorroguista alegan que se impone para que el señor Figueres pueda terminar sus planes de gobierno. Pregunto, ¿cuáles planes, tiene conocimiento oficial, como debiera, esta Asamblea de ellos? ¿Se los han trasmitido separadamente a algún Diputado? ¿Por qué ese Diputado o esos Diputados no los ponen en conocimiento de este organismo? Admitamos provisoriamente que hay esos planes. Pregunto entonces, ¿cuáles son esos planes que tiene el privilegio el señor Figueres de rematar en seis meses y que no podría hacer el señor Ulate, no en seis meses, sino en cuatro años? ¿Es que no se confía en las capacidades de estadista de don Otilio? Quien se coloque en ese plano, que vote la prórroga. Como se me podría refutar que los tales e hipotéticos o desconocidos planes sólo serían realizables bajo un régimen dictatorial, me apresuro a responderle a quien así piense, que si tiene más fe en una dictadura, que en un sistema democrático, que la vote también; pero le diría que soy de los que piensan que eso y mucho más se puede alcanzar bajo los designios del orden constitucional; que de ahí que juzgue innecesario la ampliación del régimen.

Insisto, señores Diputados, en que la Junta de Gobierno tiene el deber ineludible de decirle a esta Asamblea, qué ha hecho en el pasado y qué va a hacer en el futuro. Cuando menos a rendirle el presupuesto general de la República.

¿Lo conoce esta Asamblea? ¿Los Diputados prorroguistas saben a cuanto monta? ¿Se tienen informes oficiales aquí de las cifras a que llega ya la deuda pública? Para algunos señores representantes eso no tiene importancia y a pesar de ello hay que prorrogar el régimen de seis meses en idénticas condiciones. Señores Diputados, una Asamblea Constituyente existe para ponerle término a un régimen de facto. La razón de ser de una, es la razón de no ser del otro. Pero estamos viendo en Costa Rica un caso especialísimo: una Asamblea Constituyente abriéndole anchuroso paso a una dictadura. ¿Se puede admitir semejante herejía jurídica? Será este caso único. Es inadmisible que traicionemos al pueblo que nos eligió para provocar cuanto antes el advenimiento del régimen constitucional. Llego a admitir, que en virtud de un compromiso de honor, esta Asamblea mantenga una actitud pasiva frente al gobierno de hecho, pero jamás puedo aceptar, que este cuerpo amplíe más allá de los 18 meses las facultades legislativas, como ya lo hizo, y el período de duración en ejercicio del Poder del Régimen actual. Los señores Diputados han de tener muy presente, y de ello hay numerosos ejemplos en la historia, que es característico, casi podríamos decir propio de las dictaduras, el pedir prórrogas; el considerar que son insustituibles y siempre alegan sus personeros superiores razones de Estado para continuar en el ejercicio del mando, aunque por lo general ellas no se dan. Ciudadanos hay, y también a la vez Diputados, que comentan discretamente, ignoro si con fundamento o no, que la prórroga se impone par evitar un golpe de Estado. No quiero pensar que haya esa posibilidad, pero si tal cosa pudiera influir en el ánimo de algún Diputado débil para favorecer la tesis prorroguista, le hago la observación, para que la medite, si cree que si esas intenciones anidan ya en algún perverso espíritu, podrían desaparecer con seis meses de prórroga a este régimen. Es de calcular que si ese temor tuviera algún fundamento respondería a planes para lo porvenir y que la misma inquietud podría producirse al aproximarse el mes de mayo de 1950. No creo, repito, en esas posibilidades, pero hago esas reflexiones para que nadie se llame a engaño.

Yo no quiero, señores Diputados, que mi voto contribuya a prolongar un régimen de facto más allá de lo estrictamente indispensable. No pierdo de vista que su existencia se basa en un hecho de armas, glorioso como el que más, pero al fin un hecho de fuerza. No puedo olvidar que muchos de sus personeros inicialmente levantaron la bandera del respeto a la voluntad popular y que una vez triunfante el movimiento esa bandera fue arriada y sacado entonces el estandarte de la Segunda República. Cuando tal ocurrió muchos valientes soldados del Ejército de Liberación soltaron las armas en señal de enérgica protesta y marcharon especialmente a Alajuela. No voy a insistir en este asunto, porque ha sido ampliamente comentado en esta Cámara y ya nadie puede dudar, con los testimonios ofrecidos, que líderes del movimiento armado pasado pretendieron desconocer el veredicto popular del ocho de febrero de mil novecientos cuarenta y ocho; que si esas preocupaciones no cristalizaron se debió fundamentalmente a la resuelta actitud del pueblo costarricense que se mantuvo leal a su presidente electo. Y si todavía quedara duda al respecto invoco las justificaciones que a su debido tiempo se hicieron del llamado pacto Ulate-Figueres. Aquí se ha dicho; lo dijo el propio señor Ulate y también el propio señor Figueres si mal no recuerdo, que el pacto se imponía para evitar que se produjera una división en las fuerzas victoriosas de la llamada Oposición Nacional. Interpreto que si ese compromiso no se suscribe, entonces habría venido esa temida división. Es decir, unos se quedan en el poder y otros resultan burlados. No creo que haya Diputados tan ingenuos que piensen que si el señor Ulate no firma ese compromiso y dados los antecedentes, los triunfadores, con las armas en las manos aún, iban a entregarle al señor Ulate el mando y retirarse tranquilamente a sus casas.

Para justificar los dieciocho meses o los dos años de existencia de un régimen dictatorial, se dijo que era necesario proceder cuanto antes a una depuración general; a un saneamiento absoluto de la administración pública. Yo pregunto: ¿ha habido esa depuración? Veámoslo. No creo que se hayan producido con el despido de unos cuantos funcionarios públicos afectos al gobierno pasado; digo que unos cuantos porque lo que ha habido es una discriminación de empleados calderonistas: algunos fueron destituidos pero muchos otros aún están en altas posiciones. No se me entienda que estoy abogando por un despido total de antiguos calderonistas. Simplemente señalo que si por despedir empleados públicos se entiende depuración, no se podría alegar en este caso por lo que dije. Yo entiendo la depuración muy distinto. La despersonalizo totalmente. No la veo en esos despidos. La vería en algo más amplio; en un cambio completo de prácticas viciadas del régimen de los ocho años. Los Diputados oposicionistas que pertenecimos al último Congreso Constitucional, nos levantamos en numerosas ocasiones a protestar porque el Poder Ejecutivo no remitía con oportunidad el proyecto de Presupuesto General de Gatos; nos secundaba en esas protestas la gran masa oposicionista; esa práctica viciada existe actualmente.

Censurábamos los mismos Diputados lo elevado del Presupuesto; tengo entendido que el actual es mucho superior ¡Cómo clamábamos por el vertiginoso desarrollo del burocratismo! Hoy las cosas no andan mejor. Recuerdo mi censura a la creación y multiplicación paulatina de las llamadas “asesorías legales”; las consideraba perfectamente innecesarias, salvó una que otra, existiendo el Ministerio Público. Cuando este régimen se inició, con verdadera satisfacción las ví caer, pero con gran pesar me día cuenta que la derogatoria duró escasos días, porque volvieron a aparecer, con diferente nombre y con la dotación duplicada.

Cómo nos indignábamos todos los oposicionistas de la descarada participación de los altos funcionarios y militares del régimen anterior en los ajetreos político-electorales. Esa corruptela se mantiene. Con estupor supimos de la presencia de varios Ministros en la Convención de un determinado partido político; yo oportunamente denuncié la presencia de un ministro, de un comandante primero de policía, de empleados de una comandancia, en la inauguración de un club político. En mil formas se trató de explicar que aquello no era un club político, pero todo no pasó de ser más que un ensayo para justificar lo injustificable; entonces se me señaló como enemigo de la Junta de Gobierno.

Pero las cosas llegaron al máximo, cuando con motivo de las elecciones últimas, un partido beligerante efectuó la convención de rigor para escoger sus candidatos a constituyentes y en ese acto eminentemente político hizo acto de presencia y uso de la palabra el propio Presidente de la República, para manifestar si mal no recuerdo, su identificación con ese Partido, junto con él asistieron varios señores Ministros y como si todo eso fuera poco ese mismo partido político realizó toda su campaña electoral a base del nombre del señor Figueres y colocando en los afiches de propaganda el retrato de tan alto funcionario. Terminar con todos esos recursos, sí habría sido depuración en el verdadero sentido del término.

Repetidas veces he oído decir en esta Cámara, que el pueblo de Costa Rica está con el señor Figueres y con su Gobierno; he escuchado invitaciones que formulan algunos compañeros a visitar los campos y constatar lo anterior.

Conceptúo que es un procedimiento simplista el de considerar que por la circunstancia que en algunos pueblos se reciba al señor Presidente con vítores y aplausos, todo el pueblo costarricense respalde su obra de gobierno. La única forma para saber con exactitud cuales son los sentimientos nacionales en este particular, sería la verificación de un plebiscito. Quienes creemos que la gestión gubernativa del señor Figueres no cuenta con el respaldo popular, nos basamos en un antecedente de gran autoridad: las elecciones del ocho de diciembre último. La interpretación de su resultado la ha hecho brillantemente nuestro compañero el señor Acosta, interpretación que yo comparto, y que hasta la hora no ha sido refutada con buen éxito. No me explico, señores Diputados, por qué motivos este asunto de la prórroga y otros que atañen a la Junta de Gobierno se ha venido colocando en un terreno sentimentalista por quienes lo defienden; ya el compañero Licenciado Acosta Jiménez, en frase oportuna, ha denominado esta tendencia “ternura política”. Algunos de los señores Representantes que están con la tesis de la prórroga no dan otra razón que la de no pecar por ingratitud; consideran que la habría si votaran adversamente el dictamen en debate. Error y muy grave es el proceder en tal forma. La gratitud no cuenta en este particular. Lo único que tiene que guiarnos es el interés de país, analizar la conveniencia o inconveniencia de la prórroga, separadamente de razones afectivas. Lo que tenemos que oír y pesar son motivos superiores; razones de Estado. Para expresar ese agradecimiento que tendrá que ser eterno del pueblo costarricense hacia su libertador José Figueres, hay numerosos recursos. El compañero Pinto ha lanzado una bella iniciativa, que nadie se negaría a respaldar. La República reserva títulos de gran significación para sus hijos distinguidos, que le hayan prestado servicios eminentes, como el Benemeritazgo, en cuya forma podría testimoniarse al señor Figueres ese sentimiento que se pretende hacer prevalecer aquí para resolver un punto en el que media el interés público.

Al señor Figueres nadie le regatea la gloria inmensa que tiene. Torpe y absurdo sería no reconocerlo. Es un indiscutido héroe nacional. Su gesta se celebra hoy y dentro de doscientos o trescientos años en Costa Rica. Pero de ahí, a que tengamos que admitir que como gobernante ha sido tan afortunado que merezca su gobierno seguir adelante, hay gran diferencia. Aquí se citó el caso de Mr. Churchill en Inglaterra. Cuando ese gran pueblo se sintió amenazado de muerte, fue en su busca y Mr. Churchill salvó no sólo la suerte de su patria sino la del resto del mundo. Sin embargo, venidas las elecciones populares en Gran Bretaña, el candidato Winston Churchill salió derrotado. A nadie se le va a ocurrir decir que el pueblo inglés es un pueblo ingrato. Colocándose en las fronteras de nuestra historia, encontramos antecedentes muy significativos que pueden invocarse hoy. Hace poco más de cien años, el Gral. Francisco Morazán derribó la primera dictadura que en nuestro suelo se estableció: la de Carrillo. Se le llamó entonces el Libertador, le colmaron de honores; al ejército suyo se le denominó también Ejército de Liberación y se le exaltó a la Primera Magistratura provisoriamente. Ya en el ejercicio del Poder, el General Morazán dió comienzo a una desacertada labor; sus planes federalistas llenaron de inquietud al pueblo costarricense; el alza de los impuestos disgustaba cada día más y la penetración o hegemonía militarista de su régimen irritaban de sobremanera a nuestros antepasados. Se levantó el pueblo y lo derribó.

Aquel levantamiento ha sido celebrado por la posteridad; no condenamos a los hombres de aquella época como ingratos. Les alabamos, por el contrario, su prudencia y su energía. El General Pinto, Jefe de la Revolución, comprendió, quizás lo diferente que eran las funciones de militar, el ejercicio de las armas a las funciones gubernativas, al ejercicio del Poder y de ahí que no se empecinara, ni intentara siquiera, asumir el mando sino que fue en busca junto con los revolucionarios, de un hombre sencillo, talentoso, apartado de los ajetreos políticos, llamado don José María Alfaro. ¡Qué prueba de verdadero desinterés el del General Pinto! El señor Figueres es el hombre de la guerra, pero no es el hombre de la paz. Ambas cosas las ha demostrado claramente. Si Costa Rica se viera envuelta en un conflicto bélico es indudable que Figueres es el hijo más señalado para defenderla.

He oído afirmar en este recinto, que sin el señor Figueres, no habría habido revolución. Lo que equivale a decir que el régimen de los ochos años se habría eternizado en el Poder. La aseveración no puede ser menos inexacta; la tesis no resiste un análisis superficial siquiera. Es confiar en un hombre y desconfiar de un pueblo. Yo creo en el pueblo de Costa Rica. Repito que al señor Figueres no se le puede ni se le debe limitar su hazaña, pero por más que así sea, no puedo admitir que si él no hubiera existido, Costa Rica habría sido víctima eterna del régimen caldero-comunista. Ya eso es una tendencia a la que hay que ir poniendo coto. Ya es exagerar en demasía las cosas. El señor Figueres es un hijo del pueblo costarricense; es producto de su pueblo, pero hay que rebelarse contra el esfuerzo de algunos que ven en él algo así como un ser celestial, bajado de las alturas con mecates. No, señores Diputados, hay que apartarse de esa tendencia de los que ven repetirse el milagro bíblico de la Zarza ardiendo y desde la cual el Todopoderoso habló a Moisés y le designó para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud y conducirlo a la Tierra Prometida.

Para quienes ven la repetición o algo similar les recuerdo, que hay la diferencia sin embargo de que Moisés no pudo entrar a esa Tierra Prometida; sólo pudo contemplarla de lejos desde la cumbre del Monte Nebo. . . Quiero reaccionar frente al esfuerzo de algunos para que se vea en la hazaña del señor Figueres, una nueva producción de las legendarias alucinaciones de Juana de Arco y a través de las cuales San Miguel y Santa Catalina señalaban a la joven de Domremy para cumplir la misión de liberar al pueblo francés del invasor inglés y hacer coronar a Carlos VII en Reims. Les hago ver también a quienes así consideran las cosas que Juana de Arco cumplió con su misión de hacer coronar a Carlos VII en Reims y que en cambio aquí en Costa Rica, todavía Otilio Ulate no es el Presidente de la República...

Señores Diputados, con extrema frecuencia se trae aquí a colación el pacto Ulate-Figueres. Considero que ya se está abusando. Cuando hay interés en algún Diputado de que su tesis prospere, cita el compromiso y se esfuerza en demostrar que, de no ser así, se viola el pacto citado. Empiezo a notar deslealtad en el debate. Aquí se ha dicho que si la prórroga no se concede, se irrespeta ese instrumento. Enfáticamente declaro que no hay tal irrespeto. Quien piense que lo hay, está obligado a probarlo y hasta el momento nadie lo ha hecho.

En este particular lo que el pacto estipula es que corresponde a la Asamblea Constituyente resolver, si hay o no prórroga. El Diputado que la vote, como el que no la vote, no tiene por qué sentir escrúpulos de si su actitud está en pugna con ese compromiso; en una y otra forma está en armonía perfecta con él. Reprocho enérgicamente los empeños que se hayan hecho o se intenten hacer en sentido contrario. Representa un ardid de baja estructura. Significa una explotación censurable de los sentimientos de honor tan nítidos de que se han dado prueba en esta Cámara, en ejecución del pacto Ulate-Figueres, para ponerlos al servicio de determinada tesis política.

Y a propósito de fiel cumplimiento de ese compromiso, cabe señalar que ha sido la Junta de Gobierno la primera y única en irrespetarlo. Dos son las violaciones: la primera, solicitar la prórroga en otro momento al establecido. Comprendo que se me puede decir que las partes signatarias estuvieron anuentes; que el señor Ulate dirigió un mensaje manifestando su aprobación a la tesis de la prórroga. Es cierto. Pero también lo es que la Junta de Gobierno solicitó esa prórroga el 15 de enero, sin conocer cuál era el criterio del señor Ulate, criterio que expresó aproximadamente mes y medio después. Dichosamente para la parte solicitante, la otra parte dió su aprobación. Si así no hubiera sido, la violación habría sido más visible; pero siempre la hubo. La segunda, al solicitar la prórroga sin demostrar lo necesaria que es para sus labores. Sin ningún fundamento se ha afirmado en esta Cámara, en defensa de la tesis prorroguista, que el señor Ulate no asumirá el Poder el 8 de noviembre. Ignoro de todo la fuente de tal aseveración. Lo que el señor Ulate expresó es que no gobernaría sin Congreso. Cosa bien diferente.

Tal especie se lanzó para pintar el caos que sobrevendrá en la eventualidad de que los poderes de la Junta de Gobierno no vayan más allá de ese 8 de noviembre. Caos no habrá. Será precisamente lo contrario: la terminación del caos actual. No extender esos poderes es terminar cuanto antes con la anormalidad existente para asentar las bases del nuevo orden constitucional. Es concluir con un régimen de facto y dar principio a un régimen de derecho. Es poner fin a un sistema dictatorial, para iniciar un sistema presidencial.

Hay los rumores de que la Junta de Gobierno se va si no se le conceden los seis meses más. Entiendo el asunto como otra modalidad para impresionar a la Asamblea e inducirla a votar la prórroga. Repito que son simples rumores y que como tales no tienen por qué influir en el resultado de la votación del punto en debate. Si tal cosa fuera cierta, tendríamos que estar todos de acuerdo en que la Junta de Gobierno irrespeta gravemente el Pacto de Honor que su Presidente suscribió con el señor Ulate. Con toda claridad ahí se dice que la Junta Gobernará 18 meses; no podría irse intempestivamente. Si al suscribirse el Pacto, se pidió que se dejará el Gobierno en manos de la Junta por un período mínimo de 18 meses, está esa Junta obligada a darle término al plazo o a variar el compromiso en ese particular, de acuerdo con la otra parte signataria.

Algunos señores Representantes han dicho que votan la prórroga porque el señor Ulate está de acuerdo. El pronunciamiento de don Otilio en el particular no podía ser otro. Es el único costarricense a quien yo le puedo admitir, requerido, que responda afirmativamente. Nadie en el país se halla en situación tan singular. Si los seis meses no se conceden, el señor Ulate se adelanta en el ejercicio del poder ese lapso. ¿Cómo van a pretender que don Otilio responda negativamente a la prórroga? Quienes esperaban una contestación en otro sentido, demuestran no conocer al señor Ulate; pero quienes sabemos de su altura espiritual, de su delicadeza personal, no podíamos extrañarnos de su pronunciamiento.

Los denuestos en perjuicio del señor Ulate habrían vuelto a oírse como en otros tiempos; lo habrían llamado ambicioso, vanidoso, etc. Los miembros de esta Asamblea, que es a la que corresponde otorgar o no la prórroga y cargar plenamente con las responsabilidades consiguientes, estamos obligados a interpretar con exactitud la posición del señor Ulate en este problema y a pronunciarnos de acuerdo con nuestras propias convicciones, teniendo al frente el interés del país.

Para terminar, señores Diputados, quiero expresar que me asiste un motivo muy personal para no favorecer con mi voto la tesis de la prórroga. He censurado, privadamente, numerosas actuaciones de este régimen; le he objetado muchos de sus procedimientos y, en general, he considerado como desafortunada, en términos amplios, la obra gubernativa de la Junta y no querría después de eso, votar para que un Gobierno así considerado por mí, permanezca en el ejercicio del Poder por seis meses más. A la vez, quiero quedar en libertad y no inhibido para en épocas posteriores analizar con amplitud la total gestión del régimen actual.

Si voto la prórroga, se me podría decir o que fui ligero en anteriores ocasiones censurando al régimen, o que lo soy ahora votando su prolongación. Se me podrá decir mañana, si voto la prórroga, que no tengo ningún derecho a pronunciarme desfavorablemente porque voté su permanencia en el Poder por seis meses más. Repito: quiero ser leal a mis juicios de ayer y quedar capacitado moralmente para juzgar en el porvenir la obra de la Junta de Gobierno actual.

Señores Diputados: como costarricense: no voto la prórroga porque ansío para todos la vuelta a la tranquilidad cuanto antes. Como Constituyente: no voto la prórroga porque mi misión como tal es lograr a la mayor brevedad posible el restablecimiento de la normalidad constitucional. Como ulatista: no voto la prórroga porque siempre he creído que después del veredicto popular del 8 de febrero de 1948, el único ciudadano que tiene derecho a gobernar en Costa Rica es Otilio Ulate.

El Diputado GONZALEZ HERRAN razonó su voto negativo al dictamen propuesto, diciendo que no iba a hacer un análisis de la obra de la Junta, en vista de lo avanzado de la hora. Dijo que no escatimaba elogio alguno para don José Figueres y sus hombres, su sacrificio en pro de la libertad de Costa Rica. Pero así como reconoce esos méritos, se da cuenta de que no son suficientes para votar la prórroga, ya que puede más en su ánimo una cuestión de convicciones y de principios, antes que el agradecimiento. He sostenido -expresó-, que la Asamblea no debe enajenar la soberanía que tiene, porque el mandato que le dió el pueblo fue para que promulgara la nueva Constitución. Apartarse de ese mandato es volver la espalda al pueblo. No es cierto que no votar la prórroga significa violación del Pacto Ulate-Figueres, ya que éste, en una de sus cláusulas, es claro y terminante, pues se establece que la Junta gobernará tan sólo 18 meses al final de los cuales puede solicitar a la Asamblea la prórroga por seis meses más. Creo que una Asamblea Constituyente no debe postergar el establecimiento del régimen constitucional, alargándole el período al Gobierno de Facto, pues las Asambleas Constituyentes han sido creadas para poner fin a las situaciones de hecho. No es posible que nosotros prorroguemos un estado que fundamentalmente no es de derecho. No es posible que la Asamblea diga que el régimen constitucional se pospone por seis meses más. El país quiere que entremos al régimen de derecho lo más pronto posible. Luego manifestó que no estaba con que la prórroga se concediera antes del vencimiento del término de Gobierno de la Junta, para que se pueda apreciar a conciencia si esa prórroga conviene o no. En noviembre, una vez promulgada la Constitución, posiblemente muchos de los que hoy están con la prórroga, no aceptarían que la Junta continúe en el poder. Pasó luego a refutar el argumento que considera efectista, de decir que si la prórroga no se otorga, se rompe la armonía. No hay tal, porque la Junta, por boca del señor Ministro de Gobernación, ha manifestado que está por el cumplimiento cabal del Pacto Ulate-Figueres.

Repitió que la gratitud no debe ser tomada en cuenta cuando la vida de las instituciones está en juego. En las democracias, la gratitud no juega ningún papel. Citó el caso de Clemenceau, a quien se llamó el Padre de la Victoria, héroe a quien Francia debió, en gran parte, el triunfo contra los alemanes y que sin embargo en 1920, al ser postulado como candidato a la Presidencia, fue derrotado en las elecciones y nadie por ello tildó de ingratitud a los franceses. Término diciendo que no era cierto que a quienes no estaban con la prórroga, les faltaba patriotismo. Se obedece a los dictados de la conciencia. Precisamente si Costa Rica ha tenido alguna figuración en el exterior, ha sido por su respeto a la ley y a las instituciones democráticas, y que ahora esos principios democráticos se iban a oscurecer al prolongar el período de mando a un Gobierno de Facto.

El Diputado SOTELA manifestó que si estaba con la prórroga no era debido a que quisiera cosechar aplausos o elogios, pues en su vida los ha recibido en demasía, desde que en mayo de 1943 se enfrentó decididamente al régimen de Calderón Guardia, cuando éste quiso pasar la reforma electoral. Dijo que un imperativo de su conciencia era el que lo guiaba para enaltecer a Figueres y a sus hombres, para otorgarles la prórroga.

Agotado el debate en torno al dictamen, la Mesa procedió a su votación, habiéndose aprobado antes una moción de orden del Representante Monge Ramírez, para que la votación fuera nominal.

Dijeron SI, los siguientes señores Diputados: Castaing, Acosta Piepper, Monge Ramírez, Montiel, Jiménez Núñez, Fournier, Morúa, Monge Álvarez, Valverde, Esquivel, Brenes Mata, Oreamuno, Sotela, Guido, Madrigal, Solórzano, Dobles Segreda, González Luján (condicionando su voto a que la Junta gobernase por seis meses más, pero con Constitución y con Congreso); Gómez Guzmán, Volio Sancho, Leiva, Ruiz, Rodríguez Conejo y Ortiz Martín. El Diputado Baudrit Solera razonó su voto afirmativo, en los siguientes términos: “Voto por aprobar el informe, en virtud de dos razones fundamentales: 1ª.- Porque los firmantes del Pacto Ulate-Figueres están conformes en que la idea del mismo fue que la Junta gobernara hasta por dos años; y la mejor interpretación de un convenio-es axioma jurídico-, es la que le dan quienes lo suscriben. 2ª.- Porque meditando sobre las posibles inconveniencias de conceder o de negar la prórroga y atendiendo a lo declarado por esta Asamblea respecto de las facultades legislativas de la Junta, en cuanto le permite intervenir en la emisión de leyes y limita aquéllas hasta que haya Congreso Constitucional, estimo que los inconvenientes de la negativa serían mayores que los de otorgar la extensión del plazo de Gobierno”. Dijeron No, los siguientes señores Diputados: Vargas Vargas, Arroyo, Zeledón, Gamboa, Volio Jiménez, Baudrit González, Jiménez Quesada, Arias, Lobo, González Herrán, Acosta Jiménez, González Flores, Bonilla Gutiérrez, Trejos, Montealegre, Pinto, Herrero, Desanti y Vargas Fernández. Total: 26 votos afirmativos y 19 negativos.

En consecuencia, la Mesa señaló el día lunes veintiuno de marzo para la discusión general del proyecto de prórroga a la Junta de Gobierno.

A las veinte horas y quince minutos terminó la sesión.- Marcial Rodríguez, Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario. DISCURSO del Doctor Pinto (*) Señores Constituyentes: La moción de orden presentada por mí a la consideración de Uds. en la sesión del lunes próximo pasado, tenía un doble objetivo:

1º.- Saber si en esa fecha, quince de octubre, habría sido posible tener redactada la nueva Constitución Política y si hubiere sido posible tener ya un Congreso electo para que entrara a fungir durante los seis meses de la prórroga.

2º.- Darle una oportunidad a la Junta de poner a prueba el régimen de consulta acordado y por ende acordarle la prórroga solicitada, por una lujosa mayoría.

Debido a que dicha moción no tuvo la acogida de la Asamblea, me veo en la necesidad de razonar mi voto para que quede constancia de ello en los expedientes de la misma.

Como pareciera en ciertos discursos que hay que presentar credenciales para tener autoridad para opinar, comenzaré por decir que desde el día siguiente de la Convención Nacional Oposicionista, fui nombrado en el Comité de Finanzas del Partido Unión Nacional, donde permanecí hasta el final. Cuando vino la Huelga de Brazos Caídos, estuve en ese Comité en compañía de Carlos Luis Valverde y tres compañeros más. Después fui nombrado personalmente por don Otilio en el Comité Revolucionario, el primero de marzo; luego formé parte de todas las delegaciones personales que don Otilio Ulate enviará a la Asociación de Banqueros y a diversas conversaciones con delegados de Calderón, Picado y Mora. Estas entrevistas fueron más desagradables que difíciles, por tener que entrevistarnos hasta con Albertazzi, entrevistas que algunos han llamado palanganeos y todo esto lo hicimos no para nuestra seguridad que nosotros no podíamos tenerla aquí, sino para el caso de un fracaso de nuestras fuerzas revolucionarias, y así poder negociar una paz en lugar de una rendición incondicional.

A los oposicionistas en este período de la emergencia armada, los han dividido esquemáticamente en dos grupos: el ejército armado y el ejército de los escondidos. Esta división no me parece correcta, pues para mí hubo otro ejército: el de los prisioneros políticos, compuesto por elementos que no tuvieron la oportunidad de ingresar al ejército armado y no se resignaban a estar escondidos sino que por ayudar al movimiento de la revolución, tarde o temprano, iban llegando a las cárceles; a mí me tocó trabajar con este ejército, en la retaguardia. Fue innumerable el grupo de muchachos que llegaban a preguntarme el camino para irse donde Figueres y ocurría que apenas daban los primeros pasos, en seguida el Gobierno los cogía. Para dar una idea que no todo el mundo lo sabe, del número de estas gentes que estuvieron en las cárceles, diré que cuando ingresé en la Penitenciaria, había 1500 personas, así es que el ejército de las cárceles fue bastante numeroso, y lo mismo ocurría en las provincias.

Yo quiero referirme a otro punto que nos dijo ayer el Diputado señor Monge: dijo que los enemigos de la Junta; por ser enemigos le niegan la prórroga. El señor Monge está muy equivocado, por lo que a mí respecta. No he sido ni soy enemigo de la Junta; soy amigo particular de todos y cada uno de sus miembros, amistad y muy vieja, con algunos de ellos, como con Pepe Figueres, que fue compañero mío en el Colegio. Pero no hay que equivocarse, una cosa es ser amigos y otra cosa es ser incondicional; pero sobre la amistad, para mí está la conveniencia nacional. Y tenemos que recordar que hemos sido electos por el pueblo, que somos sus Representantes; y que el pueblo de Costa Rica no acepta Gobiernos de Facto. La situación del país es desastrosa, el número de los desocupados aumenta todos los días, el comercio está al borde de la ruina, el capital se ha escondido o salido del país, y ese capital no volverá mientras la Junta de Gobierno esté actuando; se necesita que venga un Gobierno constitucional. Ahora afrontamos una situación diferente: se presenta una huelga de empleados en el Ferrocarril al Pacífico, como se sabe, por el Código de Trabajo es ilegal; pero el señor Ministro no sabe si es legal o no; a mi modo de ver, no lo sabe, porque no se puede a un mismo tiempo servir a Dios y al diablo. Es Presidente, entre bastidores, de la Rerum Novarum y es Ministro de la Segunda República. El camino que llevamos es muy peligroso; hoy es una huelga, para que se despida a un Jefe; mañana será contra el Gerente.

Me parece que puede ser que cualquier día tengamos una huelga de transporte generales en la República, porque el Gobierno no ha actuado como debe. Yo no critico la labor administrativa; están trabajando bien a pesar de la escasez económica. Yo critico duramente la labor legislativa de la Junta, que ha querido transformar la República en un país socialista, dictando medidas de ensayo que son las que han puesto al país en el estado en que se encuentra.

Predican el bienestar de la mayoría y lo han transformado, en el bienestar de los que viven de los sueldos elevados y creando una burocracia nunca vista en Costa Rica. Hay dos medidas trascendentales, que a mi modo de ver, nadie ha aclarado como se debe: la nacionalización bancaria y el impuesto del diez por ciento. Con respecto a la nacionalización de los Bancos particulares, debo decir lo siguiente: al día siguiente de promulgado este Decreto-Ley me fui personalmente a conversar con el señor Figueres, a decirle mis argumentos, porque yo no estaba de acuerdo con esas medidas. Con respecto a la legislación de los bancos, después de discutir, terminó por decir que los Bancos los había nacionalizado porque necesitaba los edificios y los empleados. Yo le dije que eso de conseguir edificios y empleados tenía que meditarlo; me replicó que era la primera medida trascendental que tomaba; yo le contesté que con esa medida, iban por mal camino. Con respecto a los Bancos particulares que tenían un capital propio de treinta millones de colones pudieron haberlos dejado en último extremo, sin depósitos de los particulares, y obligando a los particulares a hacer sus depósitos en el Banco Nacional. Los Bancos particulares si es cierto que no prestaban ayuda a la agricultura, era porque había una ley que les prohibía prestar a más de un año de plazo. Nunca he tenido una acción en algún Banco particular. Mi manera de trabajar es otra; me parece que los que trabajan colocando su dinero en Bancos son aquéllos que no saben manejarlo y ponen a otras personas que se los manejen; yo siempre he manejado el mío. Cuando le pregunté a Pepe Figueres que cuál era el negocio de la nacionalización de los Bancos, si iba a tomar sus acciones por el valor de 2,000 colones; entonces me dijo que no podía tomarlos por el valor facial, pero que las iba a tomar por el valor real. Yo le dije a esos 30 millones que van a entregarse no debe dárselos a nadie, sino ponerlos en el Banco Nacional con tres Directivas diferentes: Una agrícola, una industrial y otra comercial. Los Bancos particulares no tendrán más que seguir al Banco Nacional por sus facilidades de no tener que pagar dividendos. De manera que automáticamente bajaría el interés de los bancos particulares. Respecto al diez por ciento, fue una medida demasiado brusca; quitar a un capital el diez por ciento de un golpe, era una medida muy seria.

No estoy contra el impuesto; pueden aumentar el de la renta. En lo que estoy en contra del diez por ciento es que es una manera arbitraria de sacarle el dinero de golpe a los costarricenses. Puede darse como argumento, decía Pepe, que esto es por una sola vez. Yo digo que es sólo una, mientras esté en el Poder, pero, ¿quién impide que otro Presidente el diez por ciento lo aumente a veinte por ciento sobre el capital? ¿Qué capital extranjero vendrá a Costa Rica de hoy en adelante? Yo creo que este Decreto-Ley lo debe derogar el futuro Congreso, y para allegar fondos al Erario Público, debe aumentarse el de la renta y mejorar la Tributación Directa, y para nivelar el Presupuesto por otra, para saber cuanto más se necesita, y no cómo instalaron el diez por ciento, sin saber, cuánto produciría, ni en qué se iba a gastar. Debían primero, calcular sus gastos y después buscar las entradas para saber en qué se iban a emplear. No entro a analizar los contratos con compañías extranjeras, porque ya han sido bastante criticados por la opinión pública; sin embargo, debo decir algunas palabras con respecto a la política internacional. La Junta de Gobierno permitiendo una concentración de militares extranjeros a quienes les entregó un cuartel y permitiendo un entrenamiento clandestino en Río Conejo, que hasta el mismo Somoza tiene fotos de los entrenamientos que ahí se hacían; eso fue lo que provocó la reciente pasada emergencia que tanto dinero y vidas preciosas le ha costado al país. Yo creo que si se pensaba combatir a Somoza, debimos tener armas con qué hacerlo o por lo menos con qué defendernos y no correr a la Asociación de las Naciones Americanas que nos vinieran a proteger.

Yo paso a relatar algo que podía llamar, una verdad histórica, a la cual estuve ligado desde un principio: faltando más o menos unos diez días para que la revolución llegara a Cartago, nos convocó Monseñor Sanabria a los delegados de don Otilio Ulate, porque Mora Valverde quería una transacción, quería paz, dijo entre una de las cuantas cosas que allá discutimos, porque era bastante diplomático. Que todo el peso de la revolución lo había llevado Vanguardia Popular, y que él no podía seguir acuerpando a Calderón y Picado si no le prestaban hombres para el combate. Yo aproveché esa oportunidad para pedirle a Mora que me permitiera mandar médicos y medicinas al frente de batalla; él de primera entrada me dijo que no necesitaban ni médicos ni medicinas, ya que nuestros prisioneros son fusilados de inmediato; entonces tuve que decirle que yo tenía informes contrarios y que daba en garantía mi vida de que eso era cierto; me contestó que bajo esa garantía él me daba toda la cantidad de medicinas y médicos que necesitaban. Al día siguiente me dijo que lo de las medicinas estaba bien, que lo de los médicos, imposible; que había hecho esta gestión con el Estado Mayor quien había autorizado el envió de medicinas al frente y que lo otro era mantener misiones y que en esas condiciones ellos no daban esa autorización. Después de conseguir las medicinas, me aparté de las conferencias, que expresamente siguieron el doctor Oreamuno y Martén. Yo no quería llegar a Santa María, como delegado, a un arreglo. En esas condiciones, a los pocos días de estar tramando ese arreglo, salimos a Santa María y casi se puede decir que llegamos por la gracia de Dios, atravesamos la línea de fuego durante un combate, y nada nos ocurrió a Monseñor Sanabria, a don Ernesto Martén ni a mí.

El Licenciado Martén expuso el plan y don Pepe dió su respuesta que fue: cuando yo me alcé en armas, no tenía perspectivas de triunfo; a estas horas sí lo veo, y aunque no las viera, no aceptaría transacciones, porque fui a la lucha a vencer o morir, por lo tanto, no puedo aceptar ese pacto; lo único que puedo aceptar es una rendición incondicional del Gobierno. Terminado esto con el señor Martén, entonces le dije a Pepe: ahora somos vos y yo; me das unos 400 rifles y 25 ametralladoras; quiero instalarme en San Carlos, ahí va a ir don Otilio Ulate con todo el grupo nuestro, las armas pueden llegar al campo de Altamira y nosotros podemos formar tres grupos para atacar Heredia y Alajuela; una columna iría por la carretera de Zarcero, la otra que se viniera por La Cinchona, y una tercera por Toro Amarillo; en esta forma, distraemos las fuerzas del Gobierno y la revolución podrá llegar sobre Cartago, sin mayor dificultad.

Me gusta mucho la idea, pero no tengo más que tres escuadrones con 150 cada uno; si vos ves que podés hacerlo con uno de ellos el plan, te lo mando en avión a Altamira, me dijo. Yo le contesté, entonces: con los dos que te quedan, podés tomar Cartago y me dijo que era difícil. Yo contesté: no acepto, porque el frente de San Carlos no es como éste; aquí se vive tranquilamente; en San Carlos, Nicaragua nos atacaría por la espalda por los ríos San Carlos y Sarapiquí y ese es un frente que no debe estacionarse, sino que debe actuar y con suficiente gente. Entonces me expresó: es por lo mismo que yo prefiero traerme el grupo que está en San Carlos y voy a dar orden que se trasladen a Altamira. Por la proposición que llevaba el señor Martén, le dijo Figueres, no le parece que don Otilio estuviera de acuerdo en que gobierne por dos años el doctor Ovares. Es justo que si nosotros ganamos, gobernemos nosotros. Se le manifestó que era cuestión de discutirlo con él.

Al día siguiente, me informó Monseñor Sanabria que la idea de Figueres, Martén y el Padre Núñez no era pedirle a Ulate dos años de Gobierno, era la de desconocer a Ulate; Figueres le había expuesto el plan: ellos ganarían la revolución y pondrían en práctica sus ideas de transformar la República en socialista, como lo estamos viendo actualmente y que don Otilio no contaba en absoluto en ese movimiento. Cuando regresé esa tarde, me fui a conversar con don Otilio y le conté lo que pasaba y le dije: esto es un secreto que va a quedar entre Ud. y yo. Cuando llegaron a Cartago, comenzaron a estar en contacto con el grupo de que estaban desconectados, comenzaron a decir lo que pensaban y causó gran extrañeza; como ya yo lo sabía, no me extrañé de ellos. Cuando llegaron a San José a la Casa Amarilla, se dieron cuenta de que la gente de aquí pensaba de otro modo, creándose una situación tensa entre figueristas y las fuerzas del Unión Nacional. Un día fui llamado por Mario Esquivel, que tenía algo urgente que conversar conmigo, cuando llegué, me encontré con el padre Núñez; que me dijo: Mario pidió que le llamaran porque yo quería hablar con Ud. lo que nosotros vamos a hacer. A lo que contesté: primero quiero saber qué es lo que van a hacer. Me dijo que pensaban organizar un Gobierno de dos años; al cabo de los cuales habría una elección popular para elegir Presidente de la República. Le respondí: Otilio Ulate es el Presidente de la República. Recuerde me dijo, que el Congreso del primero de marzo anuló su Presidencia. Entonces le pregunté si era en realidad el padre Núñez, y él me dijo que por qué se lo preguntaba. Se lo pregunto, porque Ud. tiene dos caras: la del primero de marzo cuando se pronunciara un discurso levantando al pueblo para que se respetara la elección que el Congreso de los veintisiete había anulado y la de hoy, en que habla de desconocerlo. El padre Núñez se ofuscó y me dijo: ¿tendría inconveniente en conservar estas cosas con Pepe Figueres? No tengo inconveniente en decírselas a quien me las pida. Me pidió: espéreme un momento. Se fue a traer a Pepe que estaba en una reunión. Llegó un poco atarantado.

¡Hola, hombre! ¿Cómo estás, qué me querías? Yo, nada; el padre Núñez me dijo que querías saber mi opinión. Quedamos solos y empezamos a hablar muchas cosas que no puedo repetir aquí. La situación siguió tensa; no había manera de convencer al grupo que iba a formar la Junta de Gobierno, que Otilio Ulate era el Jefe y Presidente Electo y que Figueres era el Jefe de Acción del Partido Unión Nacional. Se aproximaba el primero de mayo y no había solución de ninguna naturaleza. A la señorita Emma Gamboa se le ocurrió hacer una manifestación para el Presidente Electo, don Otilio Ulate, el primero de mayo en el Parque Central. Cuando se conoció lo de la manifestación que parecía que iba a ser muy grande, aparecieron dos personas para ver si hacía una transacción: don Víctor Guardia y don Jaime Solera. Se llegó a una entrevista en la casa de don Jaime. Asistieron don José Figueres, don Alberto Martén, don Mario Esquivel, don Benjamín Odio y don Francisco Orlich; con el señor Ulate llegué yo, y la discusión se planteó sobre dos puntos que presentaba Otilio Ulate: primero, que él estaría de acuerdo en que gobernaran siempre y cuando se hiciera elección de una Asamblea Constituyente a más tardar el ocho de diciembre; y segundo, que el período fuera no por dos años sino por dieciocho meses al cabo del cual, aquí tengo el Pacto en el párrafo número uno, lo dice. Las cuestiones del Pacto yo las relaté el otro día, pero sí debo decir, que al final, cuando se firmó el Pacto, don Mario Esquivel me dijo: parece mentira estas cosas de don Otilio, venirnos a regatear seis meses de Gobierno: parece un negocillo. Siento esto, le dije Uds. tienen que festejar los dieciocho meses que han conseguido y que no les corresponden y no los seis meses que les faltan. Por eso es que pienso que la Asamblea dirá si sí les da o no la prórroga. El señor Ulate desde un principio no quiso colaborar con la Junta, ellos le ofrecieron la Presidencia de la Junta; don Otilio no quiso y tuvo mucha razón; él es un Presidente Electo por la voluntad popular, y no podía estar en una Junta de Facto. Otilio Ulate hizo en Costa Rica la campaña más gloriosa que podemos haber tenido, hizo el milagro de compactar la Oposición en la forma que se realizó; nunca fue mezquino durante los momentos inusitados de la revolución. El ofreció su Presidencia a cualquiera de los miembros del Partido Unión Nacional, la renunciaba también cuando se le hizo la propuesta en Santa María.

Si llegan y le dicen: nosotros queremos gobernar un tiempo; pedirle por lo menos su asentimiento, Ulate hubiera accedido a cualquier cosa, pero no en la forma que lo hicieron; yo nunca he querido colaborar con la Junta de Gobierno; se me ofreció un puesto; les dije que mis ocupaciones particulares no me lo permitían. En esas condiciones, el señor Ulate está de acuerdo con la prórroga, mostrando una vez más su espíritu conciliador y posponiendo sus intereses personales. Pero una cosa es el señor Ulate y otra somos nosotros. El señor Ulate no tiene la responsabilidad de una prórroga que se nos pide, el señor Ulate no es quien va a dar su voto afirmativo o negativo, él recomienda, pero la responsabilidad es única y exclusivamente de nosotros. Yo creo que al paso que vamos, no tendremos Constitución ni en el año cincuenta; vamos muy atrasados; ahora van a venir los Decretos-Leyes. Me parece que la Junta no puede tener esa prórroga sin Congreso como lo ha pedido. El pueblo está cansado de Gobierno de Facto; hay que cumplir los dieciocho meses. Pero para mí ni un día más sin Congreso. Yo insto a mis compañeros respetuosamente del Unión Nacional y a los del Social Demócrata, que se aparten del camino fácil y sin tropiezos, de acatar como mandatos las peticiones de la Junta de Gobierno, para arrancar gracias o aplausos de las barras y piensen patrióticamente y sin temor, en la conveniencia del país, aunque esto les pueda hacer perder el favor oficial y les proporcione dificultades. Se ha hablado mucho de agradecimiento los que no estamos con la prórroga, somos enemigos. No señores, el agradecimiento se expresa en otra forma y sin comprometer a la Nación por seis meses más sin Congreso. En cambio, propongo como muestra de gratitud, que debe ser imperecedera para todos aquellos que a despecho de perder su vida se lanzaron a la aventura de la revolución, que se erija un monumento en frente de la Casa Presidencial a Pepe y a sus valientes muchachos para que sirva de gloria a los que participaron en la revuelta armada, inscribiendo en él sus nombres y para que los futuros Presidentes lo tengan bien a la vista y les sirva de ejemplo. Este monumento debe hacerse por contribución de todos y pido, tener el honor de ser el primer contribuyente.

(*) San José, 17 de noviembre de 1949. Señores de la Comisión Encargada de Editar las Memorias de la Constituyente de 1949. Presente. Estimados señores: Acogiendo la sugestión contenida en su circular de 22 de octubre del año en curso, en el sentido de que los miembros de la Asamblea Constituyente, formulemos cualquier observación que nos merezca la forma en que han sido consignadas nuestras intervenciones parlamentarias en las actas respectivas, deseo expresar que, si en términos generales, las reseñas de mis actuaciones no me satisfacen, encuentro especialmente deplorable el acta correspondiente a la sesión del 16 de marzo de 1949, que fuera en extremo agitada y en la que se clarificaron determinados y trascendentales sucesos históricos relativos al movimiento revolucionario de 1948, y a sus posteriores implicaciones políticas. Nadie que leyere tal acta oficial podría darse cuenta-ni aproximada-, de los sucesos de aquél día, porque la reseña es incompleta e incoherente, por no decir que en ella se pasaron muchas cosas por alto. Me abstengo de entrar en detalles y me limito a expresar, que a mi juicio, se entenderá mejor el acta Nº 37 de la Constituyente si se consulta la crónica parlamentaria aparecida en “Diario de Costa Rica” de 17 de marzo de 1949, la cual se ajusta en grado muy apreciable a la verdad y a las verdades que resonaron en aquella debatida sesión. De ustedes atento y seguro servidor, Otón Acosta.

(*) Según el texto en el Diario Oficial.