La Huelga de Brazos Caídos
Por Roberto Fernández Durán
En la noche de julio, Juan Morales piensa.
Sobre el tejado roto de la casa rural corre la lluvia,
inclemente, incesante y tenues chorros finos de agua clara caen en la
habitación. Una columna azul sube de su cigarrillo encendido, diluyéndose poco
a poco en el aire. A ratos, un golpe de viento la agita, rompiendo con
violencia su continuada ascensión oscilante.
Perdido tras el humo, en la noche de julio, Juan Morales
piensa.
Ya pronto hará seis años que una vez estuvo acostado, en una
noche de julio y lluvia, perdido también tras la asociación vertiginosa de sus
ideas. Y ahora en Juan Morales se va abriendo lentamente un oculto camino que
desde, la memoria busca el alma. La vida fluye en el recuerdo. Las escenas
aclaran y se animan y los actos cobran realidad y significado.
I. FUERZA PUBLICA Y PUEBLO
Frente la plaza de la Artillería, en San José, el Gobierno ha
disuelto a tiros una de las muchas manifestaciones populares de solidaridad con
la huelga de brazos caídos. Es cerca de la media noche del martes veintidós de
julio, de mil novecientos cuarenta y siete y dos cadáveres, un herido de
gravedad, y varios leves son el saldo trágico y el testimonio acusador del
abuso de la fuerza pública en poder de políticos inescrupulosos y funcionarios
venales.
Juan Morales ha visto caer los heridos y ha esperado la
llegada de las ambulancias de la Cruz Roja que los transportan al San Juan de
Dios. Con los ojos desmesuradamente abiertos por la incredulidad y el miedo se
ha acercado a los muertos: uno yace de espaldas en la esquina opuesta al Banco
Nacional; el otro está tendido veinticinco varas al Oeste, sobre la media
calle.
Como obedeciendo a una consigna, los compañeros de hace sólo
un instante están callados. El silencio es solamente interrumpido de tarde en
tarde por las voces de la policía, acantonada en el cuartel y en la calle del
Congreso:
-Alto ¡Devuélvase!
Se impide el paso. Se obliga a todo el mundo a devolverse bajo la
amenaza del máuser y la ametralladora de pecho.
Más tarde, al no poder conciliar el sueño, Juan Morales trata
de recordar los acontecimientos de los últimos días. Comprende que vale la
pena fijarlos claramente en la memoria, pues, como cada uno de manifestantes
del lunes y del martes, sabe que está viendo momentos importantes en los
cuales cada persona es como la gota de una gran marejada. Es que en
determinadas ocasiones, el pueblo pareciera escuchar una voz al conjuro de la
cual toda la angustia, todo el dolor y la sed de justicia se canalizan en
una dramática necesidad de acción. Y cuando el pueblo actúa la historia
acelera su ritmo y sus páginas más brillantes quedan escritas con sangre
generosa de víctimas heroicas.
El domingo veinte de julio, sorpresivamente, los militares
habían sometido Cartago al terror. Al salir la gente de los teatros, tomando
los más el rumbo a la Avenida Central para hacer la acostumbrada ronda, había
sido atacada súbitamente por la policía, armada hasta los dientes, que salía de
lugares estratégicos previamente ocupados, como las bodegas del Ferrocarril del
Norte, el parque Jesús. Jiménez y las de la Iglesia Parroquial. Sin distingos
de ninguna naturaleza, mujeres, y hombres, ancianos y niños fueron objeto de
una persecución encarnizada, cruel y violenta. Como los cartagineses hicieran
frente a la fuerza pública, desarmando a varios policías, las autoridades
consideraron llegado el momento de hacer funcionar ametralladoras de pie
instaladas con anterioridad. Los ciudadanos que estaban en la Avenida Central,
el Parque Principal y las cercanías del Banco de Crédito Agrícola, hubieron de
soportar el fuego sostenido de esas armas, además de las ráfagas de
ametralladoras de pecho disparadas por la oficialidad.
Con bombas lacrimógenas y disparos de ametralladoras se obligó
al público a desalojar los sitios de reunión, para ser atacado al salir por la
policía. La furia oficialista llegó a tal grado, que fueron agredidos el Juez
Civil de la Provincia y un Magistrado Suplente en ejercicio.
Como el ataque obedecía a un plan preconcebido, la policía se
dio a la búsqueda de los jefes de la oposición, tarea que no resulto difícil,
pues los dirigentes estuvieron junto al pueblo en los momentos de peligro. Casi
ninguno se libró de la violencia desencadenada y casi todos fueron víctimas de
bárbaras flagelaciones.
Tan enconada fue la persecución; tan inhumano el ataque de la
fuerza pública, que a nadie extrañó el que no se respetase ni la puerta
venerable del Hospital Max Peralta, en donde los cirujanos se vieron obligados
a improvisar una sala de operaciones, ya que los gases de una bomba lacrimógena
habían tornado irrespirable el ambiente en la sala de cirugía. Aquellos que en
la calle cercana al hospital esperaban por noticias, de los heridos, fueron
desalojados por las autoridades, ametralladora en mano. Al día siguiente en
Cartago no sólo se hizo el recuento de heridos y pérdidas; se tomó nota de las
personas que habían actuado en contra de la ciudadanía, para un ajuste de
cuentas que se adivinaba cercano. Y se hizo también un balance de la situación.
Pudo confirmarse entonces que el plan de ataque había sido elaborado de
antemano en San José y que habían participado, además de los policías de
Cartago, destacados elementos de la capital, entre ellos el propio Edecán del
Presidente de la República, quien llegó a Cartago en el momento del ataque en
un carro blindado, e impartió órdenes para perseguir a los oposicionistas.
Las funestas predicciones que los cartagineses habían venido
haciendo desde muchos días atrás, quedaban confirmadas por la trágica realidad.
Se pudo entender entonces por que se mantenía en la Comandancia a un militar
arbitrario; por qué el envío de tropas y armas de San José; por qué la actitud
desafiante de los funcionarios de la Comandancia. Se supo entonces por qué la
noche anterior al atropello las autoridades, vestidas de civil y a las órdenes
de un comunista, provocaban abiertamente a los miembros de la oposición,
alardeando de su bandería calderonista. Se pudo entender también el por qué,
con el nombramiento del Comandante de Plaza, se había reiniciado una era de
violencias y arbitrariedades; por que el cuartel de policía se había convertido
en un centro de política caldero-comunista y por que a todas, horas y
especialmente por la noche, visitaban la institución destacados elementos de los
partidos del Gobierno. Se tuvo la convicción entonces de que todo era parte de
un plan para amedrentar al sector de opinión oposicionista y perdió importancia
el hecho escandaloso de pocos días atrás, cuando el Comandante lanzó a la calle
varios piquetes de policía al mando de un civil, hampón de varios líos
judiciales, con el fin de provocar a los ciudadanos, atropellándolos luego.
Sin embargo, el intento de las autoridades para amilanar a un
pueblo de bien probada rebeldía tuvo un resultado contrario a lo previsto por
los provocadores, pues inmediatamente después del brutal atentado, la oposición
cartaginesa se declaró en huelga de brazos caídos, propuesta a mantenerse en
tal estado hasta que fuese encontrada una fórmula satisfactoria que garantizase
la seguridad y la vida. Se dispuso un paro general de actividades que
comprendió, desde el Banco de Crédito Agrícola hasta el más humilde de los
tramos del mercado. Los profesionales cerraron sus oficinas y fueron
paralizados los transportes. Al mismo tiempo, todas las entidades públicas y
privadas de la ciudad dirigieron al Presidente de la República encendidos
mensajes de protesta, en los cuales lo responsabilizaban por lo ocurrido y por
lo que pudiera ocurrir y le notificaban la actitud de huelga unánimemente
adoptada.
A pesar de la prohibición del Presidente de la República quien
alegó que un acto de esa naturaleza quedaba comprendido en las prohibiciones
del Código Electoral, los comités directivos del partido oposicionista
convocaron para una manifestación que debía efectuarse a las cinco de la tarde
del lunes veintiuno de julio. No se tomó en cuenta la objeción presidencial,
pues el acto era cívico y no político: Cartago había sido sometido al terror y
sus habitantes se habían enfrentado valientemente a los rifles, las
ametralladoras, la cincha y los gases lacrimógenos de la policía. La oposición
de San José estaba en el deber de hacer patente su solidaridad con los
cartagineses y de hacerles, sentir que estaba dispuesta a compartir con ellos su
suerte.
Minutos antes de la hora señalada la gente empezó a afluir al
punto de reunión, llenando en pocos minutos la explanada de La Soledad. La
manifestación constituyó un alto testimonio de fervor cívico y el pueblo mostró
en ella la decisión de hacer que se respetasen sus derechos.
Frente al Diario de Costa Rica la multitud aplaudió a los
ciudadanos que pronunciaron discursos desde los balcones del periódico. Y como
el Jefe de la Oposición se encontraba fuera de San José se le esperó hasta
las primeras horas de la noche, en que de regreso, improvisó una pieza oratoria
para felicitar al pueblo por su resolución y recomendarle proceder con
cordura.
-La oposición -dijo- tomará siempre decisiones firmes a base
de la necesaria reflexión.
II. UN MARTES A LAS NUEVE DE LA NOCHE
Al recordar los hechos del domingo y del lunes, Juan Morales
busca en los periódicos del día el telegrama del Presidente de la República al
Jefe de la Oposición, y la respuesta de éste. Lee:
Casa Presidencial, 21 de Julio 1947, 11 y 45.
A don Otilio Ulate, San José.
Enterado de la convocatoria que se ha hecho para que elementos
de su partido celebren en San José hoy una manifestación y un desfile, me
adelanto a recordarle que de acuerdo con el Código Electoral están, prohibidos
los desfiles políticos. Creo que usted debe dar instrucciones a sus partidarios
para que se respete la prohibición del Código. De lo contrario usted asumirá
las consecuencias que sobrevengan si las autoridades de policía se ven
obligadas a intervenir en resguardo del orden y cumplimiento de las
disposiciones de la ley. Atentamente,-TEODORO PICADO.
Licenciado don Teodoro Picado San José.
Las consecuencias de lo que sobrevenga debe asumirlas usted
o su candidato según quien sea el responsable de que anoche se disparara con
ametralladoras y fusiles, y se lanzaran gases lacrimógenos contra una ciudad
indefensa. Personalmente oí de las Hermanas Terciarias en el Hospital de
Cartago cómo ellas mismas sufrían los efectos de los gases mientras ayudaban
a la atención de los heridos hechos por la policía. Si el Código Electoral le
sirve a usted para amenazar a la Oposición injustamente agraviada, las más
elementales leyes humanas lo deberían obligar a impedir que la policía le
rompiera el cráneo a un joven, como en el caso de don Fernando Volio hijo, por
haber acudido en ayuda de su padre y con los puños vacíos mientras la policía
lo flagelaba en el suelo. Ningún código del mundo autoriza a ningún gobernante
para hacer disparar ametralladoras y rifles sobre una ciudad que no tiene
armas, por sus opiniones políticas. Su candidato hace reuniones y desfiles
cuando le viene en gana; su policía lo acompaña y el Código Electoral no
autoriza que se descargue el black jack sobre los ciudadanos ni que se ofenda
como aquí en Zarcero, a las señoras, para todo lo cual usted se hace de la
vista gorda, en tanto que nos amenaza cuando, con el corazón herido, nos
alistamos para hacer una protesta cívica por la sangre que usted o su candidato
hicieron correr en Cartago. El camino de mi deber me lo marca mi conciencia y
le ruego no imponerse tarea de decirme qué es lo que yo debo hacer, sino
preguntarle a su propia conciencia qué es lo que usted debe hacer como
gobernante. Le ruego además, imponerse del telegrama que le dirijo a don
Mario Echandi para que conozca la actitud que asumo en estas circunstancias.
Atentamente,-OTILIO ULATE.
Señor don Mario Echandi:
Rogándole reunir comités directivos en sesión permanente y
delegando yo en ellos mis funciones por imposibilidad de estar temprano de
regreso, sírvase someter a consideración siguiente telegrama: (el dirigido a
Teodoro Picado). Mi opinión es que manifestación se lleve adelante si comités
consideran llegado ya momento de enfrentar resolución popular a la violencia
oficial. Caso contrario puede ser más eficaz promover para dentro de tres o
cuatro días gran movimiento nacional desobediencia y brazos caídos.
Simultáneamente sugiero que por conducto de don Juan Dent se interpele al
gobierno sobre si al amenazar a la Oposición por manifestación de protestas
contra atentado criminal de la República anoche en Cartago está dispuesto a dar
garantías en aquella ciudad y resto República y ejercer sanciones y cuáles son
específicamente las garantías y las sanciones. Afmo.,-OTILIO ULATE.
Por los diarios se había enterado la gente de un memorandum,
suscrito por el Presidente y resultado de la conferencia sugerida por el Jefe
de la Oposición. Decía así:
Memorandum para don Juan Dent.
1) Insisto en que los desfiles políticos son prohibidos en
esta etapa de la campaña política. No obstante ello, en obsequio a mi deseo de
que no se produzcan choques de los manifestantes con la policía, y de acuerdo,
con los deseos de usted, he dado instrucciones a las autoridades para que
toleren dicho desfile de la explanada de La Soledad hasta el edificio del
«Diario de Costa Rica», donde habrá de terminarse, para evitar mayores
trastornos u oportunidad de rozamiento con los demás partidos.
Es entendido a su vez, que los oradores y dirigentes de la
manifestación tratarán por todos los medios que estén a su alcance de evitar
que los manifestantes ataquen propiedades de sus adversarios políticos o tengan
incidentes con éstos.
2) En lo que toca a la situación de Cartago debo advertir que
la policía permanece reconcentrada, no obstante que los ulatistas han asaltado
el club calderonista y han detenido un camión que traía para esta capital la
leche de los señores Francisco Calderón, Joaquín Aguilar Esquivel y Fernando
Esquivel. Procuro designar un primer comandante que, a mi juicio, inspire
confianza. Debo advertir que el Coronel Vaglio desempeña su cargo
interinamente.
TEODORO PICADO
Cuando el permiso llegó a conocimiento de los oposicionistas,
ya el desfile en disputa había recorrido toda la Avenida Central y comenzaban
a llenarse de gente las calles cercanas al «Diario de Costa Rica».
La huelga nacional de brazos caídos fue proclamada
oficialmente por la Oposición, a las nueve de la noche del martes veintidós de
julio, después de una reunión de cuatro horas de los miembros de los comités,
del Partido Unión Nacional y de los diputados oposicionistas. Se había
deliberado largamente y a pesar de estar todos de acuerdo en la idea de un
paro general, un grupo lo quería inmediato, mientras que otro había sugerido el
previo nombramiento de un comité organizador el cual habría de fijar el momento
en que la huelga debiera producirse.
El primer criterio prevaleció y en la decisión tuvieron peso
las manifestaciones de los Jefes de Acción del Partido en Alajuela y Heredia,
quienes garantizaron que en sus ciudades todo estaba listo para un paro
inmediato. Vehementemente, una delegación de Puriscal insistió en la huelga
inmediata y grupos de ciudadanos, de todas las clases, invadieron el edificio
del Partido a un solo grito:
-¡Huelga! ¡Huelga!
Miles de ciudadanos, congregados por las sirenas de los
periódicos al servicio de la oposición, leyeron entusiasmados la noticia
escrita con grandes caracteres en las pizarras:
-¡Huelga! ¡Huelga!
Y hacia todos los rumbos de la ciudad capital partieron
improvisadas manifestaciones de júbilo. En una de ellas iba Juan Morales cuando
la policía hizo fuego.
III. EN CARTAGO LA HEROICA CIUDAD
Al despertar de una agitada noche de insomnios, Juan Morales
busca ansiosamente las noticias en los periódicos. Por estos se entera que
desde la misma noche comenzó la labor de los comités provinciales, para
organizar la huelga en cada una de las localidades cabeceras.
En lugar visible de las primeras páginas; el boletín oficial
oposicionista:
EL COMITE DE HUELGA NACIONAL hace saber a sus partidarios que
la huelga decretada tiene carácter de resistencia pacífica y que desautoriza
cualquier acto de violencia contra personas o propiedades.
El Comité sesionará en las horas de la mañana de hoy en el
Club del Partido Unión Nacional y dará las instrucciones del caso.
Lee también en los periódicos que el día anterior los
estudiantes, desfilando por calles céntricas, habían llegado al Parque Central
de San José, en donde celebraron un mitin de protesta, decidiendo dirigirse
telegráficamente al Presidente Picado en solicitud de la inmediata remoción
de las autoridades culpables del asalto contra los cartagineses.
Que en el momento en que la huelga es declarada, los
estudiantes universitarios y de enseñanza secundaria deciden no asistir a
clases en apoyo al movimiento, con la aprobación del Consejo Estudiantil
Universitario. Y que anuncian para las nueve de La mañana, un desfile al grito
de "queremos autoridades decentes".
A pesar de su intransigencia, el Gobierno no ha podido
desentenderse del comportamiento escandaloso de las autoridades destacadas en
Cartago y se ha visto forzado a levantar una información sobre los sucesos del
domingo, como resultado de la cual anuncia el nombramiento del Coronel Mario
Jiménez Tinoco para Primer Comandante y el del Coronel Héctor Sáenz Mata para
Segundo Comandante de Cartago, y el traslado de Vaglio al Cuartel Bella Vista
de San José.
Se rumora al mismo tiempo que más de cien policías josefinos,
pertenecientes a los cuarteles Principal y de Artillería, y concentrados en
Cartago, serán trasladados a la capital como una de las primeras disposiciones
del nuevo Comandante.
Al abrir fuego el Gobierno contra los manifestantes de San
José, en la noche del martes, cerró sus posibilidades para un fácil
entendimiento con la Oposición. Esta, en adelante, no se limitará a pedir
remociones en el personal militar, sino que exigirá garantías efectivas de
carácter político, para situarse en un plano de igualdad en las elecciones
presidenciales con los partidos calderonista y comunista aliados y mantenedores
del Gobierno. Todo esto además de las garantías para la vida y seguridad de las
personas no adictas al oficialismo, exigidas en un principio por los
cartagineses y acogidas por todo el país.
En tal forma, ya en la mañana del miércoles 23 de julio no
podía impresionar favorablemente a nadie la noticia de un simple cambio de
Comandantes y el rumor de que los policías josefinos serían reintegrados a sus
cuarteles en la capital. Ya el día anterior, delegados de Cartago habían
manifestado al Jefe de la Oposición que aceptaban los nuevos Comandantes, pero
que además, exigían otros cambios en la plana mayor de la Comandancia, amén del
cambio total de la policía, exigencias que don Otilio Ulate trasmitió a dos
Coroneles, delegados del Presidente, quienes lo habían convocado a una reunión.
Las peticiones fueron aceptadas, con la única salvedad de que el cambio del
personal de la policía sería paulatino, hasta su total sustitución.
Una nueva conferencia tuvo el señor Ulate, en su oficina, con
los delegados de Cartago, a quienes impuso de la actitud del Ejecutivo. Pensaba
que Cartago había de decidir si las condiciones se aceptaban, finalizando la
huelga, o si se persistía en esta ya que era esa ciudad la que desde el domingo
había hecho el sacrificio, padecido el martirio y realizado la huelga con éxito
sorprendente. La respuesta de los delegados fue: si se declarase a partir del
miércoles una huelga nacional, Cartago se uniría a ese movimiento; si la huelga
no fuese declarada, o si se aplazase, Cartago no podría convenir en la espera y
en ese caso aceptaría la propuesta del Gobierno, dando por terminada la huelga
local.
Fue después de estas conversaciones que tuvo lugar la reunión
de Comités oposicionistas, en la cual se declaró la huelga. El señor Ulate se
negó a hablar por radio y a pronunciar el discurso que delirantemente se le
pedía, pues opinaba que era justo proclamar la huelga en Cartago. Acompañado
por don José Figueres, Jefe de Acción del Partido oposicionista, se dirigió a
la heroica ciudad, en donde, en una gran asamblea popular improvisada, hizo la
proclamación oficial de la huelga, dando las siguientes instrucciones: Primera:
la huelga debe desarrollarse ordenada y pacíficamente, porque no tiene carácter
revolucionario y no es prudente exponer masas inermes a la furia policíaca.
Segunda: deben suprimirse las manifestaciones que puedan dar pretexto para
ataques, así como también debe evitarse toda discusión con las autoridades o
los adversarios políticos, dedicándose cada uno a contribuir a la huelga
silenciosamente. Y tercera: como no se trata de derrocar al Gobierno, la huelga
cesará tan pronto como se obtengan garantías de libertad electoral.
De regreso a San José, los militares con quienes había
conferenciado en la mañana le notificaron que se había dispuesto enviar fuerzas
a Cartago, a las cinco de la madrugada del miércoles, para ocupar la ciudad
militarmente y para impedir por la fuerza el cierre de los establecimientos.
Les repitió que todo se podía arreglar si el Presidente garantizaba la libertad
electoral, redactando al efecto un pliego de demandas, en compañía de un grupo
de dirigentes de la oposición.
El Presidente Picado, al recibir el pliego, lo rechazó de
plano. El mandatario se había trasladado al Cuartel Bella Vista y mostró a las
claras la actitud intransigente que sería su característica al correr de los
doce días de huelga. Al enterarse del rechazo, el señor Ulate decidió advertir
a los cartagineses de los peligros que los amenazaban y con tal fin envió un
emisario de confianza el cual, tras vencer muchas dificultades, pues el camino
estaba bloqueado por la policía, pudo al fin trasmitir el mensaje.
IV. EL FANTASMA DEL MIEDO
Con las noticias de los periódicos aguijoneando su angustia,
Juan Morales sale a observar por las calles. Es la primera vez que una huelga
de no cooperación se declara en el país y no puede atribuirse a falta de fe
el que un hombre dude del éxito del movimiento.
El sol está alto en la clara mañana cuando Juan Morales se ve
obligado a detenerse, porque la emoción ha llenado sus ojos de lágrimas. El San
José que ha mirado es algo diferente de la despreocupada y alegre ciudad
cotidiana. Las cerradas puertas del comercio de los Bancos; de las oficinas,
dan a la capital una gravedad de siglos. Sin saber exactamente por que, Juan
Morales piensa en las piedras y en los cementerios. Comprende que muchos de
los que a su lado pasan piensan en la muerte.
-Será la voluntad de sacrificio -se dice- o más bien el temor
de ser asesinado como los dos hombres de anoche. O tal vez nada más que el
grave ambiente, extraño y nuevo.
Se entera de que sólo unas pocas pulperías pequeñas permanecen
abiertas; que los empleados de los Bancos han constituido un Comité de Huelga
con representación del noventa por ciento del total, obligando al cierre de las
instituciones por falta de personal para atender al público; que se han
comprometido bajo juramento a aceptar solidariamente las consecuencias de su
actitud, declarando que se juega el destino de la Patria y que ningún hombre
honrado y digno puede ceder un ápice. Se entera también de que las empresas de
aviación están cerradas.
En los días sucesivos se agregarán a la paralización de
actividades el cuerpo médico, las barberías, los teatros, las carnicerías, las
telefonistas, el personal del Ferrocarril del Norte, los empleados del tranvía,
los dry cleanings, los depósitos de madera, las farmacias, los empleados
judiciales, 135 agentes viajeros y los trabajadores de las Compañías
Eléctricas.
La policía acantonada en las calles cercanas a la Avenida
Central, ha reprimido salvajemente la manifestación estudiantil anunciada en
los diarios, disparando los máuseres al cuerpo, a matar.
Las autoridades se han acostumbrado pronto a asesinar, y su
saña va en aumento. Al mediodía los gendarmes caen sobre las estaciones
radioemisoras al servicio de la oposición, decomisándoles piezas esenciales y
dejándolas inútiles. Entretanto, las emisoras al servicio del Gobierno se
dedican a propalar falsas noticias, resguardados sus estudios por piquetes
de policía fuertemente armada. Y aunque inmediatamente después del atropello
los oposicionistas presentan recursos de habeas corpus, se estima que estos no
serán conocidos, por la Corte Suprema de Justicia antes del lunes.
El Gobierno ha violado la libertad de pensamiento y de
expresión, sin estar suspendidas las garantías constitucionales.
Mientras las estaciones radiodifusoras son clausuradas, el
Gobierno desata tremendas balaceras en el propio corazón de la capital. Frente
al Diario de Costa Rica son atacados vilmente los ciudadanos que esperaban
noticias y observaban los acontecimientos, y algunas balas horadan las paredes
del periódico. Al mismo tiempo, policía y jeeps dispara sin piedad sobre
las personas que transitan en la cercanía de los Juzgados, hiriendo a varios
ciudadanos y asesinando al escribiente de la Alcaldía Primera Civil. El número
de víctimas va aumentando. Diez muertos y dieciocho heridos reportan los
informes del Hospital San Juan de Dios. Y el alto porcentaje de muertos se
atribuye a la horrible circunstancia de que las fuerzas gobiernistas están
usando proyectiles de fragmentación. Un hilo de sangre va uniendo a los
costarricenses, y el pueblo, en el dolor y el sacrificio, va afirmando su
voluntad de triunfo.
Por la noche, Juan Morales escucha nuevos tiroteos. Se entera
que cerca de la estación del Atlántico un hombre ha sido herido y que en la
vecindad del Hotel Europa los comunistas, ebrios de alcohol y sangre, han
atacado a bala a un caballero que acompañaba a su esposa, dejándolo tendido
sobre la acera, entre la vida y la muerte.
El Gobierno ha armado a tres mil comunistas, con los que ha
reforzado el ejercito. Y la noche asombrada del miércoles veintitrés, contempla
a unos extraños personajes provenientes de las regiones costaneras que,
envueltos en cobijas de lana o algodón, patrullan por las calles de San
José. En cada esquina cuatro o cinco, armados de máuser y con fajas de tiros
en la cintura, medio ebrios con el guaro que personajes influyentes del
Gobierno les repartieran para hacerlos más irresponsables y crueles. La
policía permanece concentrada en los cuarteles, ante el temor de represalias
por parte de la oposición y lista para ser transportada al lugar en que se
presenten los temidos disturbios.
El Gobierno se va encerrando en su miedo, y todo asesinato
posterior, toda la intransigencia y la maldad patentes en sus actos, habrán de
ser en gran parte producto de ese miedo. Cada disparo no derribará solamente a
un hombre: ira contra un fantasma. Y habrá algo ante el Gobierno, invisible,
impalpable, pero siempre y en todo presente.
Polígrafos anónimos han reproducido el boletín que el Comité
de Huelga redactó al comenzar la noche, y la ciudad se llena de noticias y
esperanzas. En la paz de un hogar, turbada sólo por los gritos que en la
calle profieren las gargantas de los retenes comunistas, alguien lee el
boletín, que ha sido deslizado suavemente por bajo la puerta. Y los ojos,
los oídos, las almas van siguiendo una a una las frases esperadas:
"El calderonismo y el Gobierno por medio de sus estaciones
de radio, quieren dar la idea de que el movimiento de huelga ha fracasado.
Es falso. La huelga sigue en pie y triunfante. Todo el
comercio de San José ha cerrado sus puertas. Los Bancos están cerrados y lo
mismo ocurre con las sucursales de provincia.
De Heredia, de Alajuela, de Cartago, de todos los cantones,
las noticias son magníficas. El cierre es general Las actividades se están
paralizando, y el triunfo será del pueblo. Costa Rica está al borde de recobrar
su normalidad, su tranquilidad y su democracia.
El Gobierno envió está mañana piquetes de policía a cerrar las
estaciones Alma Tica, Monumental, Titania, Nueva Alma Tica y Sonora. Es decir,
todas las estaciones de la Oposición. Por lo tanto, todas las noticias que se
digan por radio son emanadas del Gobierno o del caldero-comunismo, y por lo
tanto, falsas, porque esas gentes nunca han dicho la verdad. La única verdad es
que el movimiento de huelga, que es el movimiento más vigoroso, más
patriótico, más hermoso y más decidido que ha emprendido el pueblo de Costa
Rica, está triunfante y victorioso.
Lo único que los grupos oficiales han podido hacer contra la
huelga, es asesinar. A las cinco de la tarde de hoy miércoles suman ya a diez
los muertos en San José. Por eso recomendamos la mayor prudencia y que todos
se abstengan de salir a la calle, salvo caso de necesidad, lo mismo que lanzar
gritos o silbar a la policía, porque ya la policía está derrotada.
Se ha presentado un recurso de Hábeas Corpus ante la Corte de
Justicia para lograr que se reabran nuestras estaciones de radio. La Oposición
ha acudido a los Tribunales, porque está dentro de la Ley. El que está fuera de
la Ley es el Gobierno, desde que mandó a ametrallar a la ciudadanía de Cartago
el domingo veinte, y a la de San José el miércoles veintitrés.
La huelga sigue prosperando vigorosamente. Todas las
actividades del país siguen en cierre. Cualquier noticia contraria es falsa.
Inventada por el comunismo, por el calderonismo, por el Gobierno, por La Voz de
la Víctor, o por La Tribuna. Fíjense las colonias extranjeras en la magnitud
del cierre y en la magnitud de la protesta. Así podrán darse cuenta del tamaño
de la Oposición. ¿Cuántos establecimientos podría cerrar en circunstancias
similares el partido de Rafael Angel Calderón?
EL COMITE DE LA HUELGA
23 de Julio de 1947. (8:00 p. m.)
La huelga se consolida y extiende mientras el Gobierno y sus
aliados, los partidos calderonista y comunista, buscan en toda forma el medio
de terminar con el movimiento cívico. La gama de tentativa es amplia y
comprende desde el asesinato a sangre fría hasta el intento de persuasión;
de la falsa noticia propalada por radio y prensa oficial, hasta la ensañada
persecución de dirigentes y militantes oposicionistas; del castigo impuesto al
margen de la ley, hasta la amenaza policíaca; de las conferencias con elementos
que buscan la conciliación, hasta el saqueo de establecimientos
comerciales.
Ante la ineficacia de sus tentativas, el oficialismo trata de
desatar el terror, para hacer desistir a los oposicionistas de su empresa, sin
percatarse de que lo que hace es proyectar su propio miedo a sus actos. Cuanto
más violentamente proceda el Gobierno, tanto menor será en realidad su
fortaleza física y moral. Cada acto, cada gesto, será la convulsión de un
monstruo pernicioso herido a muerte. Y entre estertores, el tres de agosto se
verá obligado a pactar, otorgando por la fuerza de las circunstancias lo que
doce días antes no quiso dar por bien.
En la tarde del jueves 24 circula el segundo boletín a
mineógrafo del Comité de Huelga:
"El Comité de Huelga informa a la ciudadanía costarricense
los últimos acontecimientos relacionados con el movimiento cívico de
desobediencia civil.
La Huelga sigue en pie en todo el territorio de la República.
Los últimos informes llegados de Guanacaste son satisfactorios: Liberia está en
estado absoluto de paro. La situación en las demás provincias sigue igual. Sólo
unos cuantos negocios de calderonistas permanecen abiertos y se levanta una
lista de ellos como enemigos de la causa nacional.
El hecho más significativo es el de la permanencia en todas
las esquinas de la capital, San José, de grupos comunistas armados de carabina
y máuseres. El Ferrocarril al Pacífico ha estado transportando hacia la capital
a los muelles de Puntarenas, comunistas y todos los militantes de ese partido
totalitario para armarlos y tirarlos contra la ciudadanía indefensa, que se
mantiene tranquila y sin provocar.
Todos los comunistas de Costa Rica están armados. La policía
está reconcentrándose en los cuarteles, patrullando las calles de las ciudades
y resguardando ciertos edificios importantes. Pero el hecho sobresaliente es la
permanencia en las esquinas de grupos militares, milicianos de caras extrañas,
comunistas todos.
El Club Comunista de esta capital está atestado de elementos
armados por el Gobierno con ametralladoras y máuseres. Durante los días de
huelga se han oído constantes tableteos de ametralladoras y disparos efectuados
desde ese local, y es posible que varios de los muertos y heridos hasta el
momento lo hayan sido por causa de esos disparos. Durante el día de ayer
han ocurrido varios ataques a la ciudadanía indefensa por elementos armados
que patrullan las calles y que permanecen en las esquinas. Estos ataques
sangrientos son dirigidos por comunistas.
Desde una cantina por el Hospital San Juan de Dios, su
propietario, un conocido elemento comunista, dispara con su carabina máuser
contra quien se le ocurre. De tiempo en tiempo se paran ahí los jeeps
del Gobierno para informarse.
La sensación que priva en el ambiente es la de que el grupo
comunista de nuestro país está colaborando y dirigiendo las masacres ocurridas
hasta este momento.
Recuerde que todas las noticias de radio provienen de las
estaciones del Gobierno. Las estaciones Alma Tica. Nueva Alma Tica, Monumental,
Titania, y Sonora fueron clausuradas ayer por piquetes de policía. No haga caso
a rumores. La huelga sigue prosperando. Los Bancos siguen cerrados y no
abrirán. Los empleados bancarios han firmado pliegos de solidaridad
mutua.
EL COMITE DE HUELGA
San José, Costa Rica, Jueves 24 de Julio, (3:00 p. m.)
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V. LOS TRES FACTORES
En tres factores ve el Gobierno la base de la huelga. Ellos
son: la actividad de los dirigentes oposicionistas, el cierre de los Bancos y
el cierre de los establecimientos comerciales. Contra esos tres factores,
principalmente, endereza su ataque en los cinco días posteriores a la
declaratoria del movimiento de brazos caídos.
En la capital y en las provincias, como obedeciendo a una
consigna, las autoridades se dan de lleno a la tarea de localizar y apresar a
los dirigentes de la oposición. En Alajuela, un estudiante que es hijo del
Comandante de Plaza, dicta orden de detención contra algunos de sus profesores
en el Instituto de Segunda Enseñanza. Y en todas partes, los guardianes del
orden público allanan constantemente las residencias de los oposicionistas sin
llenar ningún requisito legal.
Los Bancos permanecen cerrados, a pesar de los intentos
oficiales para lograr su apertura. Frente a tan significativa evidencia, el
Secretario de Hacienda Alvaro Bonilla Lara plantea ante el Juzgado Primero
Civil gestión para lograr la quiebra de las instituciones, alegando que estas
han suspendido sus pagos. El Juzgado, sin embargo, acepta la excusa de los
Gerentes: los Bancos no pueden abrir por la imposibilidad material de
atender al público, pues casi todos sus empleados se han declarado en huelga,
y los huelguistas no son empleados de fácil sustitución. El cierre bancario
obedece a una circunstancia de fuerza mayor.
Algunos empleados afectos al Gobierno logran abrir una de las
pertas del Banco Nacional. Mas los oposicionistas, que han previsto un acto de
ese género, tienen preparada y ponen en inmediata ejecución una ola de retiros
de fondos en depósito, obligando al cierre. Igual cosa sucede en Alajuela. En
otros Bancos, algunos empleados asisten al trabajo sin poder romper la huelga
dado su escaso número.
Al ver cerrados todos los caminos, el Gobierno amenaza con dar
de alta en el servicio activo de las armas a los empleados bancarios para así,
militarizados, obligarlos a prestar sus servicios. Inmediatamente circula una
hoja de instrucciones, redactada por el Comité Jurídico de la Huelga, en la que
se advierte a los huelguistas:
- Que las garantías individuales no están suspendidas
porque el Gobierno no cuenta con el número de diputados que se necesita para
declarar tal suspensión.
- Que por tal motivo el Gobierno no está facultado para
exigir servicio militar obligatorio de ningún ciudadano.
- Que si procede a dar de alta a los empleados de Banco,
comete un acto ilegítimo que no tiene por qué ser obedecido por ningún
costarricense.
- Que en caso de que algún empleado de Banco sea forzado
a entrar en el servicio militar, y llevado al Banco correspondiente, puede
negarse a trabajar sin temor de incurrir en delito de ninguna
especie.
- Que, en tal evento, el empleado puede interponer
Recurso de Habeas Corpus, que será redactado y tramitado por el Comité Jurídico
de la Oposición, ya que la Ley No. 35 de 24 de noviembre de 1932, dice
claramente en su artículo primero: El Hábeas Corpus procede no sólo contra la
detención ilegal que imponga una autoridad de cualquier orden, sino que también
contra toda restricción ilegítima de la facultad de ir y venir y de trasladarse
a cualquier parte que garantiza a las persona el artículo 28 de la
Constitución. Se entenderá restringida ilegalmente esa facultad cuando en
tiempo de paz se exija servicio militar a individuos de tropa que según la ley
no están obligados a prestarlo o a oficiales de subteniente arriba,
inclusive.
El sábado 26, los empleados de Banco reciben telegramas
apócrifos, con los cuales se les trataba de obligar a asistir a su trabajo:
«Nos permitimos informarle que la Junta Directiva acordó
llamar al personal del Banco para que se presente mañana a la hora
reglamentaria de oficina a reanudar su trabajo en la Institución. Muy
atentamente le ruego su cooperación en tal sentido.»
Al mismo tiempo, las autoridades inician una redada, logrando
hacer presos a algunos dirigentes de la huelga de Bancos. El Comité de Huelga
Bancaria, entonces, recomienda públicamente a los empleados esconderse,
desaparecer de la ciudad si es posible, para evitar su captura.
El 28 de julio conoce el Congreso de un proyecto de ley. Ha
sido elaborado por sirvientes de Calderón, y tiende a sustraer el capital de
los Bancos mediante la creación de un Instituto de Movilización del Crédito.
El candidato oficial ha decidido atacar a los Bancos y por eso es que,
simultáneamente, el Presidente de la República anuncia que el está dispuesto a
aceptar la renuncia de los Directores y el Gerente del Banco Nacional. A pesar
de que estos no ignoran que, dado el predominio calderonista en el Congreso, es
probable que el proyecto presentado se convierta en ley en pocos días, se
enfrentan abiertamente a la amenaza más inmediata y anuncian que por ningún
motivo permitirán se les fuerce a renunciar, pues son responsables ante los
depositantes de los 45 millones que el Banco tiene en Caja. Manifiestan además
que existe una ley de inamovilidad que los hace inmunes contra cualquier
maniobra del Ejecutivo.
La ofensiva contra el comercio se inicia el 24 de julio con un
despliegue de policía montada en grandes camiones desde los cuales, por medio
de altoparlantes, se amenaza con duras represalias a quienes persistan en el
cierre. A los comerciantes extranjeros se les previene que sus patentes serán
canceladas.
En provincias, las autoridades, ante la reiterada negativa a
abrir, multan a los comerciantes con trescientos colones y los amenazan con
mayor castigo si continúan en su empeño.
Algunos inspectores de precios de San José son enviados a
Puntarenas para amenazar, apoyados por la policía, a los comerciantes.
Previamente les habían sido entregadas listas de personas "capturables".
A pesar de la guerra de nervios, todo el comercio continúa
cerrado. El Mercado Central de San José, que pertenece a la Municipalidad es
abierto, pero ningún propietario de tramo rompe la consigna oposicionista
de mantener el cierre a como haya lugar.
Resulta claro que el Gobierno no tiene poder par anular este
importante aspecto de la huelga general. Y como algunos pequeños negocios,
propiedad de calderonistas o comunistas, han permanecido abiertos, la oposición
ordena en su contra un severo boicot que comprende desde el llamado a las amas
de casa para que no hagan en ellos sus compra, hasta la solicitud a algunos
grandes mayoristas para que, en ventas futuras, sancionen a los que han
pretendido sabotear la huelga.
Mientras por medio de las estaciones de radio a su servicio el
Gobierno anuncia que la huelga ha terminado, que los Bancos funcionan
normalmente y que las puertas del comercio se han abierto, el ayudante militar
del Presidente dirige un telegrama a los comerciantes huelguistas,
conminándolos a finalizar el cierre. Otro alto militar, con la amenaza de
cancelar patentes, visita el comercio importador, exigiendo la apertura de los
almacenes. Desde luego, no se le hace ningún caso, pues nadie ignora que los
militares no tienen capacidad legal para ordenar en materias de orden civil.
Ante lo vano de sus tentativas, el Gobierno comisiona a algunos abogados para
que traten de persuadir a los huelguistas. Se ha ofrecido a esos profesionales
indignos de su toga gratificaciones de veinticinco y cincuenta colones por
cada negocio que logren abrir.
En los periódicos, el Comité de Huelga publica un aviso en que
advierte a los comerciantes que el Gobierno carece de medios legales para
obligarlos a abandonar la huelga:
"AVISO A LOS COMERCIANTES
Se pone en conocimiento al comercio nacional que no debe
obedecer órdenes de apertura de establecimientos, ni amenazas de parte de la
policía. El Departamento Jurídico del Comité de Huelga, hace saber que no
existe ley alguna, ni castigo, para el que mantenga cerrado su establecimiento.
La autoridad que multe injustamente a un comerciante que tenga su
establecimiento cerrado, será acusada criminalmente. El comerciante que sea
llevado ante las autoridades y amenazado con multa por su negación n abrir su
comercio, preguntará a la autoridad con estas palabras: -Hágame el favor,
señor, de indicarme la ley en que se basa usted para imponerme una multa.
Los abogados de la Oposición están encargados de la defensa de
los que injustamente sean castigados por la rebeldía a la apertura de sus
comercios. El artículo 43 de la Constitución dice: A nadie puede imponerse pena
que por ley pre-existente no esté señalada al delito o falta que cometa.
El Código de Policía no tiene ninguna disposición referente a
cierre de establecimientos de ninguna clase, ni paralización de actividades de
ninguna especie. El Código de Trabajo estipula el derecho de huelga.
La resistencia a abrir establecimientos es perfectamente
legal, y no hay ley ni autoridad que obligue a proceder de la forma que se
quiere. En cuanto a los comerciantes y empleados extranjeros, tampoco hay ley
que faculte a nadie para expulsarlos del país, ni para suspenderles la
patente.
COMITE JURIDICO DE LA OPOSICION
En la noche del sábado 26, agentes comunistas deslizan bajo
las puertas de las casas una hoja suelta en que se invita a una manifestación
para la tarde del lunes. Por el tipo de letra, es fácil averiguar que la hoja
ha sido publicada en la misma imprenta en que se hace el periódico oficial.
VI. MARIACHIS DE COBIJA
Como casi todos los ciudadanos, Juan Morales sabe que la
intransigencia del Ejecutivo oculta una criminal debilidad. Que durante todo el
tiempo han estado juntos el Presidente de la República y el candidato oficial,
Rafael Angel Calderón. Que dos de los más destacados dirigentes comunistas
permanecen en la inspección General de Hacienda. Sabe también que la Estación
Central de Policía, contigua a la Casa Presidencial, se han instalado a dar
órdenes el hermano del candidato, Paco Calderón y otros elementos del comando
de su partido político. Que de ellos ha sido la idea y ha emanado la orden de
traer a la capital a los elementos comunistas de la costa a quienes, por las
cobijas con que se cubren en busca de protección contra el frío de las
madrugadas del altiplano, el pueblo ha bautizado con el mote de "mariachis",
nombre que después habrá de generalizarse para denominar a todo aquel que
pertenezca a la coalición caldero-comunista.
Sabe también Juan Morales y sabe el pueblo que una de las
pruebas del dominio calderonista del Poder, está constituida por los boletines
que la radio oficial ha venido trasmitiendo, pues esos boletines contienen
a la vez amenazas presidenciales y amenazas calderonistas contra la
Oposición.
Lunes 28 de Julio. Graves acontecimientos se avecinan. Desde
el sábado anterior los comunistas han anunciado una manifestación por las
calles de San José, y conociendo los fines de esa manifestación, como para
lavarse las manos, Picado y Calderón achacan al señor Ulate,
responsabilizándolo por lo que pueda ocurrir. El Jefe de la Oposición, ante el
ataque, los enjuicia en un artículo, publicado el domingo 27, que dice:
«La fijación de responsabilidades por lo que ha ocurrido
durante esta emergencia está muy próxima, y será mejor esperar a que la haga
la opinión pública con cuidadoso conocimiento y severo examen de los
hechos»...
«Ellos está bien que se afanen en tratar de exculparse,
porque ya saben lo que se les viene encima, y por mi parte sé hasta que punto
la opinión está irritada con ellos»... «Los que han caído no llevaban armas y
esto se probará en los respectivos procesos judiciales. Los mataron o los
hirieron por la simple voluptuosidad de ver correr la sangre. La entraña de
nuestra infortunada Costa Rica no ha producido un corazón más seco que el del
gran culpable de esta tragedia nacional. Nosotros venimos pidiendo una cosa muy
simple y muy justa, que se den garantías efectivas de libertad electoral para
todos los partidos. Para no darlas, han preferido matar, encarcelar,
aterrorizar a las mujeres y a los niños. Allá ellos con su conciencia y con
sus futuras responsabilidades»...
Lunes 28 de julio. Sexto día de la huelga. Desde la buena
mañana, abiertamente, se amenaza al comercio con obligarlo a abrir "a bala si
es necesario". Los comerciantes de la capital no ignoran el peligro que los
amenaza, porque ya saben que desde el sábado anterior comunistas llevados de
San José a Cartago se han dado al saqueo de los almacenes de esa ciudad,
apoyados por la policía la cual, lejos de reprimir el robo en masa, persigue
con ráfagas de ametralladoras a los oposicionistas que tratan de evitar la
rapiña.
El saqueo en San José se inicia desde dos horas antes de la
anunciada para la manifestación que el comunismo ha organizado contra el
comercio. A la una de la tarde, y al grito de "Viva Calderón Guardia" y
"Viva Vanguardia Popular", las brigadas de choque y los "mariachis" se lanzan
contra varios establecimientos en huelga, quebrando con varillas de hierro las
ventanas y derribando las puertas con arietes previamente alistados, Los
gobiernistas han señalado con anticipación los negocios que serán lapidados, y
en el bolsillo de un asaltante que resulta herido se encuentra una lista de las
casas comerciales que debían ser saqueadas.
El robo colectivo continúa por largas horas durante las cuales
altos militares recorren la ciudad, amenazando desde sus jeeps a los
comerciantes. La policía tolera con su deliberada ausencia todos los atropellos
de los comunistas, y cuando al fin se lanza a la calle, desatando balaceras con
resultado de varios oposicionistas heridos, trata con guante de seda y protege
a los saqueadores que se alejan con su botín.
La Oposición había organizado desde el primer día de huelga la
repartición de alimentos en todos los lugares de la República. Ese reparto no
tenía color político y de él se beneficiaron todos los costarricenses. La Cruz
Roja, por su parte, también había acondicionado innumerables puestos de
distribución de artículos de uso indispensable. Sin embargo el desfile, que no
se realizó por convertirse en saqueo organizado, tenía como pretexto el hambre
del pueblo a pesar de la cual los comunistas dieron preferencia en el momento
del robo a los licores, las máquinas de oficina y los artículos de lujo.
Después que el comercio ha sido arrasado en Cartago y San
José, desfila la roja camioneta al servicio del comunismo, haciendo oír por
su magnavoz una severa condenatoria al asalto y al robo, a pesar de que
dirigentes de ese partido habían sido vistos en el momento del saqueo, azuzando
las turbas. El calderocomunismo también se lava las manos y sus periódicos
aseguran que las depredaciones han sido llevadas a cabo por varios miles
de ulatistas. Responde al día siguiente el Jefe de la Oposición en un mensaje,
en el que manifiesta:
«Los saqueos de ciertos establecimientos comerciales dieron
comienzo en la ciudad de Cartago la noche del sábado. Cualquiera que lea el
periódico «La Tribuna» del domingo, podrá darse cuenta del regocijo con que el
periódico que es órgano de los señores Calderón y Picado informaba que lo que
ellos llaman el pueblo y que es una simple turba de bandidos, había «abierto
el almacén de los señores Masís para proveerse del dulce que estaba
almacenado.» El mismo periódico y el mismo día anunciaba actos similares en
otras localidades del país para los días sucesivos.
La obra del bandalaje, que ayer en San José tuvo una
abominable culminación, ha indignado al país entero. Los escasos partidarios
honrados que le quedaban al infortunado y trágico doctor Calderón se han ido de
sus filas y se han venido a la oposición, justamente sublevado su ánimo por el
pillaje y por el concurso que le ha prestado, con torpe disimulo, la policía,
presentándose a resguardar los establecimientos comerciales sobre los cuales
caía la turba de bandidos, una vez que habían sido saqueados, fingiendo que iba
a proteger los intereses de los comerciantes, cuando a lo que iba era a
proteger a los que robaban. Si la policía, o los que la mandaron, hubiera
querido proteger efectivamente los intereses de los comerciantes, al producirse
el primer saqueo se habría puesto en capacidad de impedir los que siguieran por
haber contribuido a una huelga pacífica en demanda de garantías electorales,
fueron asesinados por la policía varios de nuestros amigos y hay otros muchos
en el hospital. Por haber saqueado, por haber robado, por haber destruido la
propiedad privada, por haber avergonzado a la República, ninguno de los
culpables de estos hechos ha tenido nada que sentir de la policía, antes al
contrario, lo que han merecido es su simpatía y su concurso. Muchas de las
personas que presenciaron los saqueos, han venido a referirme que la policía
armada los presenciaba sonriente; y que mientras los saqueos se realizaban,
pasaban los jeeps cargados de ametralladoras y gendarmes, sin detenerse
siquiera a mirar el espectáculo.
Nuestros amigos, los comerciantes robados, a quienes les envío
el mensaje de mi simpatía y les pido que fortalezcan su fe en el sacrificio, han
sido sometidos a esta nueva prueba, la cual espero que sea la última, porque ya
la huelga no la ataja nadie y el régimen político que viene padeciendo el país
tiene contados sus días.
El plan de saqueo fue cuidadosa y siniestramente elaborado.
Consignaron los nombres de los establecimientos saqueados, en la edición de la
tarde de ayer de uno de sus pasquines. Pero quedó bien clara la maniobra, al
conocerse el resultado de los hechos, y comprobarse que algunos de esos
establecimientos, tales como el de don Miguel A. González, no habían sufrido la
acción de la turba en desenfreno, ya fuera porque sus propietarios los
defendieron valientemente, o porque en la acción colectiva no se llevó a cabo,
en forma rigurosa, el plan preconcebido. En otras palabras, los periódicos del
doctor Calderón, como sabían que iba a ser saqueado el almacén del señor
González, anunciaron que ya había sido saqueado, pero habiéndoles fallado este
plan porque el señor González impidió que fueran abiertas las puertas de su
establecimiento, los dichos periódicos se publicaron registrando como realizado
un hecho que en realidad no había ocurrido. Sabían que iba a ocurrir porque
conocían los planes; pero como impidió la realización de estos el propietario
del negocio, los periódicos del doctor Calderón dieron una noticia falsa.
La prensa del doctor Calderón ha ido más lejos en su
solidaridad con el bandalaje. Aún en la tarde de ayer, cuando la ciudad
estaba consternada y ardía en ira contra los saqueos, esa prensa hacía
excitaciones para que se saqueara a otros comerciantes. Léanse los siguientes
títulos: «Grupo de gente pobre, de todas las filiaciones políticas, atacó a las
dos de la tarde los almacenes de Segovia y de Miguel A. González que están
llenos de mercaderías. Otros grandes almacenistas, que le niegan mercadería a
los minoristas y pulperos de escasos recursos económicos, corren el mismo
peligro.» No puede ser esto más sucio, más indignante, más propio de la prensa
que sirve los intereses políticos del grupo que ya está a punto de ser expulsado
del Poder. Decir, en favor de los ladrones, que se trata de grupos de gente
pobre que ataco almacenes que están llenos de mercaderías, como si por llenos
de mercaderías se tenían merecido el ataque, es una de las cosas más villanas
que puede leerse en cualquier publicación de cualquier parte del mundo.
Amenazar, como lo hace la prensa del doctor Calderón, a otros almacenistas,
diciendo que corren el mismo peligro, es igualmente miserable.·
VII.-MARIACHIS DE CORBATA
Hay mariachismo de cobija y mariachismo de corbata. Los
mariachis de corbata forman un conjunto conocido con el nombre de
"transaccionistas" que ha venido laborando desde algún tiempo atrás a tal punto
que, a principios de julio se da ya como fracasado un intento calderonista
para modificar la situación política.
El plan consistía en provocar un movimiento revolucionario
simulando que éste era de origen oposicionista, para obligar al partido adverso
al Gobierno a aceptar forzosamente una transacción. En Aranjuez, en un punto
terminal donde ya no hay calle y el tráfico queda cortado, existe una casa
rodeada de jardines. En esa casa, arrendada a personas conocidas que la
mantenían deshabitada, quedaron formulados los diversos aspectos del plan, que
comprendía la provocación de un choque armado en alguna reunión oposicionista,
con saldo de muertos y heridos, y la campaña previa en favor de la idea
transaccionista, que sería realizada por personas de relieve en la
política.
El grupo comenzó a actuar, pero el plan no pudo llevarse a
cabo porque llegó a conocimiento de los dirigentes oposicionistas. En un
discurso pronunciado en Golfito, don Otilio Ulate se declara abiertamente
en contra de una transacción pues ésta, en su concepto, desnaturalizaría todos
los fines de la campaña oposicionista.
-Iré hasta el fin -dijo- cualesquiera sean las alternativas de
la lucha y cualesquiera el número de ciudadanos que me sigan.
Fué después del discurso del señor Ulate que tuvo lugar una
polémica entre don Fernando Castro Cervantes y el Partido Social Demócrata,
sobre el tema de la transacción. Terminaba el Partido un artículo en la
siguiente forma:
"En resumen, el Partido Social Demócrata se opone a
cualquier transacción con los responsables del desastre nacional que hoy
vivimos, porque tiene plena confianza en que el pueblo de Costa Rica, si es
guiado por mentes capaces y espíritus dispuestos al sacrificio hasta de sus
propias vidas, está en condiciones de acabar de una vez por todas con el
corrompido régimen actual".
Cuando la huelga está en su apogeo, salen de nuevo a la luz
los transaccionistas, insistiendo en demostrar las ventajas de evadir la
consulta popular en las elecciones generales que se acercan. Un dirigente de la
oposición se enfrenta a los mariachis de corbata, en artículo de prensa:
«El próximo y los futuros presidentes de Costa Rica
(manifiesta) no saldrán más de las oficinas de los políticos; serán, como lo
quieren nuestras instituciones democráticas, expresión genuina del
pueblo.»
El pueblo sabe que el mismo grupo que hizo posible el fraude
en las elecciones de 1944 contra don León Cortes, es el que continúa mandando;
que en ningún momento significó cambio efectivo de poder el traspaso de
Gobierno de Calderón a Picado y que éste no es más que un servidor prisionero
de aquél. Además de la colaboración abierta del Partido Comunista, del comando
de los propagandistas de la transacción y del apoyo que le brinda la
organización de brigadas de choque compuestas por elementos del hampa que
ostentan grado militar, Calderón cuenta para obligar a Picado a servirlo, con
la mayoría de los diputados al Congreso y con la fuerza militar.
Y al correr de los días, el fortalecimiento de la
no-cooperación oposicionista obliga a Calderón, a ir poniendo en juego los
grupos en que basa su dominio, aclarando una vez más la orientación de la
huelga, la cual no busca derrocar un Gobierno sino terminar con los factores de
orden político que hacen imposible la concurrencia a las urnas electorales. Ya
para la mitad de los doce días que durará la huelga, los coroneles han tratado
de infundir el terror, ordenando asesinatos en masa de oposicionistas, y han
pretendido arrogarse facultades de juez civil, al conminar al comercio a
desistir del cierre. Los mariachis de corbata han patrullado las calles, han
desatado constantes balaceras y han colaborado con los comunistas en los
saqueos. Y los mariachis de corbata han pretendido seguir adelante con la
campaña favorable a que se entregue el Poder a un ciudadano neutral, es decir,
a un hombre despreocupado de la tragedia nacional.
Otro grupo de mariachis de corbata aún no ha sido empleado a
fondo. Los diputados de la mayoría del Congreso se han limitado en estos días
de huelga a evitar que se reúna el cuerpo deliberativo cuando así conviene a
su jefe, o a sesionar para dirigir votos de confianza al Ejecutivo por el
ametrallamiento de ciudadanos. Calderón, por medio de sus dóciles diputados,
ejerce una verdadera dictadura desde el Congreso, en el cual no tiene ninguna
influencia el Presidente Picado. No obstante, se ve imposibilitado para tomar
ciertas disposiciones que requieren, para su aprobación, un número de votos
mayor al que controla. Este escollo constitucional salva a la oposición de
que sea declarada una suspensión de garantías, con lo cual el Gobierno tendría
a mano un medio efectivo para romper por la fuerza el cierre comercial y la
no-cooperación de los empleados bancarios.
A principios de julio, antes de la huelga, se creyó que el
ansiado rompimiento entre Calderón y Picado se había producido al fin, cuando
el Secretario de Seguridad Pública René Picado, hermano del Presidente,
destituyó al Primer Comandante del Cuartel Bella Vista, Raúl Zeledón, después
de violentísimo altercado. Parecía que René buscaba recobrar el mando militar,
hasta entonces en poder del grupo de coroneles francamente calderonistas que
constituían la plana mayor de la fuerza pública. Sin embargo, acontecimientos
posteriores indicaron que René era incapaz de procurar el cumplimiento de su
deber, pues que esto hubiera implicado una molestia para el verdadero
mandatario, del cual era fervoroso admirador y a quien ayudó más adelante en
toda forma, comprendiendo esa ayuda desde el reportaje parcial e irresponsable
en los periódicos gobiernistas hasta el consentimiento para que la fuerza
pública allanase domicilios y asesinara a los ciudadanos.
Terminada la compaña política, pasadas ya las elecciones, el
1ero de marzo de 1948 Carlos Luis Valverde es el último de los héroes civiles
victimas del criminal dominio de los coroneles calderonistas. Y su nombre se
hace símbolo, que enlaza la paciente espera heroica de un pueblo con el grito
de liberación lanzado en las montañas del sur.
VIII.-HAY UN FRENTE IMPALPABLE
Desde el comienzo, los Comités Oposicionistas recomendaron a
los ciudadanos no ejercer en forma alguna, actos de violencia contra personas
o propiedades. Se hermana así la huelga con el "Satyagraha" predicado por
Gandhi. Pero al correr de los días, y en virtud de las arbitrariedades del
Gobierno, se producen algunos brotes de reacción activa. Se integra una serie
de grupos autónomos que trabajan en la clandestinidad dedicados al sabotaje y
la radiotransmisión y que, a pesar de no obedecer la orden de los directores de
la Oposición en cuanto al carácter pasivo de la huelga, colaboran con la
solución de ésta al debilitar al Gobierno, al que obligan a desplazar gran
número de tropas en su búsqueda y persecución.
Desde no se sabe donde, voces amigas vienen a traer fe,
fortaleza y esperanza. Se aguarda ansiosamente la visita cuando llega la noche,
reunida la familia junto al radio.
En la calle solitaria, los mariachis deambulan ateridos de
frío de invierno y miedo. Cada pared, cada piedra en el suelo, cada poste en
la esquina diluye espectralmente sus sombras, que se alargan y a veces
parecieran levantarse amenazantes. Los fusiles apuntan hacia el cielo y sus
disparos son los gritos de terror no articulados por las gargantas mudas de
los hombres de la costa. Y el tiroteo se extiende por toda la ciudad.
Llega la voz a los hogares. Y Costa Rica Libre hace vibrar,
porque ella los engendra para de ellos nutrirse; todos las corazones
valerosos.
El Gobierno ha clausurado las radioemisoras de la Oposición,
encarcela a quienes distribuyen boletines y obstaculiza la distribución de los
periódicos que no están a su servicio. Ante la dificultad para difundir
noticias verdaderas, jóvenes oposicionistas han puesto a funcionar dos
estaciones clandestinas. Ambas se presentan con el nombre de Costa Rica Libre
y trasmiten noche a noche, burlando la persecución que enseguida se desata en
su contra.
En húmedo y oscuro calabozo, Juan Morales trata de recordar lo
que escuchaba por el radio. La policía y los esbirros se llevan a las cárceles
a los ciudadanos que, en sus hogares, son sorprendidos escuchando la voz de
Costa Rica Libre. Varios boletines había podido escuchar. Decían:
El proyecto presentado por Gobierno al Congreso para eludir
las graves consecuencias de la paralización de los bancos no es más que un
soberano disparate. Y un atentado contra la organización bancaria y la economía
nacional. No podía ser de otra manera como fruto que es del genial e inquieto
Mechito Tinoco y del soberbio y no menos genial Alvarito Bonilla.
Las leyes se dan para los casos generales; para las
situaciones normales; para los casos que pueden ocurrir en el transcurso normal
de la vida colectiva. Pues bien, el célebre proyecto del Instituto de
Movilización del Crédito es una ley para cuando los bancos se hallen en huelga;
es decir, una ley para un caso extraordinario, anormal, patológico, que por
primera vez será presentado en los ochenta años de vida bancaria del país, y
que nunca más volverá a presentarse si, como tiene que ser, el pueblo logra
reconquistar sus derechos democráticos y el país vuelve a marchar dentro de la
Constitución y de las Leyes. Pero los proyectistas seguramente consideran que
el caldero-comunismo va a seguir en el Poder, y que el pueblo entonces tendrá
que seguir echando mano al recurso democrático de la resistencia pasiva contra
los abusos del Poder Público, y que en consecuencia, se seguirán presentando
paralizaciones bancarias como la que estamos viviendo. Así parecen razonar los
genios financieros del Gobierno.
Pero no, la verdad no es esa. La verdad es que dichos
proyectistas si saben que lo que están pretendiendo es una ley monstruosa y
circunstancial para hacer nugatorio el esfuerzo de los empleados bancarios y
meter en un régimen semi-militar, de puro corte totalitario, al régimen
bancario del país.
Como son políticos ante todo; como lo que más les interesa es
la conservación de sus canogías y sinecuras; como los intereses permanentes de
la República son cosa despreciable para ellos, no han vacilado un momento en
dirigir, con su proyecto, las bayonetas contra los Gerentes de los Bancos y los
funcionarios del Departamento Emisor, aunque con ello se ponga en entredicho
toda la legislación bancaria en vigencia, tan sabiamente concebida por expertos
extranjeros y tan prudentemente puesta a trabajar por técnicos y especialistas
costarricenses. Lo importante es que Calderón siga mangoneando; lo secundario
es lo que ocurra a las instituciones y los intereses nacionales.
El proyecto en cuestión pretende echar sobre los hombros de
los Gerentes de los bancos, so pena de tremendas sanciones, la obligación de
entregarle una certificación a cada uno de sus depositantes, sobre el monto de
sus depósitos. Con esa certificación, el depositante conseguiría efectivo en
la institución que se trata de crear, la cual -a su vez- cambiaría esos
certificados por nuevo efectivo en el Departamento Emisor del Banco Nacional,
imponiendo a los funcionarios de éste la pena de remoción si se niegan a
realizar esa operación. Por eso decimos que se militariza a Gerentes y a
funcionarios del Emisor.
¿En qué cabeza puede cabes que un Gerente, que sólo se
entiende con las líneas generales de acción de su Banco, pueda entrar a darles
certificación a todos sus depositantes, de los depósitos que tienen
constituidos en la institución? El Banco de Costa Rica, el Anglo y los demás
tienen cada uno de ellos, varios miles de depositantes. Y los proyectistas
quieren que sus Gerentes entren a hacer de cajeros, de auditores, de
contralores, de mecanógrafos, al tiempo, procediendo a certificar a cada uno de
esos miles de depositantes el monto de los fondos que tienen depositados. Es,
además de un sistema, militar, un sistema inoperante. Pues en solo estudiar
una cuenta corriente puede el Gerente perder varias horas. Y no se diga que
puede ser ayudado por los cajeros y demás empleados especializados, porque
precisamente la hipótesis en que se grava a los Gerentes con semejantes
responsabilidades, es la de una huelga en que los empleados no están
trabajando.
¿Y en qué cabeza, en segundo lugar, puede caber el que el
Departamento Emisor que es, por las leyes generales de bancos, la autoridad
encargada de velar por el valor de la moneda, aparezca obligado a cambiarle al
Instituto de Mobilisación de Crédito todos los certificados de depósitos que
éste le envíe? ¿Que cuando la huelga termine, el Emisor procederá a cobrar
sumas iguales en los respectivos bancos? Muy bien, ¿y mientras tanto? Mientras
tanto cesa por acaso la responsabilidad del Emisor para velar por la
circulación monetaria? Eso es lo único que le faltó a Mechito poner en su
proyecto para ser consecuente con sus concepciones.
Según la Ley del Banco Nacional, el Emisor no está obligado a
realizar ninguna operación de emisión. Todas ellas -compra de oro físico,
compra de divisas extranjeras, adquisición de documentos de crédito, etc.- son
facultativas: él puede realizarlas o no realizarlas. Y tiene que ser así, ya
que si se pone a su cargo la grave responsabilidad de velar por la circulación
monetaria, debe dejársele un amplio margen de acción y de decisión. El que
tiene la responsabilidad tiene que contar con la libertad de decidir. Pero de
acuerdo con el proyecto que se comenta, mientras la responsabilidad del Emisor
continúa en pie, se le despoja de la libertad de que hasta ahora ha gozado, y
se le obliga a realizar todas las operaciones que el Instituto proyectado le
proponga sin chance ni de protestar siquiera. Pues que la protesta, o la
negativa a operar, se castiga con la remoción de los funcionarios.
Claro que semejante militarización no podrá ser soportada por
los actuales técnicos del Banco Nacional, que son personas serias y
responsables; habrá que llevar allí a personas sin criterio y sin escrúpulos
que hagan todo lo que el Gobierno ordene hacer. ¿Que le parecerá, por ejemplo,
al público que realiza operaciones con los bancos, que el Emisor esté integrado
por Albertazzi, Mitajuana y Pencho Alvarado, o por cualesquiera otros de su
mismo tipo, aunque talvez con pretensiones de ser distintos? ¿Sabe o no el
Gobierno lo que la confianza significa en materias económicas? ¿Sabe el
Gobierno que la desconfianza es la madre de todas las crisis financieras, y
que, con su proyecto de marras lo que puede llegar a conseguir es que la huelga
civil se propague hasta el uso del dinero? ¿Sabe el Gobierno lo que
significaría para él que la gente se negase a recibir colones de los que se
sabe han sido emitidos al conjuro de una legislación oportunista y
circunstancial y al golpe discreto de un cañón de rifle en las espaldas de los
funcionarios del Departamento Emisor? Decididamente hay que confesar que los
calderones y los comunistas desconcertados por la vitalidad del pueblo
costarricense y por su capacidad de sacrificio, no han hecho más que torpezas y
estupideces.
Pero ya falta poco para la victoria final. Y cuando esta
llegue, el proyecto luminoso de Instituto de Movilización del Crédito figurará
a buen seguro en la Sección de bichos raros de nuestro Museo Nacional, para
asombro de los estudiantes de Ciencias Económicas y vergüenza de sus
atolondrados autores.
Durante estos días ha llamado la atención el paralelismo entre las líneas
de conducta del Gobierno y del partido comunista, y la forma en que estas
líneas de conducta se complementan. Hay actividades que realiza el Gobierno
contra el pueblo, y hay otras actividades que realiza el partido comunista.
Unas y otras actividades se complementan maravillosamente: parece dejarse al
partido comunista la iniciativa y el Gobierno responde enseguida en forma ya
determinada. Es siempre el mismo juego. Los ejemplos abundan: la prensa
oficialista dice que el pueblo está hambriento, y el comunismo se lanza a
saquear establecimientos señalados de antemano. La prensa oficialista dice que
el movimiento de resistencia civil es una protesta de los ricos contra el
impuesto sobre la renta, y los comunistas amenazan con echarse a las calles a
exigir con sus armas, como lo dijo el líder comunista Manuel Mora, la solución
del problema.
La distribución gratuita que de los elementos esenciales de la
alimentación se está haciendo a todas las clases populares, se hace más
perfecta cada día. Los comités de abastecimiento de la Oposición, encargados de
que el pueblo no sufra hambre a causa del movimiento nacional de resistencia
civil informan a los círculos directivos que diariamente reparten, con la
colaboración de la Cruz Roja Internacional, de las Juntas de Protección Social
y de la Junior Chamber International, muchos miles de botellas de leche y gran
cantidad de arroz, frijoles, azúcar y otros artículos de primera necesidad sin
cobrar un céntimo por estos servicios y sin discriminaciones de carácter
partidista. En las ciudades funcionan comedores públicos y dentro de poco
tiempo se espera extender este servicio a todas las zonas del país.
El Gobierno y el comunismo, que recientemente trataron de
sorprendernos con la mentirosa noticia de que el pueblo estaba hambriento, al
darse cuenta de que la Oposición asiste gratuitamente al pueblo no encuentran
mejor camino que la violencia para responderle. Denunciamos las maniobras
criminales del Gobierno y del comunismo, que aúnan sus esfuerzos para que los
víveres destinados al pueblo no lleguen a las manos que los necesitan.
Denunciamos que el Gobierno y el comunismo quieren mantener hambriento al
pueblo para que prosperen sus prédicas demagógicas y para desacreditar al
movimiento nacional de resistencia civil.
Este llamado se dirige a las fuerzas armadas del país, a los
soldados de Costa Rica para quienes todavía el honor militar no sea una palabra
hueca.
Este llamado se dirige a los soldados costarricenses para
advertirles que deben negarse a seguir prestando sus servicios a un Gobierno
que les manda ametrallar a sus compatriotas a sangre fría y sin provocación. El
movimiento nacional de resistencia civil, la huelga de brazos caídos que les
han ordenado combatir por el camino de la sangre a pesar de que este movimiento es
respetuoso y pacífico, tiene como objeto algo que beneficia por igual a todos
los costarricenses honrados, cualquiera sea el partido político a que
pertenezcan, porque se origina únicamente en la negativa del Gobierno de
otorgar al pueblo garantías efectivas para el libre ejercicio del derecho de
votar. Si esas garantías se obtienen, saldrán beneficiados con ellas no sólo
los miembros del partido nacional oposicionista, sino todos los costarricenses
honrados, es decir aquellos costarricenses que están sencillamente preocupados
porque el derecho de votar se ejerza libremente en Costa Rica. No existe una
verdadera democracia allí donde el derecho de voto está restringido por la
arbitrariedad del Gobierno, porque la importancia del sufragio libre está
precisamente en asegurar que las personas electas por votación popular son de
verdad representantes del pueblo. Ustedes saben que ese no es el caso de Costa
Rica, porque han presenciado los escandalosos fraudes electorales de éste y del
pasado Gobierno, y quizás no han tenido la serenidad de ánimo para reflexionar
que por este camino ustedes están contribuyendo a legar a sus hijos una patria
sin libertad y sometida a las arbitrariedades de unos pocos. A ustedes se les
tiene con hambre y se les paga mal mientras reciben órdenes de los hermanos
Calderón Guardia, enriquecidos con el dinero del pueblo, que es el dinero de
ustedes. ¿Hasta cuándo seguirán colaborando con este régimen de infamia que
soporta Costa Rica?
¿Hasta cuando se seguirán prestando para ametrallar a sus
hermanos que no están pidiendo granjerías para ellos sino efectivos beneficios
para el país entero?
Si necesidades económicas les obligan a prestar servicios al
Gobierno, se les ofrece trabajo digno en las ciudades y en los campos. Si de
alguna manera la gratitud les mantiene en las filas del Gobierno, es preciso
que recuerden que no hay gratitud en este mundo que sea más importante que la
conciencia da un hombre de bien, y que ninguna forma de agradecimiento es
motivo bastante para arrastrar a un hombre digno al asesinato.
¡Alerta, costarricenses! El Gobierno de Costa Rica está usando
el Poder Legislativo como un medio de amenaza y como un instrumento contra el
pueblo. Las leyes que pretende pasar el Gobierno en estos días representan los
intereses del Gobierno enfrente del pueblo, y como sólo es lícito legislar en
nombre del pueblo y para bien del pueblo, se hace la siguiente
recomendación:
Si el Gobierno de Costa Rica pretende usar las leyes como un
instrumento de coacción contra el pueblo, el presente movimiento, que es de
resistencia civil, debe transformarse en un movimiento nacional de
desobediencia civil, que significa no prestar acatamiento a las leyes,
excepción hecha de aquellas que garantizan la vida, el honor, la paz y la
propiedad ajenas. Este movimiento, si se considera necesario para la salvación
del pueblo, tendrá como consecuencia inmediata la cesación del pago de toda
clase de contribuciones al Gobierno, y el desconocimiento y desobediencia
pacíficas de sus Autoridades. Por el momento se recomienda disminuir al mínimo
el consumo de aquellos artículos que soportan tasas, especialmente cigarrillos
y licores; y se recomienda de modo particular retirar los litigios civiles de
los Tribunales de Justicia, y resolverlos mediante Arbitros privados, como lo
permite de modo expreso nuestra Constitución Política. Oportunamente, en el
caso de que entremos a esta nueva etapa de nuestro movimiento, o sea la
desobediencia civil, daremos al pueblo de Costa Rica todas las instrucciones
que sean necesarias.
IX.-EL TIEMPO DETENIDO
Junto con otros reos políticos, Juan Morales padece hambre y
sed de justicia. Al calabozo llegan a menudo los oficiales y la soldadesca y
los insultan con voz enronquecida por el odio y el guaro. A veces se les lanza
un balde de agua sucia sobre el duro suelo en donde duermen. A veces les dan de
patadas o los golpean, con las cacha de los revólveres o las culatas de los
rifles. El alimento es malo y escaso, porque no se les entrega ni siquiera el
auxilio que familiares en libertad les envían.
No le está permitido salir a estirar los entumecidos miembros,
ni tomar un rayo de sol en los patios. Los calabozos se van convirtiendo
paulatinamente en pocilgas de un hedor insoportable a excremento y vómito. Los
días, que lentamente pasan, están llenos de ascos y de hambres; de sed y de
dolores. De silencio.
Es más dura la prisión cuando es injusta. Pareciera que el
frío penetrase más allá de los huesos y que el tiempo estuviera detenido en un
punto mortal.
Por los nuevos presos, que constantemente llegan, Juan Morales
y sus compañeros se mantienen enterados de lo que ocurre fuera de la cárcel. Es
así como se enteran de que algunas personas intentan buscar, por distintos
medios, arreglo a la situación.
Logran saber que, en reunión de Gabinete, tres Secretarios de
Estado, tras deliberar ampliamente en busca de una solución, deciden sugerir
al Tribunal Electoral como mediador, aprovechando que los miembros de ese
cuerpo habían visitado el 24 de julio al Presidente con fines conciliatorios.
Que mientras tanto, el Secretario de Seguridad Pública recibía en La Sabana a
dos técnicos ametralladoristas de la Guardia Nacional de Nicaragua y a un
experto en morteros del Ejercito Hondureño, los cuales han sido enviados por
Somoza y Carías para asesorar e instruir a los asesinos del pueblo
costarricense.
Averiguan que, después de la reunión de Gabinete del 25 de
julio, han tenido lugar otras y que en manos de los Secretarios de Relaciones
Exteriores, de Fomento y de Trabajo están algunas de las condiciones básicas
puestas por la Oposición para declarar terminada la huelga, transmitidas por
el Tribunal Electoral. Que el Presidente Picado no abandona su intransigencia y
rechaza de plano esas condiciones, negándose, entre otras cosas, a hacer
cambios militares y no aceptando ni siquiera permutas, ya que en realidad la
fuerza pública no está en manos de los Picado sino en las de los Calderón, los
cuales han obtenido hasta que se dé de alta en servicio activo de las armas,
con grados militares, a su jefe de brigadas de choque y a sus principales
guardaespaldas.
Pueden enterarse de que la intervención de los Secretarios
de Estado no llega a ningún resultado, con motivo de lo cual se produce, el 29
de julio, la renuncia irrevocable del Secretario de Trabajo, Lic. Miguel
Brenes. Que lo acompaña en su actitud el Subsecretario de esa Cartera y que el
texto de la renuncia es:
Señor Presidente de la República. Casa Presidencial
Muy estimado señor Presidente:
La presente tiene por objeto llevar al ilustrado conocimiento
de Ud., con verdadera pena de mi parte, la decisión irrevocable de separarme de
las funciones de Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión
Social, que he venido desempeñando en el Gobierno que usted dignamente
preside.
Motiva mi renuncia la circunstancia muy significativa de que
usted, en su condición de Jefe del Estado, ha prescindido por completo de mi
modesta colaboración como Secretario de Estado, durante todo el desarrollo de
los delicados y graves acontecimientos que ha vivido y vive el país, a pesar de
habérsela ofrecido gustosamente, en nombre propio y en el de los estimables
compañeros de Gabinete que me dispensaron el honor de darme el encargo, desde
el comienzo de la situación.
Además, en el hecho fundamental de que yo no apruebo, en
manera alguna, las medidas adoptadas por el poder Ejecutivo para tratar de
solucionar el conflicto.
Reitero al señor Presidente los sentimientos de mi sincera e
invariable amistad personal; y aprovecho la oportunidad para suscribirme su
atento servidor y afectísimo amigo, MIGUEL BRENES G.
Se enteran los reos de que el Presidente, desde el Cuartel de
Artillería en donde reside, insta al señor Brenes a retirar su renuncia,
invocando la amistad que los une y lo provechosa que ha sido para el país su
gestión como Secretario de Trabajo. A esto el Lic. Brenes contesta que su
renuncia no ha sido un gesto impremeditado sino el producto de honda reflexión
y que ratifica en todos sus términos la carta de renuncia. Dice: "Hay momentos
en que deben dejarse a un lado los llamados del corazón para cumplir con los
deberes que demanda la Patria."
Fracasan las gestiones de arreglo iniciadas en el seno del
Ejecutivo. Pero entretanto, el Tribunal Electoral ha venido reuniéndose con los
personeros de los Bancos, en busca de igual fin. El mismo día en que los
comunistas saquean el comercio en San José, los banqueros hacen una proposición
concreta que, a pesar de ser rechazada por el Presidente, contiene las bases
del convenio definitivo de unos días más tarde. Los periódicos oposicionistas
dan la noticia:
«Hacia la media noche del lunes, los señores banqueros
convinieron en presentar al señor Presidente y al señor Ulate una nueva fórmula
de solución muy breve, que se reducía a que ambos aceptaran que las garantías
electorales fueran calificadas y aprobadas por el Tribunal Electoral y que una
vez aceptadas estas garantías se hiciera una tregua de diez días, durante los
cuales no habría manifestaciones políticas, ni discursos, ni política en los
radios o en los periódicos. En suma, la proposición se limitaba a que el
Tribunal Electoral fijara las garantías, a que el Ejecutivo aceptara esa
fijación y a que el señor Ulate la aceptara también. En este caso el señor
Ulate haría una proclama dando por terminada la huelga en todo el territorio.
El señor Ulate aceptó esta nueva fórmula íntegramente, con un (pequeño
agregado en el que se decía que la huelga cesaría inmediatamente que las
garantías, aprobadas por el Tribunal, fueran hechas efectivas. El señor Picado
evadió el examen de esta fórmula porque dijo que los miembros del Tribunal
Electoral no aceptarían hacerse cango de la fijación de las garantías.
Hasta anoche, esta era la situación inquietante que prevalecía
en el país. Sabemos, sin embargo, que tanto el Tribunal Electoral como los
banqueros siguen trabajando empeñosamente por encontrar una solución que
afiance la paz de la República, asegure la libertad electoral y permita el
regreso a la normalidad.»
Fracasada su primer tentativa, los banqueros se entrevistan al
día siguiente con Monseñor Sanabria, Arzobispo de San José, y le piden su
mediación. Monseñor, para iniciar sus gestiones, les solicita el respaldo de
un pliego con firmas de personas de representación.
Durante todo el miércoles 30 de julio, los miembros del
Tribunal Electoral permanecen en conversaciones con representantes de la Banca,
de la Oposición y del Gobierno, y el Lic. don Gerardo Guzmán, Presidente del
Tribunal, se muestra optimista en declaraciones para la prensa.
Un policía se acerca al calabozo y abre la puerta.
-¡Juan Morales! -grita.
El preso se incorpora trabajosamente y como un autómata sigue
al gendarme a través de corredores que para su debilidad se hacen
interminables. Siente dolor en los ojos, que en pocos días han perdido la
resistencia a la luz.
Ante una puerta se le hace esperar por largo rato. Al fin se
le introduce en una habitación en que un sargento parece esperar. Se le
comunica que está libre. No se le dice a qué o a quien le debe el favor.
-Serán los abogados de la Oposición- piensa.
Y de pronto, la calle.
El cuadro no ha cambiado. Todo permanece quieto.
Más tarde se entera de que la huelga se mantiene en todo el
territorio de la República, a pesar de los desesperados esfuerzos del Gobierno,
del calderonismo y del comunismo para hacerla fracasar. Que continúan las
persecuciones, allanamientos y las balaceras. Que Costa Rica Libre aún
trasmite. Que damas calderonistas intimidan a los empleados públicos para
que firmen pliegos de adhesión y apoyo al candidato oficial. Que el Gobierno no
ha podido pagar los sueldos de sus servidores, a los que ha entregado vales que
nadie admite. Que continúa la ola de protestas por las arbitrariedades y que
aún los más tibios han hecho público repudio de los actos del oficialismo. Que
algunos Secretarios de Estado presionan al Presidente para que abandone su
actitud intransigente. Que los Calderón siguen en los cuarteles. Que los
periódicos adictos al Gobierno aseguran que los, saqueos han sido hechos por
los oposicionistas. Que los boletines del Comité de Huelga son cada vez más
enérgicos. Y que los comunistas, para hacer creer que no han tenido
participación en los saqueos, habían anunciado una manifestación para las
cinco de la tarde del 31 de julio para pedir energía al Gobierno y con la
consigna de no robar.
El desfile no fué autorizado por el Presidente. Pero Manuel
Mora, Jefe del Partido, manifestó que daba 48 horas a los directores de la
huelga para que ésta terminase, pues en caso contrario el comunismo se lanzaría
a la calle con sus arnas, para exigir que el problema se definiese. Antes de
hablar a su Partido en la Plaza de la Soledad, había conferenciado largamente
con los hermanos Calderón.
Es el primero de agosto de mil novecientos cuarenta y
siete.
X.-MILAGRO EN LA ALTA NOCHE
Factores de origen local, hacen que la huelga tenga en cada
región su modalidad propia, al aumentar o disminuir su intensidad. En un primer
plano de violencia se cuentan Cartago, San José y Alajuela. En estas ciudades
el Gobierno ha disparado más contra loe oposicionistas: ha encarcelado mayor
número de simpatizantes del movimiento y ha permitido con más grande descaro
los saqueos comunistas.
Y de Cartago, San José y Alajuela son las damas que suscriben
un manifiesto:
«...Es de extrema urgencia poner remedio a esta situación.
Esta barbarie no debe continuar. Elevemos ruegos a la Providencia para que nos
devuelva la tranquilidad, y pedimos a los costarricenses que se unan en un solo
haz de voluntades, y soliciten, en la forma que corresponda, que los señores
Calderón Guardia abandonen el país...».
Una serena y maternal preocupación recorre esas líneas. No hay
insultos, ni frases violentas, ni amenazas. A pesar de intuir con sibilina
claridad la tragedia que estallará seis meses después, las damas se limitan a
pedir que los Calderón, enemigos de la tranquilidad pública, se vayan del
país. Y esa decorosa actitud habrá de ser la característica en la intervención
de las mujeres en la huelga de brazos caídos. Su tono será el más firme y
decidido al mismo tiempo que el de menor violencia. Y cuando creen llegado el
momento de actuar, preparan antes su espíritu con la oración. El primer llamado
de un grupo de damas, constituido en Comité, dice así:
«El Comité que suscribe está respaldado por miles de
mujeres. Si este Comité es silenciado, inmediatamente otro grupo tomará
nuestro lugar...»
Convoca para demandar al Presidente la
«Devolución de las libertades que han sido cercenadas hasta
un punto inadmisible para la dignidad de Costa Rica».
«Hoy, 31 de Julio, será día de oración. Las mujeres se
recogerán en los templos para preparar el espíritu para la gran jornada
cívica...»
«Cuando reciban el aviso necesario, se saldrá en una
manifestación en orden perfecto, que desfilará hacia la casa presidencial con
banderas blancas, bajo las voces únicas del Himno Nacional. Nuestra petición
será garantías iguales para todos los costarricenses».
En la mañana del sábado dos de agosto de mil novecientos
cuarenta y siete, ocho mil mujeres llegan a las puertas de la Casa
Presidencial. Han recorrido la última jornada, en el penoso camino que por
doce largos días ha transitado el pueblo y a pesar de los muertos, a pesar de
la sangre y de las lágrimas, la enlutada procesión silenciosa solo pide
garantías electorales.
«Nos congregamos en la Catedral para una invocación a la
Virgen de los Angeles. Luego saldremos hacia la casa presidencial en orden y
silencio perfectos, de acuerdo con las instrucciones que ya han sido
distribuidas, para presentar un pliego al Sr. Presidente de la República.
Tenemos garantía de completas seguridades para que nuestra
manifestación no sea interferida. A los caballeros que han insistido en
protegernos, les pedimos vehementemente abstenerse de hacerlo para que nadie
pueda decir que hay provocación política alguna en nuestro movimiento. Estamos
absolutamente seguras de que no habrá costarricense capaz de estorbar un
desfile respetuoso de madres y jóvenes costarricenses que sólo piden
libertades para nuestro pueblo.
Si al iniciarse el día de hoy tuviera Costa Rica la solución
ansiosamente esperada, oraremos en acción de gracias en la Catedral y pasaremos
luego a expresar al Sr. Presidente de la República nuestra fé en que su
gobierno ha de asegurar, dentro de su debida autonomía, las garantías que den
perfecta confianza a la nacionalidad costarricense».
El Presidente no atiende a las mujeres. Se limita a decirles
que pidan un milagro a la Virgen de los Angeles, cerrando acto seguidlo la
puerta tras de sí.
Contra las mujeres se desata entonces toda la villanía, toda
la bajeza y la suciedad existentes en el oscuro fondo de los hombres del
Gobierno. Deben ser apuradas las últimas gotas del amargo cáliz.
Después de un día en el Parque Nacional soportando la burla y
el insulto de militares, comunistas, mujerzuelas, y palaciegos, las damas se
han preparado para pasar la noche frente a la Casa Presidencial. A las once y
media de la noche es desconectada la corriente eléctrica y envuelta en las
sombras, la policía lanza contra las señoras la afrentosa furia de sus cintazos
y sus disparos, obligándolas a buscar refugio en las casas vecinas.
Al volver el silencio y la calma, en la alta noche, se produjo
el milagro. Y mientras la protección de los hogares va cubriendo a las mujeres
que regresan, el Gobierno se ve obligado a dar al pueblo las garantías que este
ha sabido conquistar.
Al día siguiente, los periódicos informan. Se publica el
convenio entre la Oposición, el Gobierno y el Partido oficial:
Como resultado de la intervención de los Miembros del
Tribunal Nacional Electoral en concepto de mediadores, se ha llegado a convenir
en lo siguiente:
1) Crear un Comité de Investigación integrado por tres
miembros propietarios y tres suplentes. (Estos para el caso de muerte o
impedimento de los propietarios). Su nombramiento será hecho por el Tribunal
Nacional Electoral, designando cada miembro del mismo un miembro propietario y
un suplente. Los elegidos serán personas de reconocida independencia, de
imparcialidad política, y de rectitud y moralidad intachable, todo a juicio del
Tribunal. El Comité de Investigación tendrá las facultades establecidas en el
proyecto respectivo redactado por el Tribunal Nacional Electoral y que se
agregará al presente convenio.
2) Se publicará una declaración firmada por el Presidente de
la República, el Secretario de Seguridad Pública, los Diputados del Partido
Republicano Nacional y los de la Oposición, por los jefes del Partido
Republicano Nacional y de la Oposición, y por jefes y oficiales de las fuerzas
públicas, en la cual se comprometerán a aceptar como definitiva e inapelable la
resolución que sobre las elecciones del mes de Febrero entrante emita el
Tribunal Nacional Electoral. Además, el Presidente de la República y su
secretario de Seguridad Pública entregarán dentro del término de veinticuatro
horas después de firmada esa resolución, el control de las fuerzas públicas al
ciudadano favorecido por la referida declaratoria de elección.
3) El Poder Ejecutivo presentará inmediatamente al Congreso
Constitucional un proyecto de ley para que se concedan reparaciones justas y
equitativas a juicio del mismo, para todas las personas que hayan sido heridas,
y para las esposas e hijos menores de los que hayan fallecido por consecuencia,
directa de los acontecimientos de la pasada emergencia, proyecto que los
señores Diputados de la Oposición y del Partido Republicano Nacional se obligan
a aprobar.
Es bien entendido que las personas que acepten la reparación
ofrecida por el Poder Ejecutivo quedan por el mismo hecho comprometidas a no
ejercer reclamaciones judiciales con el mismo objeto, aunque una ley anterior
los autorizara para hacerlo.
4) El Presidente de la República garantiza a todos los
empleados que el Poder Ejecutivo dará absoluta libertad como reiteradamente lo
ha ofrecido, para afiliarse al Partido Político de sus simpatías sin que pueda
haber represalias ni destituciones por ese motivo. Cualquier incumplimiento de
esta cláusula por subalternos del Poder Ejecutivo, será de conocimiento y
resolución del Comité de Investigación.
5) Queda establecido que no se ejercerán represalias ni
persecuciones de ninguna clase sobre las personas o empresas que hayan tenido
participación en la huelga de brazos caídos, o sobre los que no hayan
participado en ella.
6) Con el único objeto de que la contienda eleccionaria se
desarrolle en un ambiente de libertad y garantías irrestrictas y de que por
consiguiente no coarten en ninguna forma las manifestaciones y actividades
políticas de los electores, se establece que el Tribunal Nacional Electoral
ejercerá vigilancia y autoridad sobre los miembros de la policía nacional en
cuanto a las actuaciones relacionadas con el proceso electoral, y las ejercerá
por medio de un cuerpo de delegados suyos de reconocida rectitud, sin que en
caso alguno sea menester la intervención personal de los miembros de aquel
Tribunal para dar cumplimiento a las disposiciones del mismo. Los delegados del
Tribunal Nacional Electoral quedan revestidos de la autoridad necesaria para
llevar a cabo su cometido.
7) El Presidente de la República, los dos Partidos políticos
mencionados y los Diputados de los mismos, se comprometen a dar todo su apoyo
y a mantener en sus puestos a los actuales miembros del actual Tribunal
Nacional Electoral, elevando a propietario el suplente respectivo en caso de
muerte o incapacidad de alguno de los propietarios y nombrando para suplente a
quien reúna las mismas condiciones morales de los actuales miembros. Se hace
constar que a los miembros del Tribunal Nacional Electoral se les ha pedido, y
ellos han manifestado el propósito de permanecer en sus puestos, para coadyugar
en lo que les concierne, al cumplimiento de lo que se ha pactado.
8) Los Diputados al Congreso Constitucional del Partido
Republicano Nacional y de la Oposición, se obligan a votar sin pérdida de
tiempo el presupuesto de gastos que solicite el Tribunal Nacional Electoral
para sus gastos ordinarios, y los que este convenio le demande.
9) Para satisfacer los deseos expresados por los mediadores,
los firmantes se comprometen a recomendar a la ciudadanía que se observe una
tregua completa en las actividades políticas durante ocho días, y los jefes de
los partidos se comprometen igualmente a excitar a sus partidarios para que no
hagan uso de la prensa ni de los radios con fines de propaganda política; ni
celebren reuniones públicas en estos días, con el objeto de dar tiempo de que
los ánimos se serenen completamente.
San José, 3 de agosto de 1947.
ANEXO AL CONVENIO ENTRE EL PODER EJECUTIVO Y LOS PARTIDOS REPUBLICANO
NACIONAL Y UNION NACIONAL
Artículo 236 bis.
a) Las denuncias de actos que pudieran considerarse como
transgresión de las leyes electorales, y que llegaren a ser realizados por
gobernadores, jefes políticos o empleados militares o de policía, podrán ser
sometidas al estudio de un Comité de Investigación Electoral. Para ello será
indispensable que el Comité Ejecutivo de un Partido Político organizado
conforme al Artículo 104 del Código Electoral, prefiera, en vez de acudir
directamente a los Tribunales comunes, optar por el procedimiento
administrativo que este artículo reglamente, y que al efecto presente la
respectiva denuncia ante el Comité. Este tendrá por función efectuar en cada
caso una investigación rápida y lo más completa posible de los hechos
denunciados, actuando según los procedimientos y formalidades que el mismo
organismo determine, y contando con la cooperación obligatoria y el apoyo
decidido y eficaz de todas las autoridades de la República. Si la investigación
arrojare mérito suficiente, el Comité procederá sin pérdida de tiempo y
comunicará el resultado al Poder Ejecutivo, a fin de que suspenda
inmediatamente en sus funciones al empleado, el cual no podrá ser nombrado para
ningún otro empleo público mientras no haya sido declarado inocente por los
Tribunales.
b) El Comité de Investigaciones estará integrado por tres
miembros propietarios y tres suplentes (éstos para el caso de muerte o
impedimento de los propietarios). Su nombramiento será hecho por el Tribunal
Nacional Electoral, designando cada miembro del mismo un propietario y un
suplente.
Los elegidos serán personas de reconocida independencia, de
imparcialidad política, y de rectitud y moralidad intachable, todo a juicio del
Tribunal.
c) Las resoluciones del Comité se tomarán por mayoría de
votos. El cargo de miembros del Comité de Investigación será obligatorio para
todo ciudadano costarricense que reúna las condiciones de elector.
Se publica también una declaración del Tribunal Electoral:
El Tribunal Nacional Electoral ha considerado de su deber
evitar que surjan nuevos sucesos de gravedad imprevisible con motivo de la
interpretación partidarista que pudiera darse a las conclusiones de mediación
acordadas; y con ese fin ha solicitado a los partidos políticos y estos han
convenido en ello, que se informe al público del resultado de sus gestiones por
medio de esta única publicación.
Se declaran concluidas las dificultades de carácter político
existentes desde el momento de esta publicación y por consiguiente, se
reanudarán a partir de mañana todas las actividades económico-sociales del país
que estaban en suspenso.
Se ha convenido y aprobado por los partidos políticos un
pliego de garantías electorales que se agrega a esta exposición.
Los partidos políticos, a instancia de este Tribunal, se han
obligado solemnemente a mantener durante ocho días que expirarán el próximo
sábado nueve de agosto, a las veinticuatro horas, una tregua en todas sus
actividades de carácter político que incluirá la prohibición de efectuar
reuniones, manifestaciones, toques de sirena, desfiles y cualesquiera otros
medios de concentración; el compromiso de no hacer publicaciones de carácter
político en diarios u hojas sueltas, obtener de los periódicos en general la no
inserción de reportajes, memoriales, informaciones, o avisos de carácter
político, con excepción del acuerdo de garantías y de este manifiesto;
asimismo, los partidos políticos se obligan a suspender durante el lapso de la
tregua sus transmisiones de radio, haciendo que todas las «Radio Trasmisoras»
respeten tal decisión sin lugar a agregar, que las trasmisiones o publicaciones
que pudieran violar esta tregua, son de carácter particular o clandestino.
El Tribunal Nacional Electoral se complace en reconocer la
cooperación y espíritu conciliatorio que ha privado entre los funcionarios y
particulares que han intervenido en la feliz terminación del convenio y pide a
toda la ciudadanía que durante la tregua acordada no se ataque en forma alguna
a las mencionadas personas.
Este pacto se ha extendido en tres ejemplares cada uno de los
cuales lleva las firmas respectivas de las partes.
San José, 3 de Agosto de 1947.
Octavio Beeche. -José María Vargas G. -G. Guzmán. -Max Koberg Bolandi
Ninguna de las personas que intervienen para solucionar la
huelga ha fracasado en su intento.
El Secretario de Trabajo, con su renuncia a raíz del rechazo
de su intervención conciliadora, hace ver al pueblo la profundidad del abismo
en que el predominio de Calderón precipita al Gobierno. Los banqueros ponen las
bases del arreglo definitivo. El Tribunal Electoral sirve en forma constante de
mediador. Y el Arzobispo, que con clara percepción de la realidad comprende lo
imposible de llegar a un acuerdo en ausencia del verdadero mandatario, plantea
la posibilidad de arreglo no entre la Oposición y el Gobierno sino entre la
Oposición y el Partido Oficial, al invitar a las conversaciones a dos delegados
de esa agrupación.
Aquello que comenzara con un movimiento local para lograr
garantías para la seguridad personal, termina con la conquista de garantías
electorales para todo el país.
El pueblo ha cobrado conciencia de su fuerza. Ha conquistado
su derecho a elegir libremente, y sabe que en adelante, ese derecho no podrá
serle arrebatado.
Esta noche de julio de mil novecientos cincuenta y tres, Juan
Morales piensa. Lo envuelve la extraña sensación de haber vivido de nueva
escenas ya pasadas.
Se incorpora y camina hacia la puerta. Arriba, el alto cielo
comienza a iluminarse.
Contempla el empedrado patio. El viento, pasando suavemente
por las hojas de los árboles de la cerca, trae los mugidos de las vacas que en
el cercano establo ofrecen el regalo de su leche. Amanece. Todo es calma en el
campo. Todo es calma en la Patria. Todo es paz.
Lejos ya en el espacio y en el tiempo, al pensar en las cosas
que pasaron, Juan Morales percibe con íntima emoción el palpitar del pueblo, su
fe, su heroico afán de sacrificio, su ternura y su fuerza.
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