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La Huelga de Brazos Caídos


Por Roberto Fernández Durán


  Introducción
  I. Fuerza pública y pueblo
  II. Un martes, a las nueve de la noche
  III. En Cartago, la heroica ciudad
  IV. El fantasma del miedo
  V. Las tres factores
  VI. Mariachis de cobija
  VII. Mariachis de corbata
  VIII. Hay un frente impalpable
  IX. El tiempo detenido
  X. Milagro en la alta noche
  Epílogo
  Anexo
     La Huelga de Brazos Caídos y Guerra Civil 1948  por Manuel Calderón H. 
     Hoja suelta  Julio 1947 




En la noche de julio, Juan Morales piensa.

Sobre el tejado roto de la casa rural corre la lluvia, inclemente, incesante y tenues chorros finos de agua clara caen en la habitación. Una columna azul sube de su cigarrillo encendido, diluyéndose poco a poco en el aire. A ratos, un golpe de viento la agita, rompiendo con violencia su continuada ascensión oscilante.

Perdido tras el humo, en la noche de julio, Juan Morales piensa.

Ya pronto hará seis años que una vez estuvo acostado, en una noche de julio y lluvia, perdido también tras la asociación vertiginosa de sus ideas. Y ahora en Juan Morales se va abriendo lentamente un oculto camino que desde, la memoria busca el alma. La vida fluye en el recuerdo. Las escenas aclaran y se animan y los actos cobran realidad y significado.


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I. FUERZA PUBLICA Y PUEBLO

Frente la plaza de la Artillería, en San José, el Gobierno ha disuelto a tiros una de las muchas manifestaciones populares de solidaridad con la huelga de brazos caídos. Es cerca de la media noche del martes veintidós de julio, de mil novecientos cuarenta y siete y dos cadáveres, un herido de gravedad, y varios leves son el saldo trágico y el testimonio acusador del abuso de la fuerza pública en poder de políticos inescrupulosos y funcionarios venales.

Juan Morales ha visto caer los heridos y ha esperado la llegada de las ambulancias de la Cruz Roja que los transportan al San Juan de Dios. Con los ojos desmesuradamente abiertos por la incredulidad y el miedo se ha acercado a los muertos: uno yace de espaldas en la esquina opuesta al Banco Nacional; el otro está tendido veinticinco varas al Oeste, sobre la media calle.

Como obedeciendo a una consigna, los compañeros de hace sólo un instante están callados. El silencio es solamente interrumpido de tarde en tarde por las voces de la policía, acantonada en el cuartel y en la calle del Congreso:

-Alto ¡Devuélvase!

Se impide el paso. Se obliga a todo el mundo a devolverse bajo la amenaza del máuser y la ametralladora de pecho.

Más tarde, al no poder conciliar el sueño, Juan Morales trata de recordar los acontecimientos de los últimos días. Comprende que vale la pena fijarlos claramente en la memoria, pues, como cada uno de manifestantes del lunes y del martes, sabe que está viendo momentos importantes en los cuales cada persona es como la gota de una gran marejada. Es que en determinadas ocasiones, el pueblo pareciera escuchar una voz al conjuro de la cual toda la angustia, todo el dolor y la sed de justicia se canalizan en una dramática necesidad de acción. Y cuando el pueblo actúa la historia acelera su ritmo y sus páginas más brillantes quedan escritas con sangre generosa de víctimas heroicas.

El domingo veinte de julio, sorpresivamente, los militares habían sometido Cartago al terror. Al salir la gente de los teatros, tomando los más el rumbo a la Avenida Central para hacer la acostumbrada ronda, había sido atacada súbitamente por la policía, armada hasta los dientes, que salía de lugares estratégicos previamente ocupados, como las bodegas del Ferrocarril del Norte, el parque Jesús. Jiménez y las de la Iglesia Parroquial. Sin distingos de ninguna naturaleza, mujeres, y hombres, ancianos y niños fueron objeto de una persecución encarnizada, cruel y violenta. Como los cartagineses hicieran frente a la fuerza pública, desarmando a varios policías, las autoridades consideraron llegado el momento de hacer funcionar ametralladoras de pie instaladas con anterioridad. Los ciudadanos que estaban en la Avenida Central, el Parque Principal y las cercanías del Banco de Crédito Agrícola, hubieron de soportar el fuego sostenido de esas armas, además de las ráfagas de ametralladoras de pecho disparadas por la oficialidad.

Con bombas lacrimógenas y disparos de ametralladoras se obligó al público a desalojar los sitios de reunión, para ser atacado al salir por la policía. La furia oficialista llegó a tal grado, que fueron agredidos el Juez Civil de la Provincia y un Magistrado Suplente en ejercicio.

Como el ataque obedecía a un plan preconcebido, la policía se dio a la búsqueda de los jefes de la oposición, tarea que no resulto difícil, pues los dirigentes estuvieron junto al pueblo en los momentos de peligro. Casi ninguno se libró de la violencia desencadenada y casi todos fueron víctimas de bárbaras flagelaciones.

Tan enconada fue la persecución; tan inhumano el ataque de la fuerza pública, que a nadie extrañó el que no se respetase ni la puerta venerable del Hospital Max Peralta, en donde los cirujanos se vieron obligados a improvisar una sala de operaciones, ya que los gases de una bomba lacrimógena habían tornado irrespirable el ambiente en la sala de cirugía. Aquellos que en la calle cercana al hospital esperaban por noticias, de los heridos, fueron desalojados por las autoridades, ametralladora en mano. Al día siguiente en Cartago no sólo se hizo el recuento de heridos y pérdidas; se tomó nota de las personas que habían actuado en contra de la ciudadanía, para un ajuste de cuentas que se adivinaba cercano. Y se hizo también un balance de la situación. Pudo confirmarse entonces que el plan de ataque había sido elaborado de antemano en San José y que habían participado, además de los policías de Cartago, destacados elementos de la capital, entre ellos el propio Edecán del Presidente de la República, quien llegó a Cartago en el momento del ataque en un carro blindado, e impartió órdenes para perseguir a los oposicionistas.

Las funestas predicciones que los cartagineses habían venido haciendo desde muchos días atrás, quedaban confirmadas por la trágica realidad. Se pudo entender entonces por que se mantenía en la Comandancia a un militar arbitrario; por qué el envío de tropas y armas de San José; por qué la actitud desafiante de los funcionarios de la Comandancia. Se supo entonces por qué la noche anterior al atropello las autoridades, vestidas de civil y a las órdenes de un comunista, provocaban abiertamente a los miembros de la oposición, alardeando de su bandería calderonista. Se pudo entender también el por qué, con el nombramiento del Comandante de Plaza, se había reiniciado una era de violencias y arbitrariedades; por que el cuartel de policía se había convertido en un centro de política caldero-comunista y por que a todas, horas y especialmente por la noche, visitaban la institución destacados elementos de los partidos del Gobierno. Se tuvo la convicción entonces de que todo era parte de un plan para amedrentar al sector de opinión oposicionista y perdió importancia el hecho escandaloso de pocos días atrás, cuando el Comandante lanzó a la calle varios piquetes de policía al mando de un civil, hampón de varios líos judiciales, con el fin de provocar a los ciudadanos, atropellándolos luego.

Sin embargo, el intento de las autoridades para amilanar a un pueblo de bien probada rebeldía tuvo un resultado contrario a lo previsto por los provocadores, pues inmediatamente después del brutal atentado, la oposición cartaginesa se declaró en huelga de brazos caídos, propuesta a mantenerse en tal estado hasta que fuese encontrada una fórmula satisfactoria que garantizase la seguridad y la vida. Se dispuso un paro general de actividades que comprendió, desde el Banco de Crédito Agrícola hasta el más humilde de los tramos del mercado. Los profesionales cerraron sus oficinas y fueron paralizados los transportes. Al mismo tiempo, todas las entidades públicas y privadas de la ciudad dirigieron al Presidente de la República encendidos mensajes de protesta, en los cuales lo responsabilizaban por lo ocurrido y por lo que pudiera ocurrir y le notificaban la actitud de huelga unánimemente adoptada.

A pesar de la prohibición del Presidente de la República quien alegó que un acto de esa naturaleza quedaba comprendido en las prohibiciones del Código Electoral, los comités directivos del partido oposicionista convocaron para una manifestación que debía efectuarse a las cinco de la tarde del lunes veintiuno de julio. No se tomó en cuenta la objeción presidencial, pues el acto era cívico y no político: Cartago había sido sometido al terror y sus habitantes se habían enfrentado valientemente a los rifles, las ametralladoras, la cincha y los gases lacrimógenos de la policía. La oposición de San José estaba en el deber de hacer patente su solidaridad con los cartagineses y de hacerles, sentir que estaba dispuesta a compartir con ellos su suerte.

Minutos antes de la hora señalada la gente empezó a afluir al punto de reunión, llenando en pocos minutos la explanada de La Soledad. La manifestación constituyó un alto testimonio de fervor cívico y el pueblo mostró en ella la decisión de hacer que se respetasen sus derechos.

Frente al Diario de Costa Rica la multitud aplaudió a los ciudadanos que pronunciaron discursos desde los balcones del periódico. Y como el Jefe de la Oposición se encontraba fuera de San José se le esperó hasta las primeras horas de la noche, en que de regreso, improvisó una pieza oratoria para felicitar al pueblo por su resolución y recomendarle proceder con cordura.

-La oposición -dijo- tomará siempre decisiones firmes a base de la necesaria reflexión.


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II. UN MARTES A LAS NUEVE DE LA NOCHE

Al recordar los hechos del domingo y del lunes, Juan Morales busca en los periódicos del día el telegrama del Presidente de la República al Jefe de la Oposición, y la respuesta de éste. Lee:

Casa Presidencial, 21 de Julio 1947, 11 y 45.

A don Otilio Ulate, San José.

Enterado de la convocatoria que se ha hecho para que elementos de su partido celebren en San José hoy una manifestación y un desfile, me adelanto a recordarle que de acuerdo con el Código Electoral están, prohibidos los desfiles políticos. Creo que usted debe dar instrucciones a sus partidarios para que se respete la prohibición del Código. De lo contrario usted asumirá las consecuencias que sobrevengan si las autoridades de policía se ven obligadas a intervenir en resguardo del orden y cumplimiento de las disposiciones de la ley. Atentamente,-TEODORO PICADO.


Licenciado don Teodoro Picado San José.

Las consecuencias de lo que sobrevenga debe asumirlas usted o su candidato según quien sea el responsable de que anoche se disparara con ametralladoras y fusiles, y se lanzaran gases lacrimógenos contra una ciudad indefensa. Personalmente oí de las Hermanas Terciarias en el Hospital de Cartago cómo ellas mismas sufrían los efectos de los gases mientras ayudaban a la atención de los heridos hechos por la policía. Si el Código Electoral le sirve a usted para amenazar a la Oposición injustamente agraviada, las más elementales leyes humanas lo deberían obligar a impedir que la policía le rompiera el cráneo a un joven, como en el caso de don Fernando Volio hijo, por haber acudido en ayuda de su padre y con los puños vacíos mientras la policía lo flagelaba en el suelo. Ningún código del mundo autoriza a ningún gobernante para hacer disparar ametralladoras y rifles sobre una ciudad que no tiene armas, por sus opiniones políticas. Su candidato hace reuniones y desfiles cuando le viene en gana; su policía lo acompaña y el Código Electoral no autoriza que se descargue el black jack sobre los ciudadanos ni que se ofenda como aquí en Zarcero, a las señoras, para todo lo cual usted se hace de la vista gorda, en tanto que nos amenaza cuando, con el corazón herido, nos alistamos para hacer una protesta cívica por la sangre que usted o su candidato hicieron correr en Cartago. El camino de mi deber me lo marca mi conciencia y le ruego no imponerse tarea de decirme qué es lo que yo debo hacer, sino preguntarle a su propia conciencia qué es lo que usted debe hacer como gobernante. Le ruego además, imponerse del telegrama que le dirijo a don Mario Echandi para que conozca la actitud que asumo en estas circunstancias. Atentamente,-OTILIO ULATE.


Señor don Mario Echandi:

Rogándole reunir comités directivos en sesión permanente y delegando yo en ellos mis funciones por imposibilidad de estar temprano de regreso, sírvase someter a consideración siguiente telegrama: (el dirigido a Teodoro Picado). Mi opinión es que manifestación se lleve adelante si comités consideran llegado ya momento de enfrentar resolución popular a la violencia oficial. Caso contrario puede ser más eficaz promover para dentro de tres o cuatro días gran movimiento nacional desobediencia y brazos caídos. Simultáneamente sugiero que por conducto de don Juan Dent se interpele al gobierno sobre si al amenazar a la Oposición por manifestación de protestas contra atentado criminal de la República anoche en Cartago está dispuesto a dar garantías en aquella ciudad y resto República y ejercer sanciones y cuáles son específicamente las garantías y las sanciones. Afmo.,-OTILIO ULATE.

Por los diarios se había enterado la gente de un memorandum, suscrito por el Presidente y resultado de la conferencia sugerida por el Jefe de la Oposición. Decía así:

Memorandum para don Juan Dent.

1) Insisto en que los desfiles políticos son prohibidos en esta etapa de la campaña política. No obstante ello, en obsequio a mi deseo de que no se produzcan choques de los manifestantes con la policía, y de acuerdo, con los deseos de usted, he dado instrucciones a las autoridades para que toleren dicho desfile de la explanada de La Soledad hasta el edificio del «Diario de Costa Rica», donde habrá de terminarse, para evitar mayores trastornos u oportunidad de rozamiento con los demás partidos.

Es entendido a su vez, que los oradores y dirigentes de la manifestación tratarán por todos los medios que estén a su alcance de evitar que los manifestantes ataquen propiedades de sus adversarios políticos o tengan incidentes con éstos.

2) En lo que toca a la situación de Cartago debo advertir que la policía permanece reconcentrada, no obstante que los ulatistas han asaltado el club calderonista y han detenido un camión que traía para esta capital la leche de los señores Francisco Calderón, Joaquín Aguilar Esquivel y Fernando Esquivel. Procuro designar un primer comandante que, a mi juicio, inspire confianza. Debo advertir que el Coronel Vaglio desempeña su cargo interinamente.

TEODORO PICADO

Cuando el permiso llegó a conocimiento de los oposicionistas, ya el desfile en disputa había recorrido toda la Avenida Central y comenzaban a llenarse de gente las calles cercanas al «Diario de Costa Rica».

La huelga nacional de brazos caídos fue proclamada oficialmente por la Oposición, a las nueve de la noche del martes veintidós de julio, después de una reunión de cuatro horas de los miembros de los comités, del Partido Unión Nacional y de los diputados oposicionistas. Se había deliberado largamente y a pesar de estar todos de acuerdo en la idea de un paro general, un grupo lo quería inmediato, mientras que otro había sugerido el previo nombramiento de un comité organizador el cual habría de fijar el momento en que la huelga debiera producirse.

El primer criterio prevaleció y en la decisión tuvieron peso las manifestaciones de los Jefes de Acción del Partido en Alajuela y Heredia, quienes garantizaron que en sus ciudades todo estaba listo para un paro inmediato. Vehementemente, una delegación de Puriscal insistió en la huelga inmediata y grupos de ciudadanos, de todas las clases, invadieron el edificio del Partido a un solo grito:

-¡Huelga! ¡Huelga!

Miles de ciudadanos, congregados por las sirenas de los periódicos al servicio de la oposición, leyeron entusiasmados la noticia escrita con grandes caracteres en las pizarras:

-¡Huelga! ¡Huelga!

Y hacia todos los rumbos de la ciudad capital partieron improvisadas manifestaciones de júbilo. En una de ellas iba Juan Morales cuando la policía hizo fuego.


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III. EN CARTAGO LA HEROICA CIUDAD

Al despertar de una agitada noche de insomnios, Juan Morales busca ansiosamente las noticias en los periódicos. Por estos se entera que desde la misma noche comenzó la labor de los comités provinciales, para organizar la huelga en cada una de las localidades cabeceras.

En lugar visible de las primeras páginas; el boletín oficial oposicionista:

EL COMITE DE HUELGA NACIONAL hace saber a sus partidarios que la huelga decretada tiene carácter de resistencia pacífica y que desautoriza cualquier acto de violencia contra personas o propiedades.

El Comité sesionará en las horas de la mañana de hoy en el Club del Partido Unión Nacional y dará las instrucciones del caso.

Lee también en los periódicos que el día anterior los estudiantes, desfilando por calles céntricas, habían llegado al Parque Central de San José, en donde celebraron un mitin de protesta, decidiendo dirigirse telegráficamente al Presidente Picado en solicitud de la inmediata remoción de las autoridades culpables del asalto contra los cartagineses.

Que en el momento en que la huelga es declarada, los estudiantes universitarios y de enseñanza secundaria deciden no asistir a clases en apoyo al movimiento, con la aprobación del Consejo Estudiantil Universitario. Y que anuncian para las nueve de La mañana, un desfile al grito de "queremos autoridades decentes".

A pesar de su intransigencia, el Gobierno no ha podido desentenderse del comportamiento escandaloso de las autoridades destacadas en Cartago y se ha visto forzado a levantar una información sobre los sucesos del domingo, como resultado de la cual anuncia el nombramiento del Coronel Mario Jiménez Tinoco para Primer Comandante y el del Coronel Héctor Sáenz Mata para Segundo Comandante de Cartago, y el traslado de Vaglio al Cuartel Bella Vista de San José.

Se rumora al mismo tiempo que más de cien policías josefinos, pertenecientes a los cuarteles Principal y de Artillería, y concentrados en Cartago, serán trasladados a la capital como una de las primeras disposiciones del nuevo Comandante.

Al abrir fuego el Gobierno contra los manifestantes de San José, en la noche del martes, cerró sus posibilidades para un fácil entendimiento con la Oposición. Esta, en adelante, no se limitará a pedir remociones en el personal militar, sino que exigirá garantías efectivas de carácter político, para situarse en un plano de igualdad en las elecciones presidenciales con los partidos calderonista y comunista aliados y mantenedores del Gobierno. Todo esto además de las garantías para la vida y seguridad de las personas no adictas al oficialismo, exigidas en un principio por los cartagineses y acogidas por todo el país.

En tal forma, ya en la mañana del miércoles 23 de julio no podía impresionar favorablemente a nadie la noticia de un simple cambio de Comandantes y el rumor de que los policías josefinos serían reintegrados a sus cuarteles en la capital. Ya el día anterior, delegados de Cartago habían manifestado al Jefe de la Oposición que aceptaban los nuevos Comandantes, pero que además, exigían otros cambios en la plana mayor de la Comandancia, amén del cambio total de la policía, exigencias que don Otilio Ulate trasmitió a dos Coroneles, delegados del Presidente, quienes lo habían convocado a una reunión. Las peticiones fueron aceptadas, con la única salvedad de que el cambio del personal de la policía sería paulatino, hasta su total sustitución.

Una nueva conferencia tuvo el señor Ulate, en su oficina, con los delegados de Cartago, a quienes impuso de la actitud del Ejecutivo. Pensaba que Cartago había de decidir si las condiciones se aceptaban, finalizando la huelga, o si se persistía en esta ya que era esa ciudad la que desde el domingo había hecho el sacrificio, padecido el martirio y realizado la huelga con éxito sorprendente. La respuesta de los delegados fue: si se declarase a partir del miércoles una huelga nacional, Cartago se uniría a ese movimiento; si la huelga no fuese declarada, o si se aplazase, Cartago no podría convenir en la espera y en ese caso aceptaría la propuesta del Gobierno, dando por terminada la huelga local.

Fue después de estas conversaciones que tuvo lugar la reunión de Comités oposicionistas, en la cual se declaró la huelga. El señor Ulate se negó a hablar por radio y a pronunciar el discurso que delirantemente se le pedía, pues opinaba que era justo proclamar la huelga en Cartago. Acompañado por don José Figueres, Jefe de Acción del Partido oposicionista, se dirigió a la heroica ciudad, en donde, en una gran asamblea popular improvisada, hizo la proclamación oficial de la huelga, dando las siguientes instrucciones: Primera: la huelga debe desarrollarse ordenada y pacíficamente, porque no tiene carácter revolucionario y no es prudente exponer masas inermes a la furia policíaca. Segunda: deben suprimirse las manifestaciones que puedan dar pretexto para ataques, así como también debe evitarse toda discusión con las autoridades o los adversarios políticos, dedicándose cada uno a contribuir a la huelga silenciosamente. Y tercera: como no se trata de derrocar al Gobierno, la huelga cesará tan pronto como se obtengan garantías de libertad electoral.

De regreso a San José, los militares con quienes había conferenciado en la mañana le notificaron que se había dispuesto enviar fuerzas a Cartago, a las cinco de la madrugada del miércoles, para ocupar la ciudad militarmente y para impedir por la fuerza el cierre de los establecimientos. Les repitió que todo se podía arreglar si el Presidente garantizaba la libertad electoral, redactando al efecto un pliego de demandas, en compañía de un grupo de dirigentes de la oposición.

El Presidente Picado, al recibir el pliego, lo rechazó de plano. El mandatario se había trasladado al Cuartel Bella Vista y mostró a las claras la actitud intransigente que sería su característica al correr de los doce días de huelga. Al enterarse del rechazo, el señor Ulate decidió advertir a los cartagineses de los peligros que los amenazaban y con tal fin envió un emisario de confianza el cual, tras vencer muchas dificultades, pues el camino estaba bloqueado por la policía, pudo al fin trasmitir el mensaje.


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IV. EL FANTASMA DEL MIEDO

Con las noticias de los periódicos aguijoneando su angustia, Juan Morales sale a observar por las calles. Es la primera vez que una huelga de no cooperación se declara en el país y no puede atribuirse a falta de fe el que un hombre dude del éxito del movimiento.

El sol está alto en la clara mañana cuando Juan Morales se ve obligado a detenerse, porque la emoción ha llenado sus ojos de lágrimas. El San José que ha mirado es algo diferente de la despreocupada y alegre ciudad cotidiana. Las cerradas puertas del comercio de los Bancos; de las oficinas, dan a la capital una gravedad de siglos. Sin saber exactamente por que, Juan Morales piensa en las piedras y en los cementerios. Comprende que muchos de los que a su lado pasan piensan en la muerte.

-Será la voluntad de sacrificio -se dice- o más bien el temor de ser asesinado como los dos hombres de anoche. O tal vez nada más que el grave ambiente, extraño y nuevo.

Se entera de que sólo unas pocas pulperías pequeñas permanecen abiertas; que los empleados de los Bancos han constituido un Comité de Huelga con representación del noventa por ciento del total, obligando al cierre de las instituciones por falta de personal para atender al público; que se han comprometido bajo juramento a aceptar solidariamente las consecuencias de su actitud, declarando que se juega el destino de la Patria y que ningún hombre honrado y digno puede ceder un ápice. Se entera también de que las empresas de aviación están cerradas.

En los días sucesivos se agregarán a la paralización de actividades el cuerpo médico, las barberías, los teatros, las carnicerías, las telefonistas, el personal del Ferrocarril del Norte, los empleados del tranvía, los dry cleanings, los depósitos de madera, las farmacias, los empleados judiciales, 135 agentes viajeros y los trabajadores de las Compañías Eléctricas.

La policía acantonada en las calles cercanas a la Avenida Central, ha reprimido salvajemente la manifestación estudiantil anunciada en los diarios, disparando los máuseres al cuerpo, a matar.

Las autoridades se han acostumbrado pronto a asesinar, y su saña va en aumento. Al mediodía los gendarmes caen sobre las estaciones radioemisoras al servicio de la oposición, decomisándoles piezas esenciales y dejándolas inútiles. Entretanto, las emisoras al servicio del Gobierno se dedican a propalar falsas noticias, resguardados sus estudios por piquetes de policía fuertemente armada. Y aunque inmediatamente después del atropello los oposicionistas presentan recursos de habeas corpus, se estima que estos no serán conocidos, por la Corte Suprema de Justicia antes del lunes.

El Gobierno ha violado la libertad de pensamiento y de expresión, sin estar suspendidas las garantías constitucionales.

Mientras las estaciones radiodifusoras son clausuradas, el Gobierno desata tremendas balaceras en el propio corazón de la capital. Frente al Diario de Costa Rica son atacados vilmente los ciudadanos que esperaban noticias y observaban los acontecimientos, y algunas balas horadan las paredes del periódico. Al mismo tiempo, policía y jeeps dispara sin piedad sobre las personas que transitan en la cercanía de los Juzgados, hiriendo a varios ciudadanos y asesinando al escribiente de la Alcaldía Primera Civil. El número de víctimas va aumentando. Diez muertos y dieciocho heridos reportan los informes del Hospital San Juan de Dios. Y el alto porcentaje de muertos se atribuye a la horrible circunstancia de que las fuerzas gobiernistas están usando proyectiles de fragmentación. Un hilo de sangre va uniendo a los costarricenses, y el pueblo, en el dolor y el sacrificio, va afirmando su voluntad de triunfo.

Por la noche, Juan Morales escucha nuevos tiroteos. Se entera que cerca de la estación del Atlántico un hombre ha sido herido y que en la vecindad del Hotel Europa los comunistas, ebrios de alcohol y sangre, han atacado a bala a un caballero que acompañaba a su esposa, dejándolo tendido sobre la acera, entre la vida y la muerte.

El Gobierno ha armado a tres mil comunistas, con los que ha reforzado el ejercito. Y la noche asombrada del miércoles veintitrés, contempla a unos extraños personajes provenientes de las regiones costaneras que, envueltos en cobijas de lana o algodón, patrullan por las calles de San José. En cada esquina cuatro o cinco, armados de máuser y con fajas de tiros en la cintura, medio ebrios con el guaro que personajes influyentes del Gobierno les repartieran para hacerlos más irresponsables y crueles. La policía permanece concentrada en los cuarteles, ante el temor de represalias por parte de la oposición y lista para ser transportada al lugar en que se presenten los temidos disturbios.

El Gobierno se va encerrando en su miedo, y todo asesinato posterior, toda la intransigencia y la maldad patentes en sus actos, habrán de ser en gran parte producto de ese miedo. Cada disparo no derribará solamente a un hombre: ira contra un fantasma. Y habrá algo ante el Gobierno, invisible, impalpable, pero siempre y en todo presente.

Polígrafos anónimos han reproducido el boletín que el Comité de Huelga redactó al comenzar la noche, y la ciudad se llena de noticias y esperanzas. En la paz de un hogar, turbada sólo por los gritos que en la calle profieren las gargantas de los retenes comunistas, alguien lee el boletín, que ha sido deslizado suavemente por bajo la puerta. Y los ojos, los oídos, las almas van siguiendo una a una las frases esperadas:

"El calderonismo y el Gobierno por medio de sus estaciones de radio, quieren dar la idea de que el movimiento de huelga ha fracasado.

Es falso. La huelga sigue en pie y triunfante. Todo el comercio de San José ha cerrado sus puertas. Los Bancos están cerrados y lo mismo ocurre con las sucursales de provincia.

De Heredia, de Alajuela, de Cartago, de todos los cantones, las noticias son magníficas. El cierre es general Las actividades se están paralizando, y el triunfo será del pueblo. Costa Rica está al borde de recobrar su normalidad, su tranquilidad y su democracia.

El Gobierno envió está mañana piquetes de policía a cerrar las estaciones Alma Tica, Monumental, Titania, Nueva Alma Tica y Sonora. Es decir, todas las estaciones de la Oposición. Por lo tanto, todas las noticias que se digan por radio son emanadas del Gobierno o del caldero-comunismo, y por lo tanto, falsas, porque esas gentes nunca han dicho la verdad. La única verdad es que el movimiento de huelga, que es el movimiento más vigoroso, más patriótico, más hermoso y más decidido que ha emprendido el pueblo de Costa Rica, está triunfante y victorioso.

Lo único que los grupos oficiales han podido hacer contra la huelga, es asesinar. A las cinco de la tarde de hoy miércoles suman ya a diez los muertos en San José. Por eso recomendamos la mayor prudencia y que todos se abstengan de salir a la calle, salvo caso de necesidad, lo mismo que lanzar gritos o silbar a la policía, porque ya la policía está derrotada.

Se ha presentado un recurso de Hábeas Corpus ante la Corte de Justicia para lograr que se reabran nuestras estaciones de radio. La Oposición ha acudido a los Tribunales, porque está dentro de la Ley. El que está fuera de la Ley es el Gobierno, desde que mandó a ametrallar a la ciudadanía de Cartago el domingo veinte, y a la de San José el miércoles veintitrés.

La huelga sigue prosperando vigorosamente. Todas las actividades del país siguen en cierre. Cualquier noticia contraria es falsa. Inventada por el comunismo, por el calderonismo, por el Gobierno, por La Voz de la Víctor, o por La Tribuna. Fíjense las colonias extranjeras en la magnitud del cierre y en la magnitud de la protesta. Así podrán darse cuenta del tamaño de la Oposición. ¿Cuántos establecimientos podría cerrar en circunstancias similares el partido de Rafael Angel Calderón?

EL COMITE DE LA HUELGA

23 de Julio de 1947. (8:00 p. m.)


La huelga se consolida y extiende mientras el Gobierno y sus aliados, los partidos calderonista y comunista, buscan en toda forma el medio de terminar con el movimiento cívico. La gama de tentativa es amplia y comprende desde el asesinato a sangre fría hasta el intento de persuasión; de la falsa noticia propalada por radio y prensa oficial, hasta la ensañada persecución de dirigentes y militantes oposicionistas; del castigo impuesto al margen de la ley, hasta la amenaza policíaca; de las conferencias con elementos que buscan la conciliación, hasta el saqueo de establecimientos comerciales.

Ante la ineficacia de sus tentativas, el oficialismo trata de desatar el terror, para hacer desistir a los oposicionistas de su empresa, sin percatarse de que lo que hace es proyectar su propio miedo a sus actos. Cuanto más violentamente proceda el Gobierno, tanto menor será en realidad su fortaleza física y moral. Cada acto, cada gesto, será la convulsión de un monstruo pernicioso herido a muerte. Y entre estertores, el tres de agosto se verá obligado a pactar, otorgando por la fuerza de las circunstancias lo que doce días antes no quiso dar por bien.

En la tarde del jueves 24 circula el segundo boletín a mineógrafo del Comité de Huelga:

"El Comité de Huelga informa a la ciudadanía costarricense los últimos acontecimientos relacionados con el movimiento cívico de desobediencia civil.

La Huelga sigue en pie en todo el territorio de la República. Los últimos informes llegados de Guanacaste son satisfactorios: Liberia está en estado absoluto de paro. La situación en las demás provincias sigue igual. Sólo unos cuantos negocios de calderonistas permanecen abiertos y se levanta una lista de ellos como enemigos de la causa nacional.

El hecho más significativo es el de la permanencia en todas las esquinas de la capital, San José, de grupos comunistas armados de carabina y máuseres. El Ferrocarril al Pacífico ha estado transportando hacia la capital a los muelles de Puntarenas, comunistas y todos los militantes de ese partido totalitario para armarlos y tirarlos contra la ciudadanía indefensa, que se mantiene tranquila y sin provocar.

Todos los comunistas de Costa Rica están armados. La policía está reconcentrándose en los cuarteles, patrullando las calles de las ciudades y resguardando ciertos edificios importantes. Pero el hecho sobresaliente es la permanencia en las esquinas de grupos militares, milicianos de caras extrañas, comunistas todos.

El Club Comunista de esta capital está atestado de elementos armados por el Gobierno con ametralladoras y máuseres. Durante los días de huelga se han oído constantes tableteos de ametralladoras y disparos efectuados desde ese local, y es posible que varios de los muertos y heridos hasta el momento lo hayan sido por causa de esos disparos. Durante el día de ayer han ocurrido varios ataques a la ciudadanía indefensa por elementos armados que patrullan las calles y que permanecen en las esquinas. Estos ataques sangrientos son dirigidos por comunistas.

Desde una cantina por el Hospital San Juan de Dios, su propietario, un conocido elemento comunista, dispara con su carabina máuser contra quien se le ocurre. De tiempo en tiempo se paran ahí los jeeps del Gobierno para informarse.

La sensación que priva en el ambiente es la de que el grupo comunista de nuestro país está colaborando y dirigiendo las masacres ocurridas hasta este momento.

Recuerde que todas las noticias de radio provienen de las estaciones del Gobierno. Las estaciones Alma Tica. Nueva Alma Tica, Monumental, Titania, y Sonora fueron clausuradas ayer por piquetes de policía. No haga caso a rumores. La huelga sigue prosperando. Los Bancos siguen cerrados y no abrirán. Los empleados bancarios han firmado pliegos de solidaridad mutua.

EL COMITE DE HUELGA

San José, Costa Rica, Jueves 24 de Julio, (3:00 p. m.)

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V. LOS TRES FACTORES

En tres factores ve el Gobierno la base de la huelga. Ellos son: la actividad de los dirigentes oposicionistas, el cierre de los Bancos y el cierre de los establecimientos comerciales. Contra esos tres factores, principalmente, endereza su ataque en los cinco días posteriores a la declaratoria del movimiento de brazos caídos.

En la capital y en las provincias, como obedeciendo a una consigna, las autoridades se dan de lleno a la tarea de localizar y apresar a los dirigentes de la oposición. En Alajuela, un estudiante que es hijo del Comandante de Plaza, dicta orden de detención contra algunos de sus profesores en el Instituto de Segunda Enseñanza. Y en todas partes, los guardianes del orden público allanan constantemente las residencias de los oposicionistas sin llenar ningún requisito legal.

Los Bancos permanecen cerrados, a pesar de los intentos oficiales para lograr su apertura. Frente a tan significativa evidencia, el Secretario de Hacienda Alvaro Bonilla Lara plantea ante el Juzgado Primero Civil gestión para lograr la quiebra de las instituciones, alegando que estas han suspendido sus pagos. El Juzgado, sin embargo, acepta la excusa de los Gerentes: los Bancos no pueden abrir por la imposibilidad material de atender al público, pues casi todos sus empleados se han declarado en huelga, y los huelguistas no son empleados de fácil sustitución. El cierre bancario obedece a una circunstancia de fuerza mayor.

Algunos empleados afectos al Gobierno logran abrir una de las pertas del Banco Nacional. Mas los oposicionistas, que han previsto un acto de ese género, tienen preparada y ponen en inmediata ejecución una ola de retiros de fondos en depósito, obligando al cierre. Igual cosa sucede en Alajuela. En otros Bancos, algunos empleados asisten al trabajo sin poder romper la huelga dado su escaso número.

Al ver cerrados todos los caminos, el Gobierno amenaza con dar de alta en el servicio activo de las armas a los empleados bancarios para así, militarizados, obligarlos a prestar sus servicios. Inmediatamente circula una hoja de instrucciones, redactada por el Comité Jurídico de la Huelga, en la que se advierte a los huelguistas:

  1. Que las garantías individuales no están suspendidas porque el Gobierno no cuenta con el número de diputados que se necesita para declarar tal suspensión.
  2. Que por tal motivo el Gobierno no está facultado para exigir servicio militar obligatorio de ningún ciudadano.
  3. Que si procede a dar de alta a los empleados de Banco, comete un acto ilegítimo que no tiene por qué ser obedecido por ningún costarricense.
  4. Que en caso de que algún empleado de Banco sea forzado a entrar en el servicio militar, y llevado al Banco correspondiente, puede negarse a trabajar sin temor de incurrir en delito de ninguna especie.
  5. Que, en tal evento, el empleado puede interponer Recurso de Habeas Corpus, que será redactado y tramitado por el Comité Jurídico de la Oposición, ya que la Ley No. 35 de 24 de noviembre de 1932, dice claramente en su artículo primero: El Hábeas Corpus procede no sólo contra la detención ilegal que imponga una autoridad de cualquier orden, sino que también contra toda restricción ilegítima de la facultad de ir y venir y de trasladarse a cualquier parte que garantiza a las persona el artículo 28 de la Constitución. Se entenderá restringida ilegalmente esa facultad cuando en tiempo de paz se exija servicio militar a individuos de tropa que según la ley no están obligados a prestarlo o a oficiales de subteniente arriba, inclusive.

El sábado 26, los empleados de Banco reciben telegramas apócrifos, con los cuales se les trataba de obligar a asistir a su trabajo:

«Nos permitimos informarle que la Junta Directiva acordó llamar al personal del Banco para que se presente mañana a la hora reglamentaria de oficina a reanudar su trabajo en la Institución. Muy atentamente le ruego su cooperación en tal sentido.»

Al mismo tiempo, las autoridades inician una redada, logrando hacer presos a algunos dirigentes de la huelga de Bancos. El Comité de Huelga Bancaria, entonces, recomienda públicamente a los empleados esconderse, desaparecer de la ciudad si es posible, para evitar su captura.

El 28 de julio conoce el Congreso de un proyecto de ley. Ha sido elaborado por sirvientes de Calderón, y tiende a sustraer el capital de los Bancos mediante la creación de un Instituto de Movilización del Crédito. El candidato oficial ha decidido atacar a los Bancos y por eso es que, simultáneamente, el Presidente de la República anuncia que el está dispuesto a aceptar la renuncia de los Directores y el Gerente del Banco Nacional. A pesar de que estos no ignoran que, dado el predominio calderonista en el Congreso, es probable que el proyecto presentado se convierta en ley en pocos días, se enfrentan abiertamente a la amenaza más inmediata y anuncian que por ningún motivo permitirán se les fuerce a renunciar, pues son responsables ante los depositantes de los 45 millones que el Banco tiene en Caja. Manifiestan además que existe una ley de inamovilidad que los hace inmunes contra cualquier maniobra del Ejecutivo.

La ofensiva contra el comercio se inicia el 24 de julio con un despliegue de policía montada en grandes camiones desde los cuales, por medio de altoparlantes, se amenaza con duras represalias a quienes persistan en el cierre. A los comerciantes extranjeros se les previene que sus patentes serán canceladas.

En provincias, las autoridades, ante la reiterada negativa a abrir, multan a los comerciantes con trescientos colones y los amenazan con mayor castigo si continúan en su empeño.

Algunos inspectores de precios de San José son enviados a Puntarenas para amenazar, apoyados por la policía, a los comerciantes. Previamente les habían sido entregadas listas de personas "capturables".

A pesar de la guerra de nervios, todo el comercio continúa cerrado. El Mercado Central de San José, que pertenece a la Municipalidad es abierto, pero ningún propietario de tramo rompe la consigna oposicionista de mantener el cierre a como haya lugar.

Resulta claro que el Gobierno no tiene poder par anular este importante aspecto de la huelga general. Y como algunos pequeños negocios, propiedad de calderonistas o comunistas, han permanecido abiertos, la oposición ordena en su contra un severo boicot que comprende desde el llamado a las amas de casa para que no hagan en ellos sus compra, hasta la solicitud a algunos grandes mayoristas para que, en ventas futuras, sancionen a los que han pretendido sabotear la huelga.

Mientras por medio de las estaciones de radio a su servicio el Gobierno anuncia que la huelga ha terminado, que los Bancos funcionan normalmente y que las puertas del comercio se han abierto, el ayudante militar del Presidente dirige un telegrama a los comerciantes huelguistas, conminándolos a finalizar el cierre. Otro alto militar, con la amenaza de cancelar patentes, visita el comercio importador, exigiendo la apertura de los almacenes. Desde luego, no se le hace ningún caso, pues nadie ignora que los militares no tienen capacidad legal para ordenar en materias de orden civil. Ante lo vano de sus tentativas, el Gobierno comisiona a algunos abogados para que traten de persuadir a los huelguistas. Se ha ofrecido a esos profesionales indignos de su toga gratificaciones de veinticinco y cincuenta colones por cada negocio que logren abrir.

En los periódicos, el Comité de Huelga publica un aviso en que advierte a los comerciantes que el Gobierno carece de medios legales para obligarlos a abandonar la huelga:

"AVISO A LOS COMERCIANTES

Se pone en conocimiento al comercio nacional que no debe obedecer órdenes de apertura de establecimientos, ni amenazas de parte de la policía. El Departamento Jurídico del Comité de Huelga, hace saber que no existe ley alguna, ni castigo, para el que mantenga cerrado su establecimiento. La autoridad que multe injustamente a un comerciante que tenga su establecimiento cerrado, será acusada criminalmente. El comerciante que sea llevado ante las autoridades y amenazado con multa por su negación n abrir su comercio, preguntará a la autoridad con estas palabras: -Hágame el favor, señor, de indicarme la ley en que se basa usted para imponerme una multa.

Los abogados de la Oposición están encargados de la defensa de los que injustamente sean castigados por la rebeldía a la apertura de sus comercios. El artículo 43 de la Constitución dice: A nadie puede imponerse pena que por ley pre-existente no esté señalada al delito o falta que cometa.

El Código de Policía no tiene ninguna disposición referente a cierre de establecimientos de ninguna clase, ni paralización de actividades de ninguna especie. El Código de Trabajo estipula el derecho de huelga.

La resistencia a abrir establecimientos es perfectamente legal, y no hay ley ni autoridad que obligue a proceder de la forma que se quiere. En cuanto a los comerciantes y empleados extranjeros, tampoco hay ley que faculte a nadie para expulsarlos del país, ni para suspenderles la patente.

COMITE JURIDICO DE LA OPOSICION

En la noche del sábado 26, agentes comunistas deslizan bajo las puertas de las casas una hoja suelta en que se invita a una manifestación para la tarde del lunes. Por el tipo de letra, es fácil averiguar que la hoja ha sido publicada en la misma imprenta en que se hace el periódico oficial.


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VI. MARIACHIS DE COBIJA

Como casi todos los ciudadanos, Juan Morales sabe que la intransigencia del Ejecutivo oculta una criminal debilidad. Que durante todo el tiempo han estado juntos el Presidente de la República y el candidato oficial, Rafael Angel Calderón. Que dos de los más destacados dirigentes comunistas permanecen en la inspección General de Hacienda. Sabe también que la Estación Central de Policía, contigua a la Casa Presidencial, se han instalado a dar órdenes el hermano del candidato, Paco Calderón y otros elementos del comando de su partido político. Que de ellos ha sido la idea y ha emanado la orden de traer a la capital a los elementos comunistas de la costa a quienes, por las cobijas con que se cubren en busca de protección contra el frío de las madrugadas del altiplano, el pueblo ha bautizado con el mote de "mariachis", nombre que después habrá de generalizarse para denominar a todo aquel que pertenezca a la coalición caldero-comunista.

Sabe también Juan Morales y sabe el pueblo que una de las pruebas del dominio calderonista del Poder, está constituida por los boletines que la radio oficial ha venido trasmitiendo, pues esos boletines contienen a la vez amenazas presidenciales y amenazas calderonistas contra la Oposición.

Lunes 28 de Julio. Graves acontecimientos se avecinan. Desde el sábado anterior los comunistas han anunciado una manifestación por las calles de San José, y conociendo los fines de esa manifestación, como para lavarse las manos, Picado y Calderón achacan al señor Ulate, responsabilizándolo por lo que pueda ocurrir. El Jefe de la Oposición, ante el ataque, los enjuicia en un artículo, publicado el domingo 27, que dice:

«La fijación de responsabilidades por lo que ha ocurrido durante esta emergencia está muy próxima, y será mejor esperar a que la haga la opinión pública con cuidadoso conocimiento y severo examen de los hechos»...

«Ellos está bien que se afanen en tratar de exculparse, porque ya saben lo que se les viene encima, y por mi parte sé hasta que punto la opinión está irritada con ellos»... «Los que han caído no llevaban armas y esto se probará en los respectivos procesos judiciales. Los mataron o los hirieron por la simple voluptuosidad de ver correr la sangre. La entraña de nuestra infortunada Costa Rica no ha producido un corazón más seco que el del gran culpable de esta tragedia nacional. Nosotros venimos pidiendo una cosa muy simple y muy justa, que se den garantías efectivas de libertad electoral para todos los partidos. Para no darlas, han preferido matar, encarcelar, aterrorizar a las mujeres y a los niños. Allá ellos con su conciencia y con sus futuras responsabilidades»...

Lunes 28 de julio. Sexto día de la huelga. Desde la buena mañana, abiertamente, se amenaza al comercio con obligarlo a abrir "a bala si es necesario". Los comerciantes de la capital no ignoran el peligro que los amenaza, porque ya saben que desde el sábado anterior comunistas llevados de San José a Cartago se han dado al saqueo de los almacenes de esa ciudad, apoyados por la policía la cual, lejos de reprimir el robo en masa, persigue con ráfagas de ametralladoras a los oposicionistas que tratan de evitar la rapiña.

El saqueo en San José se inicia desde dos horas antes de la anunciada para la manifestación que el comunismo ha organizado contra el comercio. A la una de la tarde, y al grito de "Viva Calderón Guardia" y "Viva Vanguardia Popular", las brigadas de choque y los "mariachis" se lanzan contra varios establecimientos en huelga, quebrando con varillas de hierro las ventanas y derribando las puertas con arietes previamente alistados, Los gobiernistas han señalado con anticipación los negocios que serán lapidados, y en el bolsillo de un asaltante que resulta herido se encuentra una lista de las casas comerciales que debían ser saqueadas.

El robo colectivo continúa por largas horas durante las cuales altos militares recorren la ciudad, amenazando desde sus jeeps a los comerciantes. La policía tolera con su deliberada ausencia todos los atropellos de los comunistas, y cuando al fin se lanza a la calle, desatando balaceras con resultado de varios oposicionistas heridos, trata con guante de seda y protege a los saqueadores que se alejan con su botín.

La Oposición había organizado desde el primer día de huelga la repartición de alimentos en todos los lugares de la República. Ese reparto no tenía color político y de él se beneficiaron todos los costarricenses. La Cruz Roja, por su parte, también había acondicionado innumerables puestos de distribución de artículos de uso indispensable. Sin embargo el desfile, que no se realizó por convertirse en saqueo organizado, tenía como pretexto el hambre del pueblo a pesar de la cual los comunistas dieron preferencia en el momento del robo a los licores, las máquinas de oficina y los artículos de lujo.

Después que el comercio ha sido arrasado en Cartago y San José, desfila la roja camioneta al servicio del comunismo, haciendo oír por su magnavoz una severa condenatoria al asalto y al robo, a pesar de que dirigentes de ese partido habían sido vistos en el momento del saqueo, azuzando las turbas. El calderocomunismo también se lava las manos y sus periódicos aseguran que las depredaciones han sido llevadas a cabo por varios miles de ulatistas. Responde al día siguiente el Jefe de la Oposición en un mensaje, en el que manifiesta:

«Los saqueos de ciertos establecimientos comerciales dieron comienzo en la ciudad de Cartago la noche del sábado. Cualquiera que lea el periódico «La Tribuna» del domingo, podrá darse cuenta del regocijo con que el periódico que es órgano de los señores Calderón y Picado informaba que lo que ellos llaman el pueblo y que es una simple turba de bandidos, había «abierto el almacén de los señores Masís para proveerse del dulce que estaba almacenado.» El mismo periódico y el mismo día anunciaba actos similares en otras localidades del país para los días sucesivos.

La obra del bandalaje, que ayer en San José tuvo una abominable culminación, ha indignado al país entero. Los escasos partidarios honrados que le quedaban al infortunado y trágico doctor Calderón se han ido de sus filas y se han venido a la oposición, justamente sublevado su ánimo por el pillaje y por el concurso que le ha prestado, con torpe disimulo, la policía, presentándose a resguardar los establecimientos comerciales sobre los cuales caía la turba de bandidos, una vez que habían sido saqueados, fingiendo que iba a proteger los intereses de los comerciantes, cuando a lo que iba era a proteger a los que robaban. Si la policía, o los que la mandaron, hubiera querido proteger efectivamente los intereses de los comerciantes, al producirse el primer saqueo se habría puesto en capacidad de impedir los que siguieran por haber contribuido a una huelga pacífica en demanda de garantías electorales, fueron asesinados por la policía varios de nuestros amigos y hay otros muchos en el hospital. Por haber saqueado, por haber robado, por haber destruido la propiedad privada, por haber avergonzado a la República, ninguno de los culpables de estos hechos ha tenido nada que sentir de la policía, antes al contrario, lo que han merecido es su simpatía y su concurso. Muchas de las personas que presenciaron los saqueos, han venido a referirme que la policía armada los presenciaba sonriente; y que mientras los saqueos se realizaban, pasaban los jeeps cargados de ametralladoras y gendarmes, sin detenerse siquiera a mirar el espectáculo.

Nuestros amigos, los comerciantes robados, a quienes les envío el mensaje de mi simpatía y les pido que fortalezcan su fe en el sacrificio, han sido sometidos a esta nueva prueba, la cual espero que sea la última, porque ya la huelga no la ataja nadie y el régimen político que viene padeciendo el país tiene contados sus días.

El plan de saqueo fue cuidadosa y siniestramente elaborado. Consignaron los nombres de los establecimientos saqueados, en la edición de la tarde de ayer de uno de sus pasquines. Pero quedó bien clara la maniobra, al conocerse el resultado de los hechos, y comprobarse que algunos de esos establecimientos, tales como el de don Miguel A. González, no habían sufrido la acción de la turba en desenfreno, ya fuera porque sus propietarios los defendieron valientemente, o porque en la acción colectiva no se llevó a cabo, en forma rigurosa, el plan preconcebido. En otras palabras, los periódicos del doctor Calderón, como sabían que iba a ser saqueado el almacén del señor González, anunciaron que ya había sido saqueado, pero habiéndoles fallado este plan porque el señor González impidió que fueran abiertas las puertas de su establecimiento, los dichos periódicos se publicaron registrando como realizado un hecho que en realidad no había ocurrido. Sabían que iba a ocurrir porque conocían los planes; pero como impidió la realización de estos el propietario del negocio, los periódicos del doctor Calderón dieron una noticia falsa.

La prensa del doctor Calderón ha ido más lejos en su solidaridad con el bandalaje. Aún en la tarde de ayer, cuando la ciudad estaba consternada y ardía en ira contra los saqueos, esa prensa hacía excitaciones para que se saqueara a otros comerciantes. Léanse los siguientes títulos: «Grupo de gente pobre, de todas las filiaciones políticas, atacó a las dos de la tarde los almacenes de Segovia y de Miguel A. González que están llenos de mercaderías. Otros grandes almacenistas, que le niegan mercadería a los minoristas y pulperos de escasos recursos económicos, corren el mismo peligro.» No puede ser esto más sucio, más indignante, más propio de la prensa que sirve los intereses políticos del grupo que ya está a punto de ser expulsado del Poder. Decir, en favor de los ladrones, que se trata de grupos de gente pobre que ataco almacenes que están llenos de mercaderías, como si por llenos de mercaderías se tenían merecido el ataque, es una de las cosas más villanas que puede leerse en cualquier publicación de cualquier parte del mundo. Amenazar, como lo hace la prensa del doctor Calderón, a otros almacenistas, diciendo que corren el mismo peligro, es igualmente miserable.·


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VII.-MARIACHIS DE CORBATA

Hay mariachismo de cobija y mariachismo de corbata. Los mariachis de corbata forman un conjunto conocido con el nombre de "transaccionistas" que ha venido laborando desde algún tiempo atrás a tal punto que, a principios de julio se da ya como fracasado un intento calderonista para modificar la situación política.

El plan consistía en provocar un movimiento revolucionario simulando que éste era de origen oposicionista, para obligar al partido adverso al Gobierno a aceptar forzosamente una transacción. En Aranjuez, en un punto terminal donde ya no hay calle y el tráfico queda cortado, existe una casa rodeada de jardines. En esa casa, arrendada a personas conocidas que la mantenían deshabitada, quedaron formulados los diversos aspectos del plan, que comprendía la provocación de un choque armado en alguna reunión oposicionista, con saldo de muertos y heridos, y la campaña previa en favor de la idea transaccionista, que sería realizada por personas de relieve en la política.

El grupo comenzó a actuar, pero el plan no pudo llevarse a cabo porque llegó a conocimiento de los dirigentes oposicionistas. En un discurso pronunciado en Golfito, don Otilio Ulate se declara abiertamente en contra de una transacción pues ésta, en su concepto, desnaturalizaría todos los fines de la campaña oposicionista.

-Iré hasta el fin -dijo- cualesquiera sean las alternativas de la lucha y cualesquiera el número de ciudadanos que me sigan.

Fué después del discurso del señor Ulate que tuvo lugar una polémica entre don Fernando Castro Cervantes y el Partido Social Demócrata, sobre el tema de la transacción. Terminaba el Partido un artículo en la siguiente forma:

"En resumen, el Partido Social Demócrata se opone a cualquier transacción con los responsables del desastre nacional que hoy vivimos, porque tiene plena confianza en que el pueblo de Costa Rica, si es guiado por mentes capaces y espíritus dispuestos al sacrificio hasta de sus propias vidas, está en condiciones de acabar de una vez por todas con el corrompido régimen actual".

Cuando la huelga está en su apogeo, salen de nuevo a la luz los transaccionistas, insistiendo en demostrar las ventajas de evadir la consulta popular en las elecciones generales que se acercan. Un dirigente de la oposición se enfrenta a los mariachis de corbata, en artículo de prensa:

«El próximo y los futuros presidentes de Costa Rica (manifiesta) no saldrán más de las oficinas de los políticos; serán, como lo quieren nuestras instituciones democráticas, expresión genuina del pueblo.»

El pueblo sabe que el mismo grupo que hizo posible el fraude en las elecciones de 1944 contra don León Cortes, es el que continúa mandando; que en ningún momento significó cambio efectivo de poder el traspaso de Gobierno de Calderón a Picado y que éste no es más que un servidor prisionero de aquél. Además de la colaboración abierta del Partido Comunista, del comando de los propagandistas de la transacción y del apoyo que le brinda la organización de brigadas de choque compuestas por elementos del hampa que ostentan grado militar, Calderón cuenta para obligar a Picado a servirlo, con la mayoría de los diputados al Congreso y con la fuerza militar.

Y al correr de los días, el fortalecimiento de la no-cooperación oposicionista obliga a Calderón, a ir poniendo en juego los grupos en que basa su dominio, aclarando una vez más la orientación de la huelga, la cual no busca derrocar un Gobierno sino terminar con los factores de orden político que hacen imposible la concurrencia a las urnas electorales. Ya para la mitad de los doce días que durará la huelga, los coroneles han tratado de infundir el terror, ordenando asesinatos en masa de oposicionistas, y han pretendido arrogarse facultades de juez civil, al conminar al comercio a desistir del cierre. Los mariachis de corbata han patrullado las calles, han desatado constantes balaceras y han colaborado con los comunistas en los saqueos. Y los mariachis de corbata han pretendido seguir adelante con la campaña favorable a que se entregue el Poder a un ciudadano neutral, es decir, a un hombre despreocupado de la tragedia nacional.

Otro grupo de mariachis de corbata aún no ha sido empleado a fondo. Los diputados de la mayoría del Congreso se han limitado en estos días de huelga a evitar que se reúna el cuerpo deliberativo cuando así conviene a su jefe, o a sesionar para dirigir votos de confianza al Ejecutivo por el ametrallamiento de ciudadanos. Calderón, por medio de sus dóciles diputados, ejerce una verdadera dictadura desde el Congreso, en el cual no tiene ninguna influencia el Presidente Picado. No obstante, se ve imposibilitado para tomar ciertas disposiciones que requieren, para su aprobación, un número de votos mayor al que controla. Este escollo constitucional salva a la oposición de que sea declarada una suspensión de garantías, con lo cual el Gobierno tendría a mano un medio efectivo para romper por la fuerza el cierre comercial y la no-cooperación de los empleados bancarios.

A principios de julio, antes de la huelga, se creyó que el ansiado rompimiento entre Calderón y Picado se había producido al fin, cuando el Secretario de Seguridad Pública René Picado, hermano del Presidente, destituyó al Primer Comandante del Cuartel Bella Vista, Raúl Zeledón, después de violentísimo altercado. Parecía que René buscaba recobrar el mando militar, hasta entonces en poder del grupo de coroneles francamente calderonistas que constituían la plana mayor de la fuerza pública. Sin embargo, acontecimientos posteriores indicaron que René era incapaz de procurar el cumplimiento de su deber, pues que esto hubiera implicado una molestia para el verdadero mandatario, del cual era fervoroso admirador y a quien ayudó más adelante en toda forma, comprendiendo esa ayuda desde el reportaje parcial e irresponsable en los periódicos gobiernistas hasta el consentimiento para que la fuerza pública allanase domicilios y asesinara a los ciudadanos.

Terminada la compaña política, pasadas ya las elecciones, el 1ero de marzo de 1948 Carlos Luis Valverde es el último de los héroes civiles victimas del criminal dominio de los coroneles calderonistas. Y su nombre se hace símbolo, que enlaza la paciente espera heroica de un pueblo con el grito de liberación lanzado en las montañas del sur.


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VIII.-HAY UN FRENTE IMPALPABLE

Desde el comienzo, los Comités Oposicionistas recomendaron a los ciudadanos no ejercer en forma alguna, actos de violencia contra personas o propiedades. Se hermana así la huelga con el "Satyagraha" predicado por Gandhi. Pero al correr de los días, y en virtud de las arbitrariedades del Gobierno, se producen algunos brotes de reacción activa. Se integra una serie de grupos autónomos que trabajan en la clandestinidad dedicados al sabotaje y la radiotransmisión y que, a pesar de no obedecer la orden de los directores de la Oposición en cuanto al carácter pasivo de la huelga, colaboran con la solución de ésta al debilitar al Gobierno, al que obligan a desplazar gran número de tropas en su búsqueda y persecución.

Desde no se sabe donde, voces amigas vienen a traer fe, fortaleza y esperanza. Se aguarda ansiosamente la visita cuando llega la noche, reunida la familia junto al radio.

En la calle solitaria, los mariachis deambulan ateridos de frío de invierno y miedo. Cada pared, cada piedra en el suelo, cada poste en la esquina diluye espectralmente sus sombras, que se alargan y a veces parecieran levantarse amenazantes. Los fusiles apuntan hacia el cielo y sus disparos son los gritos de terror no articulados por las gargantas mudas de los hombres de la costa. Y el tiroteo se extiende por toda la ciudad.

Llega la voz a los hogares. Y Costa Rica Libre hace vibrar, porque ella los engendra para de ellos nutrirse; todos las corazones valerosos.

El Gobierno ha clausurado las radioemisoras de la Oposición, encarcela a quienes distribuyen boletines y obstaculiza la distribución de los periódicos que no están a su servicio. Ante la dificultad para difundir noticias verdaderas, jóvenes oposicionistas han puesto a funcionar dos estaciones clandestinas. Ambas se presentan con el nombre de Costa Rica Libre y trasmiten noche a noche, burlando la persecución que enseguida se desata en su contra.

En húmedo y oscuro calabozo, Juan Morales trata de recordar lo que escuchaba por el radio. La policía y los esbirros se llevan a las cárceles a los ciudadanos que, en sus hogares, son sorprendidos escuchando la voz de Costa Rica Libre. Varios boletines había podido escuchar. Decían:

El proyecto presentado por Gobierno al Congreso para eludir las graves consecuencias de la paralización de los bancos no es más que un soberano disparate. Y un atentado contra la organización bancaria y la economía nacional. No podía ser de otra manera como fruto que es del genial e inquieto Mechito Tinoco y del soberbio y no menos genial Alvarito Bonilla.

Las leyes se dan para los casos generales; para las situaciones normales; para los casos que pueden ocurrir en el transcurso normal de la vida colectiva. Pues bien, el célebre proyecto del Instituto de Movilización del Crédito es una ley para cuando los bancos se hallen en huelga; es decir, una ley para un caso extraordinario, anormal, patológico, que por primera vez será presentado en los ochenta años de vida bancaria del país, y que nunca más volverá a presentarse si, como tiene que ser, el pueblo logra reconquistar sus derechos democráticos y el país vuelve a marchar dentro de la Constitución y de las Leyes. Pero los proyectistas seguramente consideran que el caldero-comunismo va a seguir en el Poder, y que el pueblo entonces tendrá que seguir echando mano al recurso democrático de la resistencia pasiva contra los abusos del Poder Público, y que en consecuencia, se seguirán presentando paralizaciones bancarias como la que estamos viviendo. Así parecen razonar los genios financieros del Gobierno.

Pero no, la verdad no es esa. La verdad es que dichos proyectistas si saben que lo que están pretendiendo es una ley monstruosa y circunstancial para hacer nugatorio el esfuerzo de los empleados bancarios y meter en un régimen semi-militar, de puro corte totalitario, al régimen bancario del país.

Como son políticos ante todo; como lo que más les interesa es la conservación de sus canogías y sinecuras; como los intereses permanentes de la República son cosa despreciable para ellos, no han vacilado un momento en dirigir, con su proyecto, las bayonetas contra los Gerentes de los Bancos y los funcionarios del Departamento Emisor, aunque con ello se ponga en entredicho toda la legislación bancaria en vigencia, tan sabiamente concebida por expertos extranjeros y tan prudentemente puesta a trabajar por técnicos y especialistas costarricenses. Lo importante es que Calderón siga mangoneando; lo secundario es lo que ocurra a las instituciones y los intereses nacionales.

El proyecto en cuestión pretende echar sobre los hombros de los Gerentes de los bancos, so pena de tremendas sanciones, la obligación de entregarle una certificación a cada uno de sus depositantes, sobre el monto de sus depósitos. Con esa certificación, el depositante conseguiría efectivo en la institución que se trata de crear, la cual -a su vez- cambiaría esos certificados por nuevo efectivo en el Departamento Emisor del Banco Nacional, imponiendo a los funcionarios de éste la pena de remoción si se niegan a realizar esa operación. Por eso decimos que se militariza a Gerentes y a funcionarios del Emisor.

¿En qué cabeza puede cabes que un Gerente, que sólo se entiende con las líneas generales de acción de su Banco, pueda entrar a darles certificación a todos sus depositantes, de los depósitos que tienen constituidos en la institución? El Banco de Costa Rica, el Anglo y los demás tienen cada uno de ellos, varios miles de depositantes. Y los proyectistas quieren que sus Gerentes entren a hacer de cajeros, de auditores, de contralores, de mecanógrafos, al tiempo, procediendo a certificar a cada uno de esos miles de depositantes el monto de los fondos que tienen depositados. Es, además de un sistema, militar, un sistema inoperante. Pues en solo estudiar una cuenta corriente puede el Gerente perder varias horas. Y no se diga que puede ser ayudado por los cajeros y demás empleados especializados, porque precisamente la hipótesis en que se grava a los Gerentes con semejantes responsabilidades, es la de una huelga en que los empleados no están trabajando.

¿Y en qué cabeza, en segundo lugar, puede caber el que el Departamento Emisor que es, por las leyes generales de bancos, la autoridad encargada de velar por el valor de la moneda, aparezca obligado a cambiarle al Instituto de Mobilisación de Crédito todos los certificados de depósitos que éste le envíe? ¿Que cuando la huelga termine, el Emisor procederá a cobrar sumas iguales en los respectivos bancos? Muy bien, ¿y mientras tanto? Mientras tanto cesa por acaso la responsabilidad del Emisor para velar por la circulación monetaria? Eso es lo único que le faltó a Mechito poner en su proyecto para ser consecuente con sus concepciones.

Según la Ley del Banco Nacional, el Emisor no está obligado a realizar ninguna operación de emisión. Todas ellas -compra de oro físico, compra de divisas extranjeras, adquisición de documentos de crédito, etc.- son facultativas: él puede realizarlas o no realizarlas. Y tiene que ser así, ya que si se pone a su cargo la grave responsabilidad de velar por la circulación monetaria, debe dejársele un amplio margen de acción y de decisión. El que tiene la responsabilidad tiene que contar con la libertad de decidir. Pero de acuerdo con el proyecto que se comenta, mientras la responsabilidad del Emisor continúa en pie, se le despoja de la libertad de que hasta ahora ha gozado, y se le obliga a realizar todas las operaciones que el Instituto proyectado le proponga sin chance ni de protestar siquiera. Pues que la protesta, o la negativa a operar, se castiga con la remoción de los funcionarios.

Claro que semejante militarización no podrá ser soportada por los actuales técnicos del Banco Nacional, que son personas serias y responsables; habrá que llevar allí a personas sin criterio y sin escrúpulos que hagan todo lo que el Gobierno ordene hacer. ¿Que le parecerá, por ejemplo, al público que realiza operaciones con los bancos, que el Emisor esté integrado por Albertazzi, Mitajuana y Pencho Alvarado, o por cualesquiera otros de su mismo tipo, aunque talvez con pretensiones de ser distintos? ¿Sabe o no el Gobierno lo que la confianza significa en materias económicas? ¿Sabe el Gobierno que la desconfianza es la madre de todas las crisis financieras, y que, con su proyecto de marras lo que puede llegar a conseguir es que la huelga civil se propague hasta el uso del dinero? ¿Sabe el Gobierno lo que significaría para él que la gente se negase a recibir colones de los que se sabe han sido emitidos al conjuro de una legislación oportunista y circunstancial y al golpe discreto de un cañón de rifle en las espaldas de los funcionarios del Departamento Emisor? Decididamente hay que confesar que los calderones y los comunistas desconcertados por la vitalidad del pueblo costarricense y por su capacidad de sacrificio, no han hecho más que torpezas y estupideces.

Pero ya falta poco para la victoria final. Y cuando esta llegue, el proyecto luminoso de Instituto de Movilización del Crédito figurará a buen seguro en la Sección de bichos raros de nuestro Museo Nacional, para asombro de los estudiantes de Ciencias Económicas y vergüenza de sus atolondrados autores.

Durante estos días ha llamado la atención el paralelismo entre las líneas de conducta del Gobierno y del partido comunista, y la forma en que estas líneas de conducta se complementan. Hay actividades que realiza el Gobierno contra el pueblo, y hay otras actividades que realiza el partido comunista. Unas y otras actividades se complementan maravillosamente: parece dejarse al partido comunista la iniciativa y el Gobierno responde enseguida en forma ya determinada. Es siempre el mismo juego. Los ejemplos abundan: la prensa oficialista dice que el pueblo está hambriento, y el comunismo se lanza a saquear establecimientos señalados de antemano. La prensa oficialista dice que el movimiento de resistencia civil es una protesta de los ricos contra el impuesto sobre la renta, y los comunistas amenazan con echarse a las calles a exigir con sus armas, como lo dijo el líder comunista Manuel Mora, la solución del problema.

La distribución gratuita que de los elementos esenciales de la alimentación se está haciendo a todas las clases populares, se hace más perfecta cada día. Los comités de abastecimiento de la Oposición, encargados de que el pueblo no sufra hambre a causa del movimiento nacional de resistencia civil informan a los círculos directivos que diariamente reparten, con la colaboración de la Cruz Roja Internacional, de las Juntas de Protección Social y de la Junior Chamber International, muchos miles de botellas de leche y gran cantidad de arroz, frijoles, azúcar y otros artículos de primera necesidad sin cobrar un céntimo por estos servicios y sin discriminaciones de carácter partidista. En las ciudades funcionan comedores públicos y dentro de poco tiempo se espera extender este servicio a todas las zonas del país.

El Gobierno y el comunismo, que recientemente trataron de sorprendernos con la mentirosa noticia de que el pueblo estaba hambriento, al darse cuenta de que la Oposición asiste gratuitamente al pueblo no encuentran mejor camino que la violencia para responderle. Denunciamos las maniobras criminales del Gobierno y del comunismo, que aúnan sus esfuerzos para que los víveres destinados al pueblo no lleguen a las manos que los necesitan. Denunciamos que el Gobierno y el comunismo quieren mantener hambriento al pueblo para que prosperen sus prédicas demagógicas y para desacreditar al movimiento nacional de resistencia civil.

Este llamado se dirige a las fuerzas armadas del país, a los soldados de Costa Rica para quienes todavía el honor militar no sea una palabra hueca.

Este llamado se dirige a los soldados costarricenses para advertirles que deben negarse a seguir prestando sus servicios a un Gobierno que les manda ametrallar a sus compatriotas a sangre fría y sin provocación. El movimiento nacional de resistencia civil, la huelga de brazos caídos que les han ordenado combatir por el camino de la sangre a pesar de que este movimiento es respetuoso y pacífico, tiene como objeto algo que beneficia por igual a todos los costarricenses honrados, cualquiera sea el partido político a que pertenezcan, porque se origina únicamente en la negativa del Gobierno de otorgar al pueblo garantías efectivas para el libre ejercicio del derecho de votar. Si esas garantías se obtienen, saldrán beneficiados con ellas no sólo los miembros del partido nacional oposicionista, sino todos los costarricenses honrados, es decir aquellos costarricenses que están sencillamente preocupados porque el derecho de votar se ejerza libremente en Costa Rica. No existe una verdadera democracia allí donde el derecho de voto está restringido por la arbitrariedad del Gobierno, porque la importancia del sufragio libre está precisamente en asegurar que las personas electas por votación popular son de verdad representantes del pueblo. Ustedes saben que ese no es el caso de Costa Rica, porque han presenciado los escandalosos fraudes electorales de éste y del pasado Gobierno, y quizás no han tenido la serenidad de ánimo para reflexionar que por este camino ustedes están contribuyendo a legar a sus hijos una patria sin libertad y sometida a las arbitrariedades de unos pocos. A ustedes se les tiene con hambre y se les paga mal mientras reciben órdenes de los hermanos Calderón Guardia, enriquecidos con el dinero del pueblo, que es el dinero de ustedes. ¿Hasta cuándo seguirán colaborando con este régimen de infamia que soporta Costa Rica?

¿Hasta cuando se seguirán prestando para ametrallar a sus hermanos que no están pidiendo granjerías para ellos sino efectivos beneficios para el país entero?

Si necesidades económicas les obligan a prestar servicios al Gobierno, se les ofrece trabajo digno en las ciudades y en los campos. Si de alguna manera la gratitud les mantiene en las filas del Gobierno, es preciso que recuerden que no hay gratitud en este mundo que sea más importante que la conciencia da un hombre de bien, y que ninguna forma de agradecimiento es motivo bastante para arrastrar a un hombre digno al asesinato.

¡Alerta, costarricenses! El Gobierno de Costa Rica está usando el Poder Legislativo como un medio de amenaza y como un instrumento contra el pueblo. Las leyes que pretende pasar el Gobierno en estos días representan los intereses del Gobierno enfrente del pueblo, y como sólo es lícito legislar en nombre del pueblo y para bien del pueblo, se hace la siguiente recomendación:

Si el Gobierno de Costa Rica pretende usar las leyes como un instrumento de coacción contra el pueblo, el presente movimiento, que es de resistencia civil, debe transformarse en un movimiento nacional de desobediencia civil, que significa no prestar acatamiento a las leyes, excepción hecha de aquellas que garantizan la vida, el honor, la paz y la propiedad ajenas. Este movimiento, si se considera necesario para la salvación del pueblo, tendrá como consecuencia inmediata la cesación del pago de toda clase de contribuciones al Gobierno, y el desconocimiento y desobediencia pacíficas de sus Autoridades. Por el momento se recomienda disminuir al mínimo el consumo de aquellos artículos que soportan tasas, especialmente cigarrillos y licores; y se recomienda de modo particular retirar los litigios civiles de los Tribunales de Justicia, y resolverlos mediante Arbitros privados, como lo permite de modo expreso nuestra Constitución Política. Oportunamente, en el caso de que entremos a esta nueva etapa de nuestro movimiento, o sea la desobediencia civil, daremos al pueblo de Costa Rica todas las instrucciones que sean necesarias.


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IX.-EL TIEMPO DETENIDO

Junto con otros reos políticos, Juan Morales padece hambre y sed de justicia. Al calabozo llegan a menudo los oficiales y la soldadesca y los insultan con voz enronquecida por el odio y el guaro. A veces se les lanza un balde de agua sucia sobre el duro suelo en donde duermen. A veces les dan de patadas o los golpean, con las cacha de los revólveres o las culatas de los rifles. El alimento es malo y escaso, porque no se les entrega ni siquiera el auxilio que familiares en libertad les envían.

No le está permitido salir a estirar los entumecidos miembros, ni tomar un rayo de sol en los patios. Los calabozos se van convirtiendo paulatinamente en pocilgas de un hedor insoportable a excremento y vómito. Los días, que lentamente pasan, están llenos de ascos y de hambres; de sed y de dolores. De silencio.

Es más dura la prisión cuando es injusta. Pareciera que el frío penetrase más allá de los huesos y que el tiempo estuviera detenido en un punto mortal.

Por los nuevos presos, que constantemente llegan, Juan Morales y sus compañeros se mantienen enterados de lo que ocurre fuera de la cárcel. Es así como se enteran de que algunas personas intentan buscar, por distintos medios, arreglo a la situación.

Logran saber que, en reunión de Gabinete, tres Secretarios de Estado, tras deliberar ampliamente en busca de una solución, deciden sugerir al Tribunal Electoral como mediador, aprovechando que los miembros de ese cuerpo habían visitado el 24 de julio al Presidente con fines conciliatorios. Que mientras tanto, el Secretario de Seguridad Pública recibía en La Sabana a dos técnicos ametralladoristas de la Guardia Nacional de Nicaragua y a un experto en morteros del Ejercito Hondureño, los cuales han sido enviados por Somoza y Carías para asesorar e instruir a los asesinos del pueblo costarricense.

Averiguan que, después de la reunión de Gabinete del 25 de julio, han tenido lugar otras y que en manos de los Secretarios de Relaciones Exteriores, de Fomento y de Trabajo están algunas de las condiciones básicas puestas por la Oposición para declarar terminada la huelga, transmitidas por el Tribunal Electoral. Que el Presidente Picado no abandona su intransigencia y rechaza de plano esas condiciones, negándose, entre otras cosas, a hacer cambios militares y no aceptando ni siquiera permutas, ya que en realidad la fuerza pública no está en manos de los Picado sino en las de los Calderón, los cuales han obtenido hasta que se dé de alta en servicio activo de las armas, con grados militares, a su jefe de brigadas de choque y a sus principales guardaespaldas.

Pueden enterarse de que la intervención de los Secretarios de Estado no llega a ningún resultado, con motivo de lo cual se produce, el 29 de julio, la renuncia irrevocable del Secretario de Trabajo, Lic. Miguel Brenes. Que lo acompaña en su actitud el Subsecretario de esa Cartera y que el texto de la renuncia es:

Señor Presidente de la República. Casa Presidencial

Muy estimado señor Presidente:

La presente tiene por objeto llevar al ilustrado conocimiento de Ud., con verdadera pena de mi parte, la decisión irrevocable de separarme de las funciones de Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social, que he venido desempeñando en el Gobierno que usted dignamente preside.

Motiva mi renuncia la circunstancia muy significativa de que usted, en su condición de Jefe del Estado, ha prescindido por completo de mi modesta colaboración como Secretario de Estado, durante todo el desarrollo de los delicados y graves acontecimientos que ha vivido y vive el país, a pesar de habérsela ofrecido gustosamente, en nombre propio y en el de los estimables compañeros de Gabinete que me dispensaron el honor de darme el encargo, desde el comienzo de la situación.

Además, en el hecho fundamental de que yo no apruebo, en manera alguna, las medidas adoptadas por el poder Ejecutivo para tratar de solucionar el conflicto.

Reitero al señor Presidente los sentimientos de mi sincera e invariable amistad personal; y aprovecho la oportunidad para suscribirme su atento servidor y afectísimo amigo, MIGUEL BRENES G.

Se enteran los reos de que el Presidente, desde el Cuartel de Artillería en donde reside, insta al señor Brenes a retirar su renuncia, invocando la amistad que los une y lo provechosa que ha sido para el país su gestión como Secretario de Trabajo. A esto el Lic. Brenes contesta que su renuncia no ha sido un gesto impremeditado sino el producto de honda reflexión y que ratifica en todos sus términos la carta de renuncia. Dice: "Hay momentos en que deben dejarse a un lado los llamados del corazón para cumplir con los deberes que demanda la Patria."

Fracasan las gestiones de arreglo iniciadas en el seno del Ejecutivo. Pero entretanto, el Tribunal Electoral ha venido reuniéndose con los personeros de los Bancos, en busca de igual fin. El mismo día en que los comunistas saquean el comercio en San José, los banqueros hacen una proposición concreta que, a pesar de ser rechazada por el Presidente, contiene las bases del convenio definitivo de unos días más tarde. Los periódicos oposicionistas dan la noticia:

«Hacia la media noche del lunes, los señores banqueros convinieron en presentar al señor Presidente y al señor Ulate una nueva fórmula de solución muy breve, que se reducía a que ambos aceptaran que las garantías electorales fueran calificadas y aprobadas por el Tribunal Electoral y que una vez aceptadas estas garantías se hiciera una tregua de diez días, durante los cuales no habría manifestaciones políticas, ni discursos, ni política en los radios o en los periódicos. En suma, la proposición se limitaba a que el Tribunal Electoral fijara las garantías, a que el Ejecutivo aceptara esa fijación y a que el señor Ulate la aceptara también. En este caso el señor Ulate haría una proclama dando por terminada la huelga en todo el territorio. El señor Ulate aceptó esta nueva fórmula íntegramente, con un (pequeño agregado en el que se decía que la huelga cesaría inmediatamente que las garantías, aprobadas por el Tribunal, fueran hechas efectivas. El señor Picado evadió el examen de esta fórmula porque dijo que los miembros del Tribunal Electoral no aceptarían hacerse cango de la fijación de las garantías.

Hasta anoche, esta era la situación inquietante que prevalecía en el país. Sabemos, sin embargo, que tanto el Tribunal Electoral como los banqueros siguen trabajando empeñosamente por encontrar una solución que afiance la paz de la República, asegure la libertad electoral y permita el regreso a la normalidad.»

Fracasada su primer tentativa, los banqueros se entrevistan al día siguiente con Monseñor Sanabria, Arzobispo de San José, y le piden su mediación. Monseñor, para iniciar sus gestiones, les solicita el respaldo de un pliego con firmas de personas de representación.

Durante todo el miércoles 30 de julio, los miembros del Tribunal Electoral permanecen en conversaciones con representantes de la Banca, de la Oposición y del Gobierno, y el Lic. don Gerardo Guzmán, Presidente del Tribunal, se muestra optimista en declaraciones para la prensa.

Un policía se acerca al calabozo y abre la puerta.

-¡Juan Morales! -grita.

El preso se incorpora trabajosamente y como un autómata sigue al gendarme a través de corredores que para su debilidad se hacen interminables. Siente dolor en los ojos, que en pocos días han perdido la resistencia a la luz.

Ante una puerta se le hace esperar por largo rato. Al fin se le introduce en una habitación en que un sargento parece esperar. Se le comunica que está libre. No se le dice a qué o a quien le debe el favor.

-Serán los abogados de la Oposición- piensa.

Y de pronto, la calle.

El cuadro no ha cambiado. Todo permanece quieto.

Más tarde se entera de que la huelga se mantiene en todo el territorio de la República, a pesar de los desesperados esfuerzos del Gobierno, del calderonismo y del comunismo para hacerla fracasar. Que continúan las persecuciones, allanamientos y las balaceras. Que Costa Rica Libre aún trasmite. Que damas calderonistas intimidan a los empleados públicos para que firmen pliegos de adhesión y apoyo al candidato oficial. Que el Gobierno no ha podido pagar los sueldos de sus servidores, a los que ha entregado vales que nadie admite. Que continúa la ola de protestas por las arbitrariedades y que aún los más tibios han hecho público repudio de los actos del oficialismo. Que algunos Secretarios de Estado presionan al Presidente para que abandone su actitud intransigente. Que los Calderón siguen en los cuarteles. Que los periódicos adictos al Gobierno aseguran que los, saqueos han sido hechos por los oposicionistas. Que los boletines del Comité de Huelga son cada vez más enérgicos. Y que los comunistas, para hacer creer que no han tenido participación en los saqueos, habían anunciado una manifestación para las cinco de la tarde del 31 de julio para pedir energía al Gobierno y con la consigna de no robar.

El desfile no fué autorizado por el Presidente. Pero Manuel Mora, Jefe del Partido, manifestó que daba 48 horas a los directores de la huelga para que ésta terminase, pues en caso contrario el comunismo se lanzaría a la calle con sus arnas, para exigir que el problema se definiese. Antes de hablar a su Partido en la Plaza de la Soledad, había conferenciado largamente con los hermanos Calderón.

Es el primero de agosto de mil novecientos cuarenta y siete.


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X.-MILAGRO EN LA ALTA NOCHE

Factores de origen local, hacen que la huelga tenga en cada región su modalidad propia, al aumentar o disminuir su intensidad. En un primer plano de violencia se cuentan Cartago, San José y Alajuela. En estas ciudades el Gobierno ha disparado más contra loe oposicionistas: ha encarcelado mayor número de simpatizantes del movimiento y ha permitido con más grande descaro los saqueos comunistas.

Y de Cartago, San José y Alajuela son las damas que suscriben un manifiesto:

«...Es de extrema urgencia poner remedio a esta situación. Esta barbarie no debe continuar. Elevemos ruegos a la Providencia para que nos devuelva la tranquilidad, y pedimos a los costarricenses que se unan en un solo haz de voluntades, y soliciten, en la forma que corresponda, que los señores Calderón Guardia abandonen el país...».

Una serena y maternal preocupación recorre esas líneas. No hay insultos, ni frases violentas, ni amenazas. A pesar de intuir con sibilina claridad la tragedia que estallará seis meses después, las damas se limitan a pedir que los Calderón, enemigos de la tranquilidad pública, se vayan del país. Y esa decorosa actitud habrá de ser la característica en la intervención de las mujeres en la huelga de brazos caídos. Su tono será el más firme y decidido al mismo tiempo que el de menor violencia. Y cuando creen llegado el momento de actuar, preparan antes su espíritu con la oración. El primer llamado de un grupo de damas, constituido en Comité, dice así:

«El Comité que suscribe está respaldado por miles de mujeres. Si este Comité es silenciado, inmediatamente otro grupo tomará nuestro lugar...»

Convoca para demandar al Presidente la

«Devolución de las libertades que han sido cercenadas hasta un punto inadmisible para la dignidad de Costa Rica».

«Hoy, 31 de Julio, será día de oración. Las mujeres se recogerán en los templos para preparar el espíritu para la gran jornada cívica...»

«Cuando reciban el aviso necesario, se saldrá en una manifestación en orden perfecto, que desfilará hacia la casa presidencial con banderas blancas, bajo las voces únicas del Himno Nacional. Nuestra petición será garantías iguales para todos los costarricenses».

En la mañana del sábado dos de agosto de mil novecientos cuarenta y siete, ocho mil mujeres llegan a las puertas de la Casa Presidencial. Han recorrido la última jornada, en el penoso camino que por doce largos días ha transitado el pueblo y a pesar de los muertos, a pesar de la sangre y de las lágrimas, la enlutada procesión silenciosa solo pide garantías electorales.

«Nos congregamos en la Catedral para una invocación a la Virgen de los Angeles. Luego saldremos hacia la casa presidencial en orden y silencio perfectos, de acuerdo con las instrucciones que ya han sido distribuidas, para presentar un pliego al Sr. Presidente de la República.

Tenemos garantía de completas seguridades para que nuestra manifestación no sea interferida. A los caballeros que han insistido en protegernos, les pedimos vehementemente abstenerse de hacerlo para que nadie pueda decir que hay provocación política alguna en nuestro movimiento. Estamos absolutamente seguras de que no habrá costarricense capaz de estorbar un desfile respetuoso de madres y jóvenes costarricenses que sólo piden libertades para nuestro pueblo.

Si al iniciarse el día de hoy tuviera Costa Rica la solución ansiosamente esperada, oraremos en acción de gracias en la Catedral y pasaremos luego a expresar al Sr. Presidente de la República nuestra fé en que su gobierno ha de asegurar, dentro de su debida autonomía, las garantías que den perfecta confianza a la nacionalidad costarricense».

El Presidente no atiende a las mujeres. Se limita a decirles que pidan un milagro a la Virgen de los Angeles, cerrando acto seguidlo la puerta tras de sí.

Contra las mujeres se desata entonces toda la villanía, toda la bajeza y la suciedad existentes en el oscuro fondo de los hombres del Gobierno. Deben ser apuradas las últimas gotas del amargo cáliz.

Después de un día en el Parque Nacional soportando la burla y el insulto de militares, comunistas, mujerzuelas, y palaciegos, las damas se han preparado para pasar la noche frente a la Casa Presidencial. A las once y media de la noche es desconectada la corriente eléctrica y envuelta en las sombras, la policía lanza contra las señoras la afrentosa furia de sus cintazos y sus disparos, obligándolas a buscar refugio en las casas vecinas.

Al volver el silencio y la calma, en la alta noche, se produjo el milagro. Y mientras la protección de los hogares va cubriendo a las mujeres que regresan, el Gobierno se ve obligado a dar al pueblo las garantías que este ha sabido conquistar.

Al día siguiente, los periódicos informan. Se publica el convenio entre la Oposición, el Gobierno y el Partido oficial:

Como resultado de la intervención de los Miembros del Tribunal Nacional Electoral en concepto de mediadores, se ha llegado a convenir en lo siguiente:

1) Crear un Comité de Investigación integrado por tres miembros propietarios y tres suplentes. (Estos para el caso de muerte o impedimento de los propietarios). Su nombramiento será hecho por el Tribunal Nacional Electoral, designando cada miembro del mismo un miembro propietario y un suplente. Los elegidos serán personas de reconocida independencia, de imparcialidad política, y de rectitud y moralidad intachable, todo a juicio del Tribunal. El Comité de Investigación tendrá las facultades establecidas en el proyecto respectivo redactado por el Tribunal Nacional Electoral y que se agregará al presente convenio.

2) Se publicará una declaración firmada por el Presidente de la República, el Secretario de Seguridad Pública, los Diputados del Partido Republicano Nacional y los de la Oposición, por los jefes del Partido Republicano Nacional y de la Oposición, y por jefes y oficiales de las fuerzas públicas, en la cual se comprometerán a aceptar como definitiva e inapelable la resolución que sobre las elecciones del mes de Febrero entrante emita el Tribunal Nacional Electoral. Además, el Presidente de la República y su secretario de Seguridad Pública entregarán dentro del término de veinticuatro horas después de firmada esa resolución, el control de las fuerzas públicas al ciudadano favorecido por la referida declaratoria de elección.

3) El Poder Ejecutivo presentará inmediatamente al Congreso Constitucional un proyecto de ley para que se concedan reparaciones justas y equitativas a juicio del mismo, para todas las personas que hayan sido heridas, y para las esposas e hijos menores de los que hayan fallecido por consecuencia, directa de los acontecimientos de la pasada emergencia, proyecto que los señores Diputados de la Oposición y del Partido Republicano Nacional se obligan a aprobar.

Es bien entendido que las personas que acepten la reparación ofrecida por el Poder Ejecutivo quedan por el mismo hecho comprometidas a no ejercer reclamaciones judiciales con el mismo objeto, aunque una ley anterior los autorizara para hacerlo.

4) El Presidente de la República garantiza a todos los empleados que el Poder Ejecutivo dará absoluta libertad como reiteradamente lo ha ofrecido, para afiliarse al Partido Político de sus simpatías sin que pueda haber represalias ni destituciones por ese motivo. Cualquier incumplimiento de esta cláusula por subalternos del Poder Ejecutivo, será de conocimiento y resolución del Comité de Investigación.

5) Queda establecido que no se ejercerán represalias ni persecuciones de ninguna clase sobre las personas o empresas que hayan tenido participación en la huelga de brazos caídos, o sobre los que no hayan participado en ella.

6) Con el único objeto de que la contienda eleccionaria se desarrolle en un ambiente de libertad y garantías irrestrictas y de que por consiguiente no coarten en ninguna forma las manifestaciones y actividades políticas de los electores, se establece que el Tribunal Nacional Electoral ejercerá vigilancia y autoridad sobre los miembros de la policía nacional en cuanto a las actuaciones relacionadas con el proceso electoral, y las ejercerá por medio de un cuerpo de delegados suyos de reconocida rectitud, sin que en caso alguno sea menester la intervención personal de los miembros de aquel Tribunal para dar cumplimiento a las disposiciones del mismo. Los delegados del Tribunal Nacional Electoral quedan revestidos de la autoridad necesaria para llevar a cabo su cometido.

7) El Presidente de la República, los dos Partidos políticos mencionados y los Diputados de los mismos, se comprometen a dar todo su apoyo y a mantener en sus puestos a los actuales miembros del actual Tribunal Nacional Electoral, elevando a propietario el suplente respectivo en caso de muerte o incapacidad de alguno de los propietarios y nombrando para suplente a quien reúna las mismas condiciones morales de los actuales miembros. Se hace constar que a los miembros del Tribunal Nacional Electoral se les ha pedido, y ellos han manifestado el propósito de permanecer en sus puestos, para coadyugar en lo que les concierne, al cumplimiento de lo que se ha pactado.

8) Los Diputados al Congreso Constitucional del Partido Republicano Nacional y de la Oposición, se obligan a votar sin pérdida de tiempo el presupuesto de gastos que solicite el Tribunal Nacional Electoral para sus gastos ordinarios, y los que este convenio le demande.

9) Para satisfacer los deseos expresados por los mediadores, los firmantes se comprometen a recomendar a la ciudadanía que se observe una tregua completa en las actividades políticas durante ocho días, y los jefes de los partidos se comprometen igualmente a excitar a sus partidarios para que no hagan uso de la prensa ni de los radios con fines de propaganda política; ni celebren reuniones públicas en estos días, con el objeto de dar tiempo de que los ánimos se serenen completamente.

San José, 3 de agosto de 1947.

ANEXO AL CONVENIO ENTRE EL PODER EJECUTIVO Y LOS PARTIDOS REPUBLICANO NACIONAL Y UNION NACIONAL

Artículo 236 bis.

a) Las denuncias de actos que pudieran considerarse como transgresión de las leyes electorales, y que llegaren a ser realizados por gobernadores, jefes políticos o empleados militares o de policía, podrán ser sometidas al estudio de un Comité de Investigación Electoral. Para ello será indispensable que el Comité Ejecutivo de un Partido Político organizado conforme al Artículo 104 del Código Electoral, prefiera, en vez de acudir directamente a los Tribunales comunes, optar por el procedimiento administrativo que este artículo reglamente, y que al efecto presente la respectiva denuncia ante el Comité. Este tendrá por función efectuar en cada caso una investigación rápida y lo más completa posible de los hechos denunciados, actuando según los procedimientos y formalidades que el mismo organismo determine, y contando con la cooperación obligatoria y el apoyo decidido y eficaz de todas las autoridades de la República. Si la investigación arrojare mérito suficiente, el Comité procederá sin pérdida de tiempo y comunicará el resultado al Poder Ejecutivo, a fin de que suspenda inmediatamente en sus funciones al empleado, el cual no podrá ser nombrado para ningún otro empleo público mientras no haya sido declarado inocente por los Tribunales.

b) El Comité de Investigaciones estará integrado por tres miembros propietarios y tres suplentes (éstos para el caso de muerte o impedimento de los propietarios). Su nombramiento será hecho por el Tribunal Nacional Electoral, designando cada miembro del mismo un propietario y un suplente.

Los elegidos serán personas de reconocida independencia, de imparcialidad política, y de rectitud y moralidad intachable, todo a juicio del Tribunal.

c) Las resoluciones del Comité se tomarán por mayoría de votos. El cargo de miembros del Comité de Investigación será obligatorio para todo ciudadano costarricense que reúna las condiciones de elector.

Se publica también una declaración del Tribunal Electoral:

El Tribunal Nacional Electoral ha considerado de su deber evitar que surjan nuevos sucesos de gravedad imprevisible con motivo de la interpretación partidarista que pudiera darse a las conclusiones de mediación acordadas; y con ese fin ha solicitado a los partidos políticos y estos han convenido en ello, que se informe al público del resultado de sus gestiones por medio de esta única publicación.

Se declaran concluidas las dificultades de carácter político existentes desde el momento de esta publicación y por consiguiente, se reanudarán a partir de mañana todas las actividades económico-sociales del país que estaban en suspenso.

Se ha convenido y aprobado por los partidos políticos un pliego de garantías electorales que se agrega a esta exposición.

Los partidos políticos, a instancia de este Tribunal, se han obligado solemnemente a mantener durante ocho días que expirarán el próximo sábado nueve de agosto, a las veinticuatro horas, una tregua en todas sus actividades de carácter político que incluirá la prohibición de efectuar reuniones, manifestaciones, toques de sirena, desfiles y cualesquiera otros medios de concentración; el compromiso de no hacer publicaciones de carácter político en diarios u hojas sueltas, obtener de los periódicos en general la no inserción de reportajes, memoriales, informaciones, o avisos de carácter político, con excepción del acuerdo de garantías y de este manifiesto; asimismo, los partidos políticos se obligan a suspender durante el lapso de la tregua sus transmisiones de radio, haciendo que todas las «Radio Trasmisoras» respeten tal decisión sin lugar a agregar, que las trasmisiones o publicaciones que pudieran violar esta tregua, son de carácter particular o clandestino.

El Tribunal Nacional Electoral se complace en reconocer la cooperación y espíritu conciliatorio que ha privado entre los funcionarios y particulares que han intervenido en la feliz terminación del convenio y pide a toda la ciudadanía que durante la tregua acordada no se ataque en forma alguna a las mencionadas personas.

Este pacto se ha extendido en tres ejemplares cada uno de los cuales lleva las firmas respectivas de las partes.

San José, 3 de Agosto de 1947.

Octavio Beeche. -José María Vargas G. -G. Guzmán. -Max Koberg Bolandi

Ninguna de las personas que intervienen para solucionar la huelga ha fracasado en su intento.

El Secretario de Trabajo, con su renuncia a raíz del rechazo de su intervención conciliadora, hace ver al pueblo la profundidad del abismo en que el predominio de Calderón precipita al Gobierno. Los banqueros ponen las bases del arreglo definitivo. El Tribunal Electoral sirve en forma constante de mediador. Y el Arzobispo, que con clara percepción de la realidad comprende lo imposible de llegar a un acuerdo en ausencia del verdadero mandatario, plantea la posibilidad de arreglo no entre la Oposición y el Gobierno sino entre la Oposición y el Partido Oficial, al invitar a las conversaciones a dos delegados de esa agrupación.

Aquello que comenzara con un movimiento local para lograr garantías para la seguridad personal, termina con la conquista de garantías electorales para todo el país.

El pueblo ha cobrado conciencia de su fuerza. Ha conquistado su derecho a elegir libremente, y sabe que en adelante, ese derecho no podrá serle arrebatado.


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Esta noche de julio de mil novecientos cincuenta y tres, Juan Morales piensa. Lo envuelve la extraña sensación de haber vivido de nueva escenas ya pasadas.

Se incorpora y camina hacia la puerta. Arriba, el alto cielo comienza a iluminarse.

Contempla el empedrado patio. El viento, pasando suavemente por las hojas de los árboles de la cerca, trae los mugidos de las vacas que en el cercano establo ofrecen el regalo de su leche. Amanece. Todo es calma en el campo. Todo es calma en la Patria. Todo es paz.

Lejos ya en el espacio y en el tiempo, al pensar en las cosas que pasaron, Juan Morales percibe con íntima emoción el palpitar del pueblo, su fe, su heroico afán de sacrificio, su ternura y su fuerza.


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