PACTO DE LA EMBAJADA DE MÉXICO
En virtud de la mediación solicitada al Cuerpo Diplomático,
por el Gobierno de Costa Rica, se realizaron conversaciones entre el presidente
de la República de Costa Rica Lic. don Teodoro Picado, sus representantes y el
delegado del Ejército de Liberación Nacional, Pbro. don Benjamín Núñez.
Las mencionadas conversaciones dieron como resultado un
acuerdo preliminar, destinado a hacer cesar las hostilidades y a establecer las
circunstancias, para estudiar dentro de un ambiente favorable, un arreglo
definitivo.
Dicho Acuerdo Preliminar es el siguiente:
- El Presidente de la República nombra secretario de
Seguridad Pública al Licenciado don Miguel Brenes Gutiérrez y llamará a
ejercer el poder Ejecutivo al Tercer Designado, Ingeniero don Santos León
Herrera, quien organizará inmediatamente su gobierno en la forma que juzgue más
conveniente a las necesidades del país.
- El Secretario de Seguridad Pública, adoptará las medidas
pertinentes a fin de que, en el menor plazo posible, las fuerzas del Gobierno
se retiren de sus posiciones y sean oportuna y debidamente
licenciadas.
- Se facilitará la salida del país, sin carácter de
expatriación, de los jefes militares y funcionarios civiles más destacados,
como una medida preventiva en su seguridad personal.
- Entre tanto se llega al acuerdo definitivo a que se ha
hecho referencia, las fuerzas del gobierno y del Ejército de Liberación
Nacional, se abstendrán de toda acción armada. Las fuerzas del Ejército de
Liberación Nacional, podrán avanzar a sus nuevas posiciones.
- Se otorgarán garantías para las vidas y haciendas de todos
los ciudadanos que, directa o indirectamente, estuvieron comprometidos en el
conflicto. Se garantizan en modo especial la vida, hacienda y derechos
otorgados a todos los militares, funcionarios o empleados que han servido al
Gobierno del Lic. Teodoro Picado. Se asegura a las familias de las víctimas de
la guerra civil y a las víctimas incapacitadas, sin distinción de partidos
políticos, las indemnizaciones adecuadas. Queda establecido que no se ejercerán
represalias de ninguna especie. Se decretará una amnistía general. Todas las
estipulaciones establecidas en esta cláusula constarán en el acuerdo
definitivo.
- Todo lo relaciondo con las garantías para la promoción del
bienestar social y económico de las clases trabajadoras, se ha contemplado en
un documento especial que presentará el Ejército de
Liberación Nacional al jefe del partido Vanguardia Popular.
- Por los medios jurídicos y diplomáticos que los
respectivos tratados o Convenios Internacionales estipulen, el nuevo gobierno,
presidido por el Ing. Don Santos León Herrera, resguardará y garantizará la
soberanía nacional. El nuevo gobierno manifiesta sus propósitos de colaboración
a las Naciones Unidas y a la solidaridad americana.
Los firmantes del presente acuerdo, dejan constancia expresa de que
reconocen los nobles sentimientos humanitarios que en todo momento han
inspirado la gestión del Cuerpo Diplomático. Agradecen en nombre de la Patria
su desinteresada intervención en pro de la paz y manifiestan que los
representantes de esa Alta Corporación, en ningún momento se apartaron de la
neutralidad absoluta, ni tendieron con sus actuaciones a mejorar o empeorar la
situación política de alguna de las partes militantes o a favorecer o
entorpecer sus planes u operaciones militares.
SAN JOSÉ C.R.,
DIECINUEVE DE ABRIL
DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO.
TEODORO PICADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
PBRO. BENJAMIN NÚNEZ V.
DELEGADO DEL EJÉRCITO
DE LIBERACIÓN NACIONAL
El Ejército de Liberación Nacional presenta al Partido Vanguardia Popular,
parte de su programa social de Gobierno, cuya realización promete a todos los
trabajadores de Costa Rica:
- Las Garantías Sociales existentes no sólo serán respetadas
sino también aplicadas en forma efectiva en todos aquellos aspectos en que no
lo han sido todavía.
- El Código del Trabajo no sufrirá modificación negativa a
los intereses de los trabajadores; por el contrario, será perfeccionado en
favor de ellos. Entre esas mejoras consideramos esencial el reconocimiento del
derecho de huelga para los trabajadores del país.
- Observaremos el principio de libertad y organización para
la clase trabajadora; se darán garantías para la existencia y las actividades
de las Centrales Sindicales existentes en el país: Rerum Novarum y la CTCR
(Confederación de Trabajadores de Costa Rica). El Gobierno les garantizará
apoyo económico y moral sin preferencias para ninguna de ellas.
- A fin de dar mayor seguridad al trabajador desde la cuna
hasta la tumba, el sistema de seguros sociales no sólo será respetado, sino
estructurado en forma tal que todos los riesgos profesionales incluyendo los
accidentes de trabajo, quedan incorporados a un organismo único. Se extenderán
los beneficios de la seguridad social a todos los trabajadores y a todo el
país.
- Será preocupación constante la ejecución de un plan de
viviendas baratas para todos los trabajadores de la ciudad y del campo.
- Haciendo los esfuerzos que sean necesarios en la
producción de artículos de consumo popular y en el control de su distribución,
se procurará asegurar el alimento adecuado para la población.
- Se guardará absoluto y efectivo respeto al sistema
democrático republicano, asegurando y respetando las libertades de pensamiento,
de conciencia, de palabra, de reunión y de organización, de todos los partidos
políticos que existen o puedan establecerse en el país.
- El impuesto sobre la renta no sólo no será suprimido, sino
que se le darán bases técnicas más serias aun, asegurando además, dentro de la
honestidad administrativa, su aplicación a la solución de las necesidades
fundamentales del pueblo.
- Se procederá a robustecer y a ejecutar un programa de
distribución de tierras, complementado por los medios crediticios y técnicos
que el estado pueda aportar.
- Las familias de todas las víctimas de la Guerra Civil y
las víctimas incapacitadas, recibirán, sin distinción de partidos políticos,
indemnizaciones adecuadas. El gobierno hará las gestiones necesarias para que
todos los trabajadores que hayan participado en la guerra, sin distinción de
partidos políticos, puedan volver a sus trabajos sin que los contratos de
trabajo respectivos puedan considerarse rotos.
SAN JOSÉ C. R.,
DIEZ Y NUEVE DE ABRIL
DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
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