Nacionalización Bancaria

Nº 71

LA JUNTA FUNDADORA DE LA SEGUNDA REPUBLICA,

CONSIDERANDO:

1.- Que dentro de la organización moderna de la economía nacional, todas las actividades agrícolas, industriales y comerciales dependen vitalmente del crédito, cuya orientación es determinante del progreso o estancamiento del país;

2.- Que funciones económicas de tal magnitud no deben estar en manos particulares sino que constituyen, por su propia naturaleza, una función pública;

3.- Que el negocio de los bancos particulares no consiste exclusivamente en la colocación de sus propios recursos, sino que moviliza el ahorro nacional y las disponibilidades financieras del país, respresentados por los depósitos del público;

4.- Que las grandes ganancias de los bancos, garantizadas por el estado y por el ordenamiento social, no es justo que pertenezcan a los accionistas que representan una parte exigua del capital movilizado, sino que deben convertirse en ahorro nacional, cuya inversión debe estar dirigida por el Estado;

Por tanto,

DECRETA:

Artículo 1º- Nacionalízase la banca particular. Sólo el Estado podrá movilizar, a través de sus instituciones bancarias propias, los depósitos del público.

(Este artículo fue implícitamente derogado por lo dispuesto en el Art. 170 de la Ley No. 7558 del 3 de noviembre de 1995, que dice:
"Artículo 170.- Derogaciones y modificaciones. Con la entrada en vigencia de esta ley, quedarán derogadas todas las leyes, los decretos y acuerdos que se opusieren a su ejecución; y modificadas en lo conducente, todas las disposiciones análogas que no coincidieren exactamente con los preceptos de la presente ley; las modificaciones dichas se entenderán en el sentido de crear la debida concordancia entre las mencionadas disposiciones y esta ley.
En especial quedan derogadas la Ley de la Moneda, No. 1367, del 19 de octubre de 1951, y la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y sus reformas, No. 1552, del 23 de abril de 1953.")

Artículo 2º- Exprópianse por motivos de utilidad pública, las acciones del Banco de Costa Rica, del Banco Anglo Costarricense y del Crédito Agrícola de Cartago. El Estado, por medio del Ministerio de Economía, tomará posesión inmediatamente de esas instituciones bancarias. La forma y condiciones de pago de las acciones expropiadas serán reglamentadas por un decreto posterior.

Artículo 3º- El Ministerio de Economía mantendrá provisionalmente la organización actual de los bancos expropiados, y designará las directivas y los gerentes y subgerentes que habrá de administrarlos.

Artículo 4º- El Ministerio de Economía propondrá a la Junta Fundadora de la Segunda República un proyecto de decreto-ley introduciendo en la legislación bancaria, todas las reformas indispensables para hacer efectiva la nacionalización de la banca e imprimir a ésta la orientación crediticia requerida por las circunstancias económicas actuales de la Nación.

Artículo 5º- Este decreto rige desde la fecha de su publicación, y deroga todas las disposiciones constitucionales o legales que se le opongan.

Dado en el Salón de Sesiones de la Junta Fundadora de la Segunda República.-San José, a los veintiún días del mes de junio de mil novecientos cuarenta y ocho.-JOSE FIGUERES.-Benjamín Odio Odio.-Fernando Valverde Vega.-Uladislao Gámez Solano.-Bruce Masís Dibiassi.-Benjamín Núñez Vargas.-Gonzalo Facio Segreda.-Alberto Martén Chavarría.-Francisco José Orlich Bolmarcich.-Raúl Blanco Cervantes.-Edgar Cardona Quirós.